+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Presupuesto y culpas: lamentaciones no sirven de nada

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Zorrilla: cada 40 días cambia de Secretario Particular

 

Culpar y justificar, equivale a no tener la capacidad para elevar el debate. Y hasta el momento, eso es lo que hemos visto entre el gobierno estatal y sus opositores: la diputación federal priista ha denunciado insistentemente las dilaciones en el ejercicio del presupuesto autorizado para 2011; y la administración estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, insiste en pagarles con la misma moneda, señalando que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz dejó más de ocho mil millones de pesos pendientes de ejercer. En un debate serio, y más allá de sus particulares trifulcas, cualquier oaxaqueño de a pie podría decirles a todos: “Y eso, ¿qué?”

Y es que, en efecto, queda claro que ni las culpas ni las justificaciones sirven de algo, cuando éstas no vienen acompañadas de soluciones. Y hasta el momento, todo lo que hemos escuchado de los actores y grupos políticos involucrados, son acusaciones, réplicas y lamentaciones, sin que exista posibilidad de que unos y otros comprendan que más allá de sus posiciones e intereses, lo que importa —o debería importar— es lo que pueda o no hacerse por Oaxaca.

En los últimos días, por ejemplo, el diputado federal priista Jorge González Ilescas, ha denunciado que, en base a información oficial que asegura le fue proporcionada por instancias federales, de un total de 103 obras planeadas en la cartera del ejercicio fiscal 2011 para la entidad en cuanto a obras destinadas a pueblos y comunidades indígenas, a la fecha únicamente 41 obras cuentan con proceso de adjudicación y 62 obras aun ni si quiera han iniciado con dicho proceso.

Según el legislador federal, todo eso indica que del total de la cartera, a la fecha únicamente un 39 por ciento cuenta ya con un proceso ya definido de adjudicación, mientras que casi un 61 por ciento no han sido licitadas. Incluso, el diputado González puntualizaba que aún cuando 41 obras cuentan ya con un proceso de adjudicación, eso no significa que físicamente se encuentren ya en proceso de construcción.

Esto, sin embargo, se contrapone con las aseveraciones hechas por el secretario Gerardo Cajiga Estrada, quien el domingo pasado detalló en conferencia de prensa que de la pasada administración, “se localizaron más de mil 923 millones de pesos que el gobierno anterior dejó en cuentas bancarias y que no fueron utilizados para el bien de los oaxaqueños”.

Según información dada a conocer ayer en TIEMPO, el secretario Cajiga Estrada explicó que también hallaron casi  mil millones de pesos de Alianza para el Campo 2009 y 2010 que estuvieron a punto de perderse, pero que en el presente se corrigieron. Además, aseguró haber logrado el refrendo de 250 millones de pesos para infraestructura básica para pueblos indígenas y medio ambiente.

Señaló que en 2008, mil millones de pesos no fueron ejercidos, mientras que en 2009 fueron más de 2 mil 300 millones en subejercicios para salud, carreteras, educación, “y ahora pretenden señalar y cuestionar cuando ni siquiera se ha terminado el presente ejercicio fiscal; se avanza en tiempo: son casi 1 mil millones en total de la pasada administración los cuales se buscan ahora rescatar. Y dijo: “A diferencia de lo que han dicho algunos legisladores federales, no tenemos previsto que se generen subejercicios en esta administración”.

 

NUMERITOS HABLAN

El quid de la discusión debía centrarse no sólo en si se ha gastado o no, sino también en si se ha gastado bien, en cómo se planea gastar y, sobre todo, qué impacto tendrá ese gasto en el bienestar de las personas. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es una tortuosa, inservible, ruidosa y bizantina discusión respecto a culpas y justificaciones. La disputa, en el fondo, no es sino una mezcolanza de intereses políticos, combinados con ánimos opositores, y rematados por la voluntad que tiene el gobierno estatal de seguir alimentando una polémica que, finalmente, no llevará nada positivo para nadie.

¿Qué pretenden los diputados priistas en su calidad de opositores? ¿Pretenden sólo jorobar al gobierno de Gabino Cué Monteagudo, o en realidad tienen preocupación porque ese dinero se gaste, y se gaste bien en pro de los que menos tienen? Si el ánimo es el primero, seguramente continuarán haciendo lo propio incansablemente; empero, si es lo segundo, entonces tienen que comenzar a buscar los mecanismos alternos para que ese dinero no se pierda, pero sobre todo, para que éste pueda llegar íntegro y en tiempo a las comunidades que lo necesitan.

En lo que les toca a ellos, el gasto no debe seguirse haciendo en base a compromisos o intereses políticos, sino en cuanto a las necesidades reales de los pueblos que lo necesitan. Si se gasta mucho y se gasta mal (porque no hay planeación, porque no se le da seguimiento a los proyectos de largo plazo, porque los recursos se comprometen en base a intereses partidistas, o lo que sea), de todos modos no sirve de nada. La parte de la planeación y la responsabilidad en el gasto debía ser también una preocupación propia. Es decir, estar pendientes de en qué, cómo y para qué pretende gastar el gobierno estatal el dinero que le ha sido dado, y le será concedido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Empero, el Gobierno del Estado debe también ver el asunto con verdadera responsabilidad, y asumir que el verdadero “enemigo” —si es que lo hay— no debieran ser los opositores locales (que les reprocharán hasta el más mínimo error), sino el gobierno federal, que sistemáticamente se resiste a entregar los recursos que pueden ser de mucha utilidad para la entidad.

Insistimos. Este asunto, más que constituir una riña constante entre el gobierno de Oaxaca y la diputación federal (que más temprano que tarde se verán las caras, para trabajar juntos por el presupuesto del año próximo), debía ser un asunto genuino de preocupación y trabajo común a favor del estado. Seguir alimentando la disputa, y reprochándose lo que ya se hizo mal, no sirve de nada. Ojalá todos juntos dejaran de ser parte del problema, y pasaran a ser partes fundamentales de la solución —que sin duda le caería de maravilla a Oaxaca.

 

EL TUMBA PARTICULARES

No. No es Patricia Santos, la “tumba hombres”. Este personaje, llamado José Zorrilla, que funge como secretario de Economía y Turismo del Gobierno de Oaxaca, en promedio ha cambiado de secretario particular cada 40 días. Lleva aproximadamente siete meses y medio en el cargo, y ha cambiado seis veces de Secretario Particular. ¿Será casualidad, o es que el problema es él?

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