Presunto culpable: gobierno se boicotea solo

+ Padre Amaro, y Ley de Herodes, los ejemplos

Pretender acallar la libertad de expresión desde el gobierno, no sólo es un acto que atenta contra las garantías y principios fundamentales que establece la Constitución federal, sino que además es un error y una estupidez las que comete el régimen que lo intenta. La historia reciente de nuestro país, nos ha enseñado que cada que desde el poder público se ha intentado ejercer alguna acción de control o censura, particularmente sobre cintas cinematográficas que reflejan cierto aspecto de la vida nacional, siempre los efectos han sido contrarios y los gobiernos han quedado mal parados.

Nuevamente, para refrendar aquella vieja —pero no por ello desfasada— consigna de no olvidar, volteemos un poco al pasado reciente. En el andar de las últimas dos décadas, nos encontramos con al menos tres intentos claros de censura a películas mexicanas, que más temprano que tarde revelaron la vena autoritaria de los gobiernos o grupos que lo intentaron, fueron proyectadas tal y como fueron creadas a pesar de todos y, lejos de ser minimizadas, por ese hecho alcanzaron notoriedad y atención del público, independientemente de la calidad de producción que tuviera la historia en cuestión.

La primera de las cintas que encontramos en ese somero recuento es Rojo Amanecer. Película protagonizada por los actores José Alonso y María Rojo, entre otros, que revela la vida de una familia clasemediera mexicana, que habita en uno de los edificios contiguos a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, cuando ocurre la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, a manos del batallón Olimpia, del Ejército Mexicano, y que involuntariamente se convierte en objeto de los excesos y la brutalidad de los agentes policiacos y elementos militares que terminan masacrando a la familia completa.

Según una reseña publicada ayer por el periódico El Universal, de la Ciudad de México, “una noche de principios de 1989, Carlos Salinas de Gortari se levantó de su asiento en la residencia oficial de Los Pinos y recibió, entre risueño y serio, a Valentín Trujillo. El entonces mandatario acababa de ver el filme Rojo amanecer, donde se abordaba la matanza estudiantil de Tlatelolco, y quería darle su opinión a Trujillo, el productor.

“Salinas de Gortari le soltó entonces la frase: ‘Felicidades por la película, pero el Ejército queda mal, podría suavizarse eso’. Trujillo lo entendió y eliminó dos secuencias en que soldados se pasean entre cuerpos y sangre. Años después el material sería incluido en el DVD que ahora se encuentra a disposición de todos.”

Otra de las cintas que padeció una circunstancia más o menos similar, fue La Ley de Herodes, producida en 1999 por Luis Estrada, y protagonizada por el actor Damián Alcázar. Aquella película, hacía un reflejo y parodia de lo que habían sido los gobiernos del PRI, con todos sus vicios y la contrariedad que generaba el hecho de que el más corrupto personaje de la cinta —que había emergido desde la más honda de las ingenuidades— no sólo no era castigado por sus crímenes y excesos, sino que finalmente era premiado por todas sus trapacerías, bribonerías, engaños y tomaduras de pelo, reflejándose como un político modelo que defendía la democracia y los principios constitucionales desde la más alta tribuna de la nación, con la calidad de diputado federal.

Cuando se iba a estrenar esa cinta, el gobierno de Ernesto Zedillo hizo todo lo posible para no permitirlo. Primero se enfrentaron al hostigamiento por parte del Instituto Mexicano del Cine; la contrariedad surgió porque Estrada había decidido cambiar el final, en el que el protagonista aparece en las Islas Marías purgando una condena por todos sus crímenes, por el que comentamos en líneas anteriores.

De acuerdo con El Universal, “a finales de 1999, y durante cuatro meses, La ley de Herodes se proyectó sin permiso de Estrada en Cineteca Nacional y Cinemark. No se respetaban los horarios; se interrumpía hasta tres o cuatro veces la exhibición sin previo aviso y hasta se anunciaban localidades estaban agotadas, cuando ni siquiera había gente en las salas.

“Al final, el escándalo fue monumental. Los medios internacionales hicieron eco del hecho y cuestionaron el régimen democrático de Ernesto Zedillo. Al final, en febrero del siguiente año, se estrenó masivamente. Y Amerena —director del Imcine— fue removido de su cargo.”

IGLESIA INTOLERANTE

A principios de esta década, el cine mexicano vio la luz de El Crimen del Padre Amaro, protagonizada por Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón. Esa, era la historia de un sacerdote católico joven, que llega a una población y se enamora de una bella chica.

A la par de esa historia, se desenvuelve otra en la que el párroco titular tiene nexos con narcotraficantes y es denunciado por un periodista local a través de la prensa. Mientras se ve cómo la Cúpula Católica mueve todos sus hilos de poder para frenar el escándalo mediático, el joven cura sostiene una relación amorosa furtiva con la joven, hasta que ésta resulta embarazada. Todo llega a su punto clímax cuando éste la obliga a abortar y ella muere desangrada en el momento en que se le practica un legrado clandestino.

Cuando se iba a estrenar esa cinta, diversos grupos pro católicos llamaron a hacer un boicot, respaldados silenciosamente por el gobierno federal panista, que entonces acababa de asumir el presidente Vicente Fox.

¿Qué tienen en común todas esas historias? Que los intentos de censura siempre han acabado exactamente en lo contrario. Tiene tal nivel de respaldo y respuesta social cualquier intento gubernamental por censurar, que siempre el efecto es proporcional a la intensidad con que se intentan esas acciones.

Existen infinidad de razones jurídicas para demostrar por qué la cinta Presunto Culpable no tiene razón de estar metida en una serie de controversias judiciales que, en realidad, no intentan salvaguardar los derechos de un particular, sino impedir que esa cinta se exhiba y sea bien recibida por el público en las salas de cine.

 

EFECTO CONTRARIO

No existe, repetimos, fundamentación suficiente como para considerar que finalmente Presunto Culpable pueda ser retirada de las salas de cine. Pero, en el caso de que ese intento se consumara, de todos modos ello no detendría los efectos y el recibimiento del público, a través de canales informales o incluso de la piratería. La denuncia que hace es mucho más fuerte y profunda que cualquier intento por acallarla.

Publicado por

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Licenciado en Derecho. Maestro en Derecho Constitucional. Periodista. Profesor universitario. Ha colaborado en diversos periódicos y revistas de Oaxaca y de la Ciudad de México.

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