Ruiz Cerón: choque entre persecución y realidad

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+ Mentiras de PGJE, pronto quedarán en evidencia

 

Hoy que Gonzalo Ruiz Cerón se encuentra en prisión, y que su aprehensión provocó enorme expectativa respecto al ajuste de cuentas, o cacería de brujas, o persecución de los corruptos del gobierno anterior, habría que preguntarse si verdaderamente tienen solidez las acusaciones que se le imputan, o si todo esto puede ser nada menos que un castillo de arena, que más temprano que tarde se le deshaga en las manos al gobierno estatal, y deje en claro que, o actuó bajo una lógica estricta de la persecución política, o que tiene un órgano incompetente de procuración de justicia, o ambas.

A reserva de que pronto veamos la resolución de este asunto, vale la pena analizar algunos aspectos que revelan que este asunto no es ni tan estruendoso ni tan eficaz ni tan justiciero, como parece.

El pasado 15 de junio, cuando ocurrió la aprehensión del ex Titular de la Cotran, el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, aseguró que ésta había ocurrido “por haber otorgado de forma indiscriminada al menos 9 mil títulos de concesión a personas ajenas al gremio del transporte público entre julio y noviembre de 2010” y por “no haber depositado a la finanzas locales los fondos derivados de los permisos otorgados de manera indiscriminada”. En esos términos lo aseguró a diversos medios editados en la capital del país, que reseñaron el hecho.

¿Realmente es por eso que Ruiz Cerón se encuentra en prisión? En realidad, no. Más que un asunto de descubrimiento de actos de corrupción (tráfico de concesiones, falsificación de documentos, quebranto al patrimonio del Estado, etcétera), lo que tiene en prisión al ex Titular de Cotran es un conjunto de pruebas endebles por un conflicto entre particulares. A reserva de que en su momento las partes directamente involucradas den a conocer todos los pormenores del asunto, hoy podemos establecer algunas coordenadas a través de las cuales podemos entender mejor este asunto.

Desde hace varios años, dos grupos de taxistas de Santa María El Tule, sostienen una disputa por la operación de vehículos de alquiler a través de concesiones falsas. Esos documentos, presuntamente habrían sido emitidos cuando Aurora López Acevedo era secretaria de Transporte del gobierno estatal, y por causa de ellos presentaron denuncias penales por la comisión de los delitos de tráfico de concesiones.

Ante disputas como esa, que ocurrían por todos lados entre taxistas legales e irregulares, la administración anterior emitió un decreto a través del cual se ordenó el inicio de un proceso de regularización de las concesiones que cumplieran con los requisitos de ley. Y los taxistas de El Tule fueron algunos de los cientos de beneficiados por ese programa de regularización de concesiones.

¿Qué ocurrió respecto a ese sitio? Que la Cotran dispuso que para evitar más conflictos entre los dos grupos de taxistas de esa comunidad, se llevara a cabo una regularización equitativa de cierto número de concesiones para cada una de las organizaciones. Sin embargo, el problema no sólo no se resolvió, sino que se agudizó, debido a las diferencias internas entre las organizaciones. Y ante la lentitud en el proceso de regularización, uno de esos grupos se inconformó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que fue quien finalmente ordenó a Cotran que emitiera las concesiones regularizadas que correspondían.

 

MENTIRAS Y ENREDOS

Las denuncias penales presentadas por ese asunto, finalmente parecía ser un asunto entre particulares, en el que nada tenía que ver un grupo de servidores públicos, que no sólo no parecían haber cometido delitos, sino que actuaron en función primero de un decreto de regularización emitido por el Titular del Poder Ejecutivo, y luego por un mandamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, respecto a esas concesiones. Si todo parece así, ¿entonces en qué punto apareció la responsabilidad que tiene a Gonzalo Ruiz Cerón tras las rejas?

Pues bien, aseguran que la base de la acusación contra Ruiz Cerón, son los expedientes de esas concesiones regularizadas y el señalamiento de dos funcionarios actuales de la Coordinación de Transporte, que aseguran que el proceso de regularización no se realizó conforme a derecho. Señalan, además, que los soportes documentales de la Averiguación Previa, a través de los cuales un juez penal del fuero común obsequió el auto de formal prisión, es ese conjunto de expedientes que sólo fueron integrados en copias simples.

Jurídicamente se sabe, y así lo ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, por ejemplo, en un expediente judicial las copias simples no pueden obrar como medio de prueba, y que incluso, por su debilidad jurídica, no pueden siquiera ser tomadas como indicio para sostener una acusación penal, que mantenga a un individuo privado de su libertad.

Frente a cuestiones de este tipo, queda la duda sobre la capacidad habida en la Procuraduría General de Justicia para integrar las averiguaciones previas, y para probar los delitos que imputa a particulares. Del mismo modo, este tipo de cuestiones despiertan la sospecha sobre el uso parcial de las actuaciones del Poder Judicial del Estado.

En el peor de los casos, el Ministerio Público puede equivocarse o actuar facciosamente, ¿pero qué pasa cuando esos supuestos yerros o excesos, son convalidados por un juez que emite una orden de aprehensión sin tener a la vista verdaderos elementos de certeza, como para decir que sí se cumplen con los requisitos que exige la ley, y mandar a que se aprehenda a un individuo?

Estos son sólo algunos de los puntos que hacen endeble la indagatoria por la cual Ruiz Cerón se encuentra en prisión. Mañana mismo se verá bajo qué lógica actúa realmente el Poder Judicial del Estado, cuando uno de sus jueces valore las acusaciones, las pruebas, y los recursos que interpuso ya la defensa del indiciado, y decida si le dicta o no auto de formal prisión.

 

CONTROL EXTERNO

En el peor de los casos, y como este es un asunto esencialmente jurídico y no político —y como tal debe entenderse—, tanto una actuación sólida y correcta, como posibles inconsistencias o actuación facciosa tanto de la PGJE como del Poder Judicial del Estado, quedarán a la vista si interviene el Poder Judicial de la Federación, a través de un juicio de amparo. Ahí veremos qué tan eficaces, y qué tan imparciales, son nuestras autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.

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