+ Buscar los “trucos”, no desaparecer esquema
Es cierto: debe haber voluntad de los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, para revisar los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo que firmó la anterior administración, y eventualmente cancelar los pagos excesivos que efectúan anualmente por la construcción de los complejos administrativos de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
Sin embargo, si de verdad tienen ganas de hacer algo verdaderamente positivo por Oaxaca, los diputados deben ir no a eliminar la posibilidad de hacer ese tipo de contrataciones, sino más bien a erradicar los trucos y las lagunas que tienen las leyes que regulan actualmente dicho esquema, y así evitar que éstos vuelvan a ser distorsionados en el futuro.
Todos aquellos que saben de obra y administración pública, saben que los contratos coloquialmente llamados “PPS”, son de amplia utilidad y beneficios tanto para los gobiernos como para la población. A grandes rasgos, a través de un Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, un gobierno puede contratar la construcción de una carretera, un hospital, un campus universitario, o algunos otros tipos de obra que son de gran impacto social.
Como generalmente un gobierno no cuenta con tantos recursos —cientos o miles de millones de pesos— para una sola obra, en un solo ejercicio anual, opta por la contratación de un PPS, a través del cual una empresa privada construye la obra hasta su culminación, y en el momento en que esto ocurre el particular “arrienda” por un tiempo determinado la obra al sector público, y se compromete a sostener su funcionamiento, operación y mantenimiento en óptimas condiciones, a cambio de que el gobierno cubra una contraprestación económica por un concepto también equiparable al del pago de un arrendamiento, en calidad de arrendatario.
En México, el gobierno federal construye cada año infinidad de obras bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios. Así evita dejar obras a medias, no concluirlas; o, en el caso de obras prioritarias, los esquemas PPS permiten que la obra se realice hasta su conclusión, en un periodo corto de tiempo, y bajo un esquema de trabajo no sujeto a ejercicios presupuestales, recortes, reasignaciones, y todas las demás vicisitudes a las que se enfrenta la obra pública, cuando depende directamente de los recursos del Estado.
Sólo que, en el caso del gobierno federal, éste tiene diversos mecanismos, todos ellos estrictos y no sujetos a la imposibilidad de cumplirlos, para revisar y fiscalizar en todo momento el avance de la obra, y para que desde el momento de la firma del contrato no haya cuestiones ventajosas, o no previstas, ni a favor ni en contra del gobierno. Varias Secretarías de Estado, desde diversas ópticas, revisan las obras construidas con PPS de modo permanente, para corroborar que tanto la cuestión presupuestal, como los aspectos técnicos, sean cumplidos a cabalidad.
Muchos de esos aspectos, no se encuentran contemplados en las normas locales; y todo eso fue lo que abrió la puerta para que la contratación de los esquemas PPS estatales, se convirtieran en un verdadero festín de irregularidades y desregulaciones, del que salieron beneficiados un puñado de personajes cercanos al poder en la administración anterior.
LAGUNAS LEGALES
De tener voluntad, los diputados de la LXI Legislatura debieran revisar, por ejemplo, que la ley estatal respectiva no contempla la obligación de que para la asignación de una obra, tengan que participar un determinado número de empresas, que tengan la capacidad de demostrar su solvencia moral, económica y técnica.
En el caso específico de Ciudad Administrativa, la ausencia de esas estipulaciones fueron las que permitieron que la obra finalmente le fuera asignada a una empresa constructora que presuntamente no contaba con las características ni los antecedentes requeridos, y que sólo la supervisión de obra fuera realizada por otras empresas que sí han construido obras de importancia en el país.
Del mismo modo, esa falta de regulación, fue la que permitió que, en un acto discrecional y unilateral —aunque finalmente legal por mandato de la norma—, el Gobernador del Estado asignara directamente la obra, sin ser sometida al concurso o licitación que debiera ser indispensable para una sola edificación que costará, en total, más de mil 500 millones de pesos.
Del mismo modo, deberán revisar qué debe entenderse legalmente por “prestación de servicios”. Se supone que durante el tiempo que dura el contrato, la empresa constructora se hace cargo del mantenimiento y operación del inmueble, y a cambio el gobierno paga una contraprestación económica.
En ese sentido, lo primero que tendrían que indagar, con mucha seriedad y pulcritud, es qué servicios presta la empresa que construyó, por ejemplo, Ciudad Administrativa. En la prestación de ese servicio, que puede ser tan intrascendente como el solo mantenimiento a los elevadores de personal, puede fundamentarse un contrato oneroso, que en realidad sí traslada todas las demás operaciones al gobierno estatal y que, en palabras llanas, constituye un gasto doble para las arcas estatales.
Estos, y varios aspectos más, son los que debieran ponerse bajo la lupa para determinar, ahora sí con bases firmes, cuáles son los aspectos que deben ser reformados y reforzados con urgencia, y qué previsiones se deben tomar para el futuro.
Queda claro que así como se encuentra actualmente la ley, lo que hace es otorgar un enorme cheque en blanco tanto al gobierno estatal como al constructor, y permitir que éstos puedan hacer todo tipo de arreglos para beneficiarse mutuamente a costa del dinero público, tal y como lo habrían hecho con la edificación de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.
Desaparecer los esquemas PPS sería tanto como errar la solución. Lo que deben eliminar son los trucos, las lagunas y las trampas que vician de fondo un tipo servible de contratación, que le puede ayudar bastante a Oaxaca.
CONCURSO DE PLAZAS
Es gracioso ver cómo hasta los anti-sección-22 se escandalizaron por el anuncio de la incorporación a los concursos para la asignación de plazas. No se asusten. El botín mayor está a salvo: nadie se ha atrevido a cuestionar a los temibles normalistas. Esos que estudian para profesores, pero que son expertos en desmanes, bloqueos y disturbios. Que nadie tiemble. Después de la tormenta, se verá que todo sigue bajo control.
