+ Actos ilegales y excesos: constante de autoridades
Desde que la diputada Eufrosina Cruz Mendoza llegó al Congreso del Estado, trató de poner a debate no sólo la estructuración, sino también la permanencia del reconocimiento de los usos y costumbres, como forma de determinación política de más de cuatrocientas comunidades indígenas en Oaxaca.
La legisladora local, icónica por el abuso de que fue objeto al no dejársele participar en la elección de autoridad municipal en su natal Quiegolani, ha sacado a la luz sólo una vertiente —la política— de las desviaciones prácticas que actualmente presenta ese sistema. Y aún cuando son visibles y perceptibles muchos otros abusos cometidos por las autoridades municipales directamente contra los particulares, en nombre de los usos y costumbres, parece que existe un temor o resistencia profunda a señalarlos tan sonoramente, como debía hacerse.
Un ejemplo de ello, que además impacta en la posibilidad de desarrollo económico de las comunidades y del Estado, es lo que ocurre entre una empresa privada y la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc, en el distrito de Tlacolula. Éste caso, apenas alcanza a ser uno de muchos otros que ahora mismo ocurren en territorio oaxaqueño. ¿De qué hablamos?
El pasado 26 de febrero, la empresa Procesadora de Pétreos Abasolo S.A., localizada en el ejido de Santa Rosa Buenavista, municipio de San Sebastián Abasolo, hizo pública en TIEMPO una relación de hechos, en la que se ha visto involucrada con la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc.
A grandes rasgos, lo que ha ocurrido es que el edil de esa comunidad, Felipe Díaz Romero, y sus antecesores, determinaron cobrar “derecho de peaje” a la empresa, para permitir que los camiones que transportan el producto que comercializa la Procesadora, puedan circular a través de la comunidad. El asunto se vuelve vital, porque en Rojas de Cuauhtémoc se encuentra la única vía de acceso al sitito donde se encuentran las instalaciones de esa empresa.
Este asunto va más allá de un simple lío entre particulares. Además de que el cobro por derecho de paso en vías federales está expresamente prohibido para cualquier persona, esto resulta mucho más grave cuando quien realiza tal conducta es una autoridad. Y es claro que para ninguna empresa seria, es atractivo asentarse en sitios en donde lejos de facilitarles el desarrollo económico, se le ponen todo tipo de trabas, que luego se convierten en abiertos actos de extorsión.
En este caso en particular, sin ningún rubor, el edil de Rojas de Cuauhtémoc, Felipe Díaz Romero, no sólo reconoció cobrar “peaje” a esa empresa, sino que, por acuerdos de la Asamblea Comunitaria, lo hace con los vehículos de todas las empresas que comercializan productos en esa comunidad.
Así, en nombre de los usos y costumbres, pasa por alto las garantías otorgadas por la Constitución a los particulares, hace pedazos los límites que tienen impuestas las autoridades municipales para el ejercicio de sus funciones, y además establece un discurso alarmante que debería escandalizar tanto a los ámbitos de gobierno, como a una sociedad oaxaqueña que, por mucho, se dice democrática.
ABUSOS E ILEGALIDAD
En una entrevista concedida a un portal electrónico, publicada el pasado viernes, el edil Díaz Romero reconocía abiertamente la existencia de un “convenio”, a través del cual la empresa comercializadora de material pétreo, se obligaba a pagar la cantidad de 15 mil pesos por “peaje”.
Aseguraba que al fenecer dicho acuerdo, la asamblea comunitaria decidió que para dejar pasar a los camiones, el cobro mensual ascendiera a 25 mil pesos, además de la reparación de algunos puentes.
Y por si fuera poco, el Munícipe de Rojas de Cuauhtémoc aseguraba que “Solo (sic) cobran un impuesto a los vendedores que llegan al pueblo, a las gaseras, y los recursos que se capten no serán para la tesorería municipal sino se entregarán íntegros para las escuelas del pueblo porque no se tiene recursos para darles mantenimiento.”
Esto debía ser inconcebible para una entidad federativa en la que se supone que prevalece el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, en primer término, el artículo 11 de la Constitución General de la República establece el derecho de libre tránsito de las personas.
Además, porque el numeral 117, fracción III, de ese mismo Ordenamiento establece que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, “gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio”. Interpretando en sentido contrario ese precepto, frente al principio general del derecho que establece que “quien puede lo más, puede lo menos”, podemos entender que si esto se encuentra prohibido para las entidades federativas, también lo está para los municipios.
Y por si algo faltara, una razón más: un cobro de este tipo, para ser constitucional y legal, debe estar contemplado en la Ley de Ingresos Municipal correspondiente. Frente a ello, ¿el Congreso del Estado habrá tenido la osadía de autorizar un impuesto derivado de una conducta como el libre tránsito, que ninguna autoridad municipal o estatal puede prohibir, y ni siquiera regular?
Pero además: ¿El Congreso es copartícipe de estas flagrantes violaciones al orden constitucional federal? ¿O simplemente desconoce que este tipo de conductas a todas luces ilegales, se repiten en innumerables comunidades oaxaqueñas y se convalidan por los “acuerdos de asamblea” a los que llegan las autoridades en nombre y manipulación de los usos y costumbres?
Aspectos como estos, que ocurren a diario pero a los que nadie parece poner atención, hacen impresentables a muchísimas comunidades oaxaqueñas, como sitios en los que se pueden desarrollar nuevas empresas. ¿Cómo pretenden detonar el desarrollo, si lejos de facilitar el comercio, se establecen este tipo de trabas prohibidas por la ley?
ABUSOS Y COSTUMBRES
Por todo eso, es claro que más allá de la vertiente política, los verdaderos abusos que se dan a partir del costumbrismo, se encuentran en su relación con los particulares. ¿Qué nadie le pondrá un alto al edil Díaz Romero, para que cese en sus conductas contrarias a la ley? ¿Y qué los particulares que son objeto de ese tipo de abusos, seguirán quedándose callados frente a estos aberrantes actos que sobrepasan cualquier ley, orden y supremacía de las leyes constitucionales? Esto es lo que debían atender con urgencia, tanto desde el Congreso local, como desde el Gobierno del Estado. ¿O qué la autoridad no existe?
He leído atentamente tu nota la cual no me resulta ser un ejemplo más de la tergiversación de los hechos y un intento de informar carente de objetividad (como muchos ejemplos que abundad en el periodismo oaxaqueño). Hubiese sido bueno leer un nota basada en trabajo de campo y no en los comentarios de otras notas periodísticas
Soy un ciudadano en desacuerdo con el gobierno que encabeza el señor Felipe Díaz Romero por la forma oscura e ignominiosa en que llegó a la presidencia municipal, y también me manifiesto en desacuerdo con tu nota puesto que al conocer los hechos de primera mano, descubro una pésima labor informativa y lo que me parece más preocupante, la tendencia dolosa a crear una opinión pública a favor de ciertos intereses.