+ Justa dimensión: inservible, sin voluntad de cambio
Independientemente del contenido de la reforma constitucional, aprobada la noche del miércoles por unanimidad en el Congreso del Estado, es evidente que con ello gana Oaxaca.
Y no es que con esa sola modificación al Texto Fundamental las cosas vayan a cambiar, o que eso constituya el remedio eficaz a todos los males de la entidad. En realidad, gana la entidad porque éste constituyó un ejercicio democrático que debía ser el punto de partida para el consenso y los acuerdos entre fuerzas políticas, y no una sola práctica aislada. Finalmente, parece que más allá de lo que fue aprobado, todas las fuerzas políticas abonaron su legitimidad frente a sí mismos, y frente a los ciudadanos. Veamos por qué.
Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que es no solamente erróneo, sino temerario, aquel planteamiento tantas veces citado por el Gobierno del Estado, y los partidos que conforman la coalición legislativa en el Congreso, respecto a que con esta reforma constitucional se pasa de la simple alternancia de partidos en el poder, a un auténtico proceso de transición democrática. Se equivocan porque este conjunto de modificaciones apenas si alcanzó a ser el inicio de un proceso de reconfiguración institucional que ahora debe continuar con la materialización de auténticos cambios de fondo.
En este sentido, debemos ser muy claros para no caer en maniqueísmos desafortunados. La reforma constitucional, no abona por sí sola a la transición democrática, porque lo más que se llegó a concretar, fue un replanteamiento de las facultades que tienen los poderes constituidos y los órganos autónomos.
Esto porque más allá de cualquier apasionamiento político o partidista, queda claro que lo hecho no será suficiente ni para disminuir la enorme influencia política que tiene el Poder Ejecutivo sobre los demás entes de gobierno, ni para evitar esa dualidad nociva del Congreso, que recurrentemente combina el estruendo con la ineficacia, e incluso tampoco para hacer una auténtica apertura de la actividad administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.
Lo ocurrido con la reforma, pues, sólo fue el replanteamiento del “deber ser” institucional que todos los oaxaqueños anhelamos del Poder Público. Ese deber ser hoy, tiene un inmejorable grado de legitimidad —e irreprochabilidad— por parte de las fuerzas o actores políticos, ya que fue respaldado y votado por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias con representación en el Congreso.
No obstante, lo que deberá materializarse a partir de ahora, para hacer funcional esa reforma, es ya no el “deber ser”, sino el “ser”. Es decir, la voluntad y la capacidad de acatamiento de la ley que muestren todos los actores y fuerzas políticas, para positivizar y llevar a los hechos los cambios constitucionales que ya realizaron, en aras de la transición democrática.
Queda claro, en ese sentido, que Oaxaca puede tener la mejor Ley Constitucional de México o del mundo, pero que eso no es ni cercanamente suficiente para lograr los cambios democráticos que se anhelan.
Para hacer efectiva esa promesa, apenas si está hecha la mitad de la tarea. La otra mitad se encuentra directamente en manos del Gobernador del Estado, de los diputados, de los integrantes del Poder Judicial y de los órganos autónomos, e incluso de los ciudadanos. Si queremos cambios, ya tenemos los instrumentos legales necesarios. Pero ahora debe ser una tarea subjetiva (es decir, de cada persona, partido o grupo político) la de poder hacer posibles esos cambios.
Sin duda, es la manifestación expresa y constante de voluntad de cambio —y no la sola reforma constitucional— el mayor reto de la transición democrática que tanto se anhela para Oaxaca.
TODOS GANAN
Sin embargo, más allá de los triunfalismos de quienes, desde el poder, dicen haber logrado la transición; y de los que, desde la oposición, aseguran que la reforma constitucional final tiene un alto porcentaje de propuestas realizadas por ellos, es claro que la ganancia política de unos y de otros es bastante perceptible, y que es lo que deberían capitalizar frente a ellos mismos y frente a los ciudadanos. Veamos si no.
En primer término, lo que vimos fue un ejercicio excepcional, y hasta raro, de trabajo y propuestas por parte de quienes integran el Poder Legislativo. Como pocas veces ocurre, ahora sí los diputados de todas las fracciones parlamentarias que participaron en estos trabajos, demostraron haberse involucrado a fondo en el tema, y su interés resultó no sólo en discusiones, sino sobre todo en polémicas, debates y argumentos, que lo que permitió tener, fue un importante abanico de propuestas que finalmente nutrieron el dictamen final de la reforma constitucional.
Por otro lado, con esta reforma gana el gobernador Gabino Cué. Esta operación política, les guste o no a sus detractores, fue una demostración de cómo un gobernante debe utilizar la fuerza y el “bono democrático” que tiene al inicio de su gobierno, para impulsar cambios constitucionales sobre los que después pueda adjudicarse la paternidad, como una demostración de su voluntad democrática.
Pero también ganan las fuerzas de oposición. Es innegable que en el balance final, la reforma aprobada contiene un porcentaje importante de propuestas hechas desde las trincheras opositoras. Este triunfo se determinó, desde el momento en que las fuerzas de oposición impidieron que la propuesta hecha por el Mandatario fuera aprobada lisa y llanamente, pero a cambio entregaron un paquete de propuestas que rebasaba cualquier acusación de bloqueos, cerrazón o demagogia.
Y finalmente, en esto, más allá de los triunfos aislados, es claro que gana toda la política oaxaqueña. Tenemos más de una década, en el escenario local y nacional, en la que no vemos la consolidación de un solo acuerdo trascendental entre todas las fuerzas políticas. Y en eso sí, por encima de todo, Oaxaca será ejemplo nacional, al haber concretado una reforma constitucional con el consenso y la aprobación unánime de todas las fuerzas políticas. Que esta reforma, ojalá, sea para bien de nuestra entidad.
CAMBIO INNECESARIO
Por cierto, salta a la vista el cambio de denominación, ese sí demagógico, que determinaron para la instancia defensora de los derechos humanos. Ahora se llamará “Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”. Un cambio a simple vista cosmético e irrelevante para lo que constitucionalmente ya era un órgano con plena autonomía y alcances definidos.
