Impuestos estatales: ¿cómo legitimar recaudación?

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+ Pagos altos; gobiernos corruptos; y más evasores

 

Pareciera que las finanzas del Estado de Oaxaca se encuentran en un callejón sin salida: independientemente del color partidista, y del grupo en el poder, lo cierto es que el Gobierno del Estado no recauda ni el cuatro por ciento del gasto público; aunque también lo es que los sectores productivos de la entidad, ni tienen posibilidad de crecer lo suficiente como para pagar más impuestos… y en las condiciones actuales, tampoco están dispuestos a aceptar su realidad, y ajustarse a lo que debiera ser un pago realmente justo de lo que les corresponde.

Es un simple asunto de naturaleza, que la pugna eterna entre el Estado y el contribuyente, siempre fijará su litis en la forma en cómo, el primero, logra arrancar legal y legítimamente más recursos a los particulares; y cómo estos buscan, también por las vías legales e institucionales, pagar menos o, en su caso, recibir el mejor servicio público posible. Queda claro que, en estos argumentos, se encuentran las bases del problema fiscal que actualmente enfrenta nuestra entidad. ¿Por qué?

Porque en Oaxaca, como suele ocurrir, el Gobierno del Estado busca tener mayores márgenes de recaudación. Para lograrlo, hace campañas de concientización a la ciudadanía sobre su deber de pagar impuestos, y también anuncia que no dará marcha atrás sobre los gravámenes que ya cobra. Incluso, aunque no lo dice, éste busca siempre nuevas formas de obtener mayores recursos, aunque siempre contrastando la posibilidad con el costo político y electoral, que puede llegar a tener la elevación de impuestos.

En contraparte se encuentran los ciudadanos, y su cultura respecto al pago de impuestos. El oaxaqueño promedio que tiene un comercio o empresa, generalmente busca la forma de obtener el mayor beneficio de ella, incluso negando o deprimiendo los derechos de seguridad social de sus trabajadores, y las declaraciones de impuestos que hace al Estado.

Quienes cobran y quienes pagan, en el fondo saben que siempre se paga menos de lo que se debería, y que ésta situación no siempre tiene su origen en la deprimente situación económica, sino también en la negación de bonanza que es parte de la cultura del oaxaqueño, y de la búsqueda de formas de formas de evasión legaloides, o disimuladas.

El problema, en el caso actual de Oaxaca, parece radicar por un lado, en que el gobierno estatal pretende seguir cobrando, sin miramientos, los impuestos que ya existen, antes de pensar en generar nuevos gravámenes que compensen tanto la baja recaudación, como la evasión fiscal de los contribuyentes.

Todo esto se dificulta, cuando los contribuyentes que son blanco de los requerimientos fiscales ya tienen una piel gruesa, y en muchos casos se han vuelto resistentes al amague de la autoridad fiscal sobre represalias como consecuencia de la resistencia al pago; también cuando los que siempre pagan impuestos se cansan de hacerlo, mientras observan que quienes no pagan, siguen evadiendo.

Muchos más, que sí pagan regularmente y no cuestionan el monto de lo erogado, tarde o temprano llegan al punto del cuestionamiento a la autoridad, cuando no le ven un destino palpable a los recursos que entregan al Estado. Esto pasa, por ejemplo, con mucha gente que paga puntualmente su impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, pero del mismo modo siempre transita por calles semidestruidas, que no son objeto ni del cuidado ni de la atención mínima de las autoridades estatales.

 

¿CALLEJÓN SIN SALIDA?

Aunque la crítica sea “políticamente incorrecta” tanto hacia el gobierno, como hacia los mismos ciudadanos, realmente es necesario preguntarse si realmente todos usan el dinero de los impuestos de la forma que deberían. En ese sentido, el gobierno siempre es el más cuestionado, porque todo lujo, prebenda o gasto no básico que se le autoriza a un funcionario, es de inmediato señalado por la ciudadanía, que aduce que en eso se gasta el dinero de sus impuestos.

En ese sentido, y con toda seriedad, rigor y honestidad, el gobierno estatal debiera informar seriamente, a cambio de cualquier tipo de solicitud de permanencia o de implementación de un nuevo gravamen, en qué medida ha cumplido las medidas de austeridad que prometió al inicio de la gestión.

Y no, no se trata de a cuántos trabajadores de la administración estatal ha logrado despedir, sino de moralmente, cuántas medidas ha tomado para reducir las extravagancias, bonos estratosféricos, coste de escoltas y guardias de seguridad a funcionarios no relacionados con la seguridad y la procuración de justicia, pagos de honorarios a asesores, y lujos sin sentido que reciben los servidores públicos de nivel superior.

Todo esto debiera informarse, tomando como base que al inicio de la gestión, el gobernador Gabino Cué Monteagudo prometió terminar con muchos de esos privilegios. Y aunque en un primer momento pareció que, en efecto, todo eso ocurriría, lo cierto es que en diversas dependencias pareció sólo haber un simple tránsito de privilegios: se les quitó a unos para dárselo a otros; y, en muchos casos, se les retiraron ciertos privilegios a los trabajadores de plantilla, para contratar a ejércitos completos de asesores, que cobran sumas importantes por servicios y estructuras administrativas paralelas a las ya existentes.

Pero también, del lado de los contribuyentes debiera haber más honestidad. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, constituyen dos o más personas morales distintas para repartir la contratación de sus trabajadores, y así evadir, en todas, el pago del impuesto sobre nóminas? ¿Cuántos no prefieren corromper a algún funcionario en el Instituto Catastral, para que les registre sus bienes inmuebles a un valor menor al real, y así puedan disminuir su impuesto predial?

Incluso, ¿cuántos de los comercios del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, están dados de alta bajo el régimen de pequeños contribuyentes, cuando en realidad debían tributar como empresas de otro tipo? Esas dos visiones debían ser parte de un debate serio y amplio sobre los impuestos que pagamos, los que no pagamos; y sobre los que bien gasta, y los que mal gasta el gobierno. ¿Habrá formalidad para discutir y tomar decisiones importantes?

 

¿SUBEJERCICIO?

Será cierto que de las 158 obras autorizadas por el gobierno estatal, a la fecha sólo se han culminado 17? Cifra alarmante, si lo que se ofrece es que no habrá subejercicio. Ya veremos.

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