+ Segego: ¿Bombero o incendiario de conflictos?
El tono pareciera hasta heroico, y proveniente de una funcionaria auténticamente comprometida con la legalidad, cuando la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias aseguraba, hace unos días, que “habrá tala y saneamiento de bosques en Oaxaca, aunque los campesinos que viven en esas zonas no estén de acuerdo”. Pareciera, aunque la realidad es mucho más compleja que su supuesta voluntad por proteger los bosques de la Sierra Norte.
Veamos primero el contexto: La semana pasada, un grupo de comuneros, encabezados por las autoridades municipales de Lachatao y Yavesía, se apersonaron en la capital oaxaqueña para denunciar públicamente los actos de hostigamiento de que han sido objeto, así como la explotación inmoderada de sus bosques por parte de la empresa Forestal Comunal.
Ante tal denuncia, cabe preguntarse cuál es el problema de fondo, y de dónde surge la inconformidad que asimismo los aqueja. Todo esto, particularmente, tiene su origen en la aparición, desde hace poco más de una década, de la plaga de gusano barrenador en los bosques pertenecientes a esas comunidades; a la prolongada indolencia oficial; y a la voracidad actual de unos cuantos que pretenden utilizar la plaga como un pretexto para talar grandes extensiones de terreno boscoso y obtener beneficios económicos de ello, aún cuando todo eso no soluciona el problema de la plaga.
En este sentido, los comuneros de la región afectada refieren que desde hace algunos años apareció la plaga del gusano barrenador, en una extensión de alrededor de cuatro hectáreas boscosas de los Pueblos Mancomunados. Desde entonces, fueron los propios habitantes de esas comunidades quienes estuvieron a cargo de controlar la presencia de la plaga, debido a que las instancias oficiales desestimaron sistemáticamente sus solicitudes de apoyo.
¿Qué hicieron los comuneros? Particularmente, establecer los perímetros de bosque afectados, y determinar la pertenencia de las zonas a cada una de las tres comunidades que integran los Pueblos Mancomunados (Amatlán, Lachatao y Yavesía). Así, cada municipio se hizo cargo de la zona afectada en su respectiva demarcación; y así consiguieron relativo éxito en el control del gusano barrenador.
En este punto, es necesario tomar en cuenta las condiciones políticas particulares de la región. Aunque las tres comunidades comparten el territorio, históricamente han sido más las diferencias que las coincidencias entre los habitantes y las autoridades de cada uno de esos tres pueblos.
Por eso, el hecho de que en años recientes los Presidentes Municipales de las tres comunidades tuvieran la posibilidad de sentarse a la misma mesa para tomar acuerdos comunes a favor de sus bosques —cosa que no había ocurrido en décadas, independientemente de cuál fuera el motivo o la necesidad a atender—, constituyó en sí mismo un logro político, que ahora ha sido desestimado por quienes pretenden lucrar con los bosques a partir del pretexto del gusano barrenador.
¿LEGALIDAD O VORACIDAD?
En un asunto como éste, es fundamental nunca dejar de considerar las particularidades políticas de las comunidades involucradas. Por eso, aunque en 2007 se llegó al acuerdo antes señalado entre los municipios integrantes de los Pueblos Mancomunados, para 2010 todos decidieron no someterlo a revisión por el momento político que se vivía. En aquel momento, se prefirió dejar el tema de lado, para no caldear ánimos políticos que, por la cuestión electoral que entonces se dirimió, ya de por sí estaban encendidos.
El problema de todo esto, es que la autoridad —que es la esencialmente obligada a atender y combatir las plagas— tampoco hizo algo para atender la problemática del gusano barrenador que afectaba al bosque de los Pueblos Mancomunados. Así, de las cuatro hectáreas afectadas inicialmente, hace una década, para 2011 se calculó que ya eran unas 400. Ante el problema, había que hacer algo urgente para combatirlo.
Esa fue la razón por la que, a principios del presente año, las respectivas autoridades de los Pueblos Mancomunados presentaron a la Secretaría General de Gobierno, una propuesta para el combate a la plaga: ellos habían determinado que, como en años anteriores, cada comunidad se hiciera cargo de su parte afectada de bosque, apoyadas con los recursos que las instancias estatales y federales tienen predestinados para el combate a ese tipo de plagas.
En ese punto fue donde surgió una sospechosa determinación de la Segego por darle una solución distinta al problema, de cómo originalmente fue planteada por las autoridades municipales. ¿Qué determinaron? Que la plaga habría de ser combatida por la empresa maderera de Pueblos Mancomunados (Ver Al Margen de ayer 23 de mayo), y, como lo dijo la misma secretaria Piñeyro, que los árboles serían talados, y los bosques saneados, aún cuando los pobladores se resistieran a la medida.
¿Por qué habrían de resistirse los comuneros a algo que según les beneficia? Porque, en realidad, bajo el pretexto del combate a la plaga, la empresa maderera se dispuso a talar esas 400 hectáreas dañadas por el gusano barrenador, para luego aprovechar la madera. Y es que ésta no es la solución: las empresas que verdaderamente se dedican a controlar esas plagas, no cortan los árboles enfermos para comercializar su madera, sino que utilizan métodos específicos, a través de los cuales no se aprovecha la madera pero sí se extermina la plaga, que es el objetivo específico de esas medidas de control.
Curiosamente, tanto la secretaria Piñeyro Arias, como el director de Desarrollo Forestal de la Sedapf, Félix Piñeyro Márquez, están dispuestos a no dar marcha atrás a la decisión de que sea la empresa forestal de Pueblos Mancomunados, la que combata la plaga referida talando árboles para luego vender su madera. Éste último, en declaraciones a la prensa, dijo que “el saneamiento de las 287 hectáreas que amparan unos 10 mil metros cúbicos de madera (…) no tiene marcha atrás, posteriormente pasaremos al tema de la comercialización”
¿NEGOCIO DE FONDO?
El problema no es el combate a la plaga, sino el negocio que pretenden a partir de eso. ¿Qué nadie ve que la inconformidad de fondo está en “la comercialización” que todos dicen que “se verá” después? El problema es que eso puede ser lo mismo un asunto de interés público, que un riesgoso intento de jugar con la paz en aquellas comunidades, a partir de un interés o contubernio económico. Mucho cuidado.
