Elección de Auditor: es tan inmoral, ahora como antes

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+ Interés partidista y coto de poder: nada de democracia

 

La elección legal, pero no legítima, del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, pone en evidencia que los tiempos y los partidos pueden cambiar, pero no las prácticas y la obsesión por tener controlado al poder. Aunque los órganos autónomos y la fiscalización son sendas expresiones contemporáneas de una sociedad democrática, en Oaxaca todo quedó nuevamente reducido al interés partidista y los cotos de poder de quienes, desde el oficialismo y la oposición, gobiernan la entidad.

El asunto estaba claro desde un inicio: hace ya varias semanas, desde el Gobierno del Estado se decidió que el nuevo Auditor Superior del Estado sería el entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Carlos Altamirano Toledo.

Se cumplieron todas las formas legales para tal efecto (la presentación de la propuesta, la exposición de un proyecto de trabajo, e incluso la renuncia a su cargo en el sector público), pero sin satisfacerse los requisitos de legitimidad: es decir, sin garantizar que el nuevo Auditor fuera, primero, especialista en la materia; segundo, un personaje de verdadera extracción ciudadana; y tercero, que no tuviera ni aspiraciones políticas ni relaciones de sumisión o de interés con una de las esferas gubernamentales (el gobierno estatal) a las que, se supone, se va a encargar de fiscalizar.

Esta cuestión es, a su vez, preocupante por al menos dos razones: la primera, porque Altamirano Toledo no es un personaje que, como profesional, se pueda jactar de ser un especialista en las materias que ahora tendrá la responsabilidad de desarrollar. Y segunda, porque ni su proceso de elección, ni las formas que ocuparon —tanto desde el Gobierno del Estado como desde las fuerzas de oposición— para operar su nombramiento, son ni siquiera las mínimas aceptables para poder asegurar que el nuevo titular del órgano fiscalizador tendrá todas las libertades, y la determinación, para verdaderamente revisar las cuentas del gobierno estatal, y de los municipios, sin cargas ni fobias partidistas, y sin los intereses políticos que tanto urge que se desincorporen de las decisiones de interés mayoritario.

La primera de las cuestiones no es menor: el cargo de Auditor Superior es, por mandato constitucional, especializado. Es decir, que debía ser no sólo un profesional sino —de acuerdo con el recién reformado último párrafo del artículo 65 bis de la Constitución del Estado— un experto “en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. Además del mandato constitucional (que para efectos prácticos puede o no cumplirse a cabalidad, y solamente convalidarse la “idoneidad” a través de un título profesional), la calidad de experto en la materia debía ser una cualidad ponderada por parte del Poder Legislativo al momento de hacer su elección.

No obstante, la segunda de las cuestiones es aún más grave. Ayer mismo, tal parecía que todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, habían decidido hacerse a un lado de cualquier discusión seria sobre el asunto. Todos decían que “el pleno” haría la elección, en aras de desmarcarse personalmente de la decisión que estaba a punto de tomarse.

Los partidos integrantes de la coalición gobernante simplemente rehuían a cualquier intercambio; y los opositores del PRI guardaban silencio esperando el momento de la votación. Nadie en el Congreso, parecía tener la convicción suficiente para cuestionar el proceso, y mucho menos para evitar la consumación de este intento de imposición (y colonización formal, oficial) del Poder Ejecutivo en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado. Frente a todo esto, quedaba desterrado cualquier viso de democracia, de legitimidad y hasta de verdadera deliberación, frente a un apabullante resultado de 36 votos a favor de Altamirano Toledo.

Al “negociar” la unción del nuevo Auditor, todos confundieron, voluntariamente, la posibilidad de cabildear con la de transar; confundieron también el hecho de que la concertación no necesariamente significa concertacesión; e incluso, de nuevo cayeron en el garlito de que “representación popular”, “coalición” y “oposición responsable” no son sinónimos, ni sendas patentes de corso, para replegarse frente a las decisiones oficiales.

 

PRIVILEGIADO, EL

INTERÉS PARTIDISTA

En la lógica del poder, el gobierno de Ulises Ruiz creyó haber “cumplido” con la democracia, al crear las figuras de varios órganos autónomos como la ASE o el Instituto de Acceso a la Información; sin embargo, su compromiso se terminó al crearlos, porque a cambio de ellos retuvo su control a través de personajes afines al poder. La tarea de sus sucesores, en esa lógica, sería justamente la de verdaderamente democratizar a los órganos autónomos, a través de la selección de sus titulares a través de criterios claros y apegados a los principios según los que fueron creados doctrinaria y jurídicamente.

En esa lógica, era relativamente comprensible la insistencia del nuevo gobierno por lograr la separación del cargo de los titulares heredados. No obstante que eso es jurídicamente inadmisible, todo podría tener cierta justificación si las deposiciones hubieran dado paso a un verdadero proceso de elección libre y accesible para todos los ciudadanos, que además brindara la certeza sobre la independencia en la integración de tales órganos.

Lo que ocurre, sin embargo, es exactamente lo contrario: como tradicionalmente ocurre, el gobernante decide en la lógica de sostener su poder, y entonces decide quién irá al órgano autónomo (que con eso, materialmente deja de serlo). La decisión la toma, en aras de mantener acotado al poder, y sostener el control sobre los riesgos para su gobierno. En su momento, esa fue la lógica priista (inadmisible) para nombrar a una subordinada como titular de la ASE (Lizbeth Caña); pero es increíble que esa sea hoy, en estos tiempos de supuesta democracia, la misma lógica para imponer a Altamirano Toledo.

 

POLÍTICA DEGRADADA

Todo esto, sin duda, es harto dañino para la democracia. Los diputados locales, y el Ejecutivo, no están cumpliendo con las expectativas democráticas que se generaron. Oportunidades para reivindicarse sí han existido. Lo que no parece haber, es voluntad para verdaderamente equilibrar el poder, y desterrar la idea, cada vez más presente, de que la alternancia fue sólo “quítate tú para que me ponga yo”… sobre las mismas bases autoritarias e impositivas que ya no quiere la ciudadanía.

1 COMMENT

  1. Una porqueria el gobierno del estado dudo mucho que se vean resultados con gabino de aca a fin de su sexenio la verdad por eso los que podemos preferimos meter nuestro dinero en otro lado mucha gente prefiere el narco que la pobreza y la ignorancia en la que vive oaxaca , que decepcion de gabino y sus rateros .

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