Tenencia vehicular: urgente, elevar el debate

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+ PRI-Gobierno: disputa rebasa a partidismos

 

Hasta hoy, el debate sobre la permanencia o derogación del impuesto a la tenencia y uso de vehículos en Oaxaca, ocurre en por lo menos tres bandas distintas que, por ser paralelas, no tienen posibilidad de hallar coincidencias. El problema, en todo esto, es que tanto gobernantes como opositores nuevamente dejaron en medio a la ciudadanía oaxaqueña, que es quien finalmente paga el costo económico tanto del impuesto como del bajo nivel del debate.

Esta discusión —si es que puede calificarse así— ocurre en varias bandas, paralelas, por las razones siguientes. A principios de mes, el líder de la CNOP, Jorge Toledo Luis, demandó que el gobierno estatal derogara el referido impuesto vehicular, argumentando que al ser éste un gravamen que no cumplía ya ni con la finalidad para la que fue creado, y tampoco tenía la legitimación federal, además de ser oneroso, debía desaparecer.

Dos días después, el Gobierno del Estado respondió que el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible de derogar, debido a que con el producto de su recaudación se cubrían ciertas necesidades presupuestales básicas, pero enfatizando particularmente que ellos mismos (los priistas) “en el pasado aprobaron el impuesto para cubrir la deuda de los complejos administrativos.”

A esta polémica, incluso, hubo una nueva respuesta del Dirigente sectorial del PRI, quien a través de un comunicado estableció tres ejes que, según ellos, son esenciales para apuntalar la exigencia de derogación de la tenencia vehicular. El primero de los ejes establece que con ello se responde al clamor: “¡Basta de impuestos, sin un fin claro y definido!”

El segundo eje establece que si Oaxaca tiene un bajo nivel de recaudación fiscal, es porque éste es un estado pobre, y que por esa razón los contribuyentes dejan de pagar obligados no por la voluntad sino por las circunstancias, y que por esa razón gobiernos de oposición al PRI, como Puebla, decidieron eliminar tal gravamen.

Y el tercero, que pretende ser más preciso, en realidad pone en evidencia que la Secretaría de Finanzas y el Sector Popular del PRI parecen referirse a temas distintos. Aunque el gobierno estatal nunca se refirió a los programas sociales, sino al pago de los complejos administrativos, el Líder Cenopista señala que “es falso que el gobierno del estado requiera de recursos, como el pago de la tenencia vehicular, para impulsar los programas sociales. Los recursos del combate a la pobreza provienen de los fondos federales…”

Y recalca el logro presupuestal de los diputados del tricolor, además de reprochar que ni ellos ni el pueblo de Oaxaca son responsables de que éstos no sepan cómo utilizarlos, o que estén echando mano del cobro de impuestos, o del endeudamiento.

Ante ese panorama somero, queda claro que tanto en la CNOP, como en el gobierno estatal, debían debatir con mayor inteligencia no sólo para hablar con verdades objetivas, sino también para no tratar de timar o de menospreciar al pueblo de Oaxaca.

DEBATE VEDADO

Asegurar, por ejemplo, que un impuesto altamente impopular debe permanecer para costear algo tan fatuo e innecesario para el interés general, como son Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, es tanto como creer que Oaxaca es una isla en la que todos están pensando en las pugnas entre el gobierno y sus opositores; que creen que todo se puede resolver a través de las cargas partidistas; e incluso que la militancia tricolor debe cargar con los latrocinios y deshonestidades de unos cuantos ex funcionarios corruptos. Expliquémonos.

La mayoría de los oaxaqueños estaría dispuesto a pagar ese y otros impuestos, si tuviera certeza de en qué se están utilizando los recursos que se captan por ese concepto. En el Distrito Federal, por ejemplo, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard fue enfático al señalar que con el impuesto a la tenencia vehicular se subsidia el sistema de transporte colectivo, y que por eso era imposible derogarlo. Frente a ese argumento sólido, nadie protestó.

Aquí, sin embargo, a pesar de que todos los servicios públicos relacionados con la vialidad son una auténtica calamidad (baches, agentes de tránsito corruptos, inexistencia de obras viales, nula señalización, etcétera), el gobierno estatal es incapaz tanto de establecer un destino específico para esos recursos, como —sobre todo— de decírselo de manera clara a los ciudadanos. Aquí, el oaxaqueño común siente que paga un impuesto costoso, a cambio de nada. Y ahí se origina mucho del rechazo que tiene ese gravamen.

El otro problema, que es igualmente grave por el mal enfoque que se da, es que el gobierno estatal pretende seguir lavando sus afrentas partidistas particulares a partir de temas que interesan a todos. Es claro que sólo al uno por ciento —si mucho— de los oaxaqueños le interesa saber, o asume con remordimiento, el hecho de que hoy tenga que pagar impuestos por las deudas de un gobernante pasado. En todo caso, el grueso de los oaxaqueños reacciona, ante el señalamiento de que es por culpa de los gobiernos priistas que se debe seguir cobrando la tenencia, con un sonoro y comprensible “¿Y yo por qué?”

Pero, en todo eso, los priistas que dicen defender las causas populares se achican y evaden el señalamiento, innegable, de que fueron militantes de su partido quienes contrataron los créditos para la construcción de los complejos administrativos; que fueron ellos quienes comprometieron la continuidad del cobro de derechos vehiculares; y que de todo eso hicieron millonarios negocios.

En ese sentido, queda claro que el PRI de Eviel Pérez, de Jorge Toledo, y demás, pretende no abordar el tema porque ello implicaría reconocer los errores, o la voracidad de gente a la que en realidad parecen proteger, o a la que se sienten dispuestos a seguir defendiendo, cuando lo que debían hacer es unirse a la exigencia de justicia.

RUTA SUICIDA

¿Qué este PRI que pretende “recuperar” la confianza ciudadana, seguirá protegiendo a personajes priistas impresentables como Bulmaro Rito, Miguel Ángel Ortega Habib, y todos los que se enriquecieron de forma extraordinaria a costa de asuntos como la contratación de deuda, el manejo presupuestal, o la construcción de obra pública? Si Toledo Luis de veras promueve la defensa del interés ciudadano, debía también deslindarse de esos personajes nocivos para su partido y, junto con los representantes del gobierno estatal, entrar a un debate verdaderamente serio sobre el destino del impuesto a la tenencia vehicular.

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