+ Ejemplos de desfalco, burdos e insostenibles
Aprovechando los millonarios recursos que el gobierno estatal erogó en la compra de espacios publicitarios a medios informativos de la Ciudad de México con motivo de las fiestas de la Guelaguetza, en la última semana la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, concedió una serie de entrevistas en las que habló de los quebrantos encontrados, de la “piel sensible” de los ex funcionarios señalados, y de los ejemplos que, según ella, corroboran que, en efecto, la treintena de colaboradores del ex gobernador Ulises Ruiz se llevaron más de tres mil 300 millones de pesos. Si alguien en el gobierno estatal es inteligente, o tiene asesores que lo sean, deberían recomendarle a la Contralora que, por su propio bien, dejara de emitir ese tipo de declaraciones.
¿Qué dijo la contralora Woolrich? Por ejemplo, en una entrevista concedida el jueves pasado al periodista Carlos Puig, para el programa “En 15”, que se trasmite por Milenio Televisión, la Secretaria de la Contraloría se dijo sorprendida por la “piel sensible” de los 32 funcionarios que fueron señalados, expresamente, por ella, en una conferencia de prensa el pasado 11 de julio, y dijo no comprender a todos aquellos que primero exigían que el gobierno estatal diera nombres sobre los quebrantos, y después se sintieron ofendidos.
En otra parte de la entrevista, la secretaria Woolrich puso como ejemplo el desfalco que la actual administración había encontrado de la gestión previa en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, del cual depende el Seguro Popular. Dijo que sólo en esa dependencia habían encontrado un desfalco de más de mil 100 millones de pesos, y dijo que ese faltante, entre otras cosas, había provocado el desabasto de medicamentos que hubo al inicio de la administración. También aseguró que una parte de esos mil millones de pesos irregulares, se había detectado por el otorgamiento irregular de contratos, obras y otras cuestiones de ese tipo.
Finalmente, Woolrich Fernández aseguraba que a muchos de los ex funcionarios señalados no se les había podido “correr traslado”, debido a que éstos ya no se encontraban en el domicilio particular en el que hasta hace poco tiempo habitaban. Decía que a cada uno de ellos se le daría el término de 15 días para solventar las irregularidades que se les señalaban, pero daba por hecho que había desfalcos millonarios.
Ante todas estas aseveraciones, habría que preguntarse qué es lo que realmente busca el Gobierno del Estado a través de la contralora Woolrich; pero, sobre todo, queda la duda inicial respecto a si hoy mismo pueden estar seguros de todos los desfalcos que aseguran, y de la responsabilidad de cada una de las personas a las que han señalado.
¿DECLARACIONES RESPONSABLES?
En primer término, los empleados de la administración estatal encargados de la revisión de los recursos ejercidos, tendrían que repensar con más seriedad qué entienden por “piel sensible”. Aunque puede pensarse que acusan la excesiva “sensibilidad” de quienes antes ejercieron el poder, abusaron de sus cargos, y ahora se dicen perseguidos, en realidad este no es, ni debe ser —por lo menos en su cara visible—, un asunto político sino estrictamente administrativo y materialmente jurisdiccional. Expliquémonos.
¿Cómo se vería el Procurador General de Justicia (a la razón representante social, tradicional “abogado del Estado” y, se supone, defensor de las causas de la ciudadanía), acusando de tener “piel sensible” a los enemigos del régimen, a quien él procesa por la supuesta comisión de delitos? ¿No parecería —y, en efecto, así sería— que atenta contra los principios de certeza, objetividad e imparcialidad, que se supone que representa? Eso es exactamente lo que ocurre hoy con la contralora Woolrich. ¿Y qué no se supone que en este país todos son inocentes, en todos los procedimientos seguidos por la autoridad en forma de juicio, hasta que se les demuestra lo contrario? Y si es así, ¿son culpables por priistas, o porque verdaderamente se les corroboraron los desfalcos?
Pero más allá de eso, hay cuestiones igualmente inexplicables. Si había un ejemplo desafortunado sobre los presuntos desfalcos encontrados, ese es precisamente el del Seguro Popular. ¿Por qué? Porque como ya se ha señalado, los más de mil 100 millones de pesos por los que se acusa de irregularidades a dos ex funcionarios estatales encargados de ese programa, son nada menos que la totalidad de los recursos ejercidos. Es decir, que si en verdad fuera cierto lo que dice la contralora Woolrich, entonces lo que habría ocurrido en 2010 habría sido nada menos que la desaparición del Seguro Popular —y el enorme daño social que eso habría provocado— en aras de la ambición y la voracidad de sólo dos personas.
¿A poco el Seguro Popular dejó de funcionar? ¿A poco en todo 2010 no se pagaron alrededor de 800 millones de pesos, en salarios al 40 por ciento del total de personal que labora en los Servicios de Salud de Oaxaca? ¿Si no se les pagaron, entonces por qué esos miles de trabajadores nunca protestaron? ¿Y en serio no hubo ni medicamentos ni servicios médicos ni nada? Incluso, los organismos evaluadores de ese servicio médico a nivel nacional, reportan que en el último año, el nivel de satisfacción del usuario del Seguro Popular en Oaxaca, fue de nada menos que del ¡97 por ciento!
Lo peor de todo, es que la contralora pretende tasar todo no en base a la justicia o la ley, sino un evidente interés político y hasta partidista, además de sus atavismos personales. Queda claro que todos aquellos que, en efecto, resulten tener una responsabilidad administrativa o penal, deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Pero de eso a suponer que hoy mismo se puede enjuiciar a priori, en los medios, a través de ejemplos burdos, y basados en suposiciones no corroboradas fehacientemente.
¿Y LOS JUICIOS?
Las leyes prevén, desde hace muchísimo tiempo, todas las formas posibles para notificar de formas alternas a la de tipo personal, y evitar con eso que el gobernado quede en estado de indefensión. Si hay quien, en efecto, desapareció, lo que debe hacerse es seguir escrupulosamente los procedimientos administrativos hasta su conclusión. No vaya a ser la de malas que, al final de un largo y costoso proceso, los particulares le ganen los juicios a la Contraloría por notificaciones mal realizadas, o por haberlos dejado en estado de indefensión. Suele ocurrir. Pongan sus barbas a remojar.
