Aborto: aquí, ley no pasó por conciencia del legislador

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+ Democracia “de avanzada”… ¿sin ninguna reflexión?

 

Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la denominada “Ley antiaborto” contenida en el artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California. Dicho precepto, en realidad, es similar en todos sus términos a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 12 de la Constitución de nuestro estado… que sin ninguna discusión, debate o polémica alguna, fue aprobado y validado, hace dos años por el Congreso del Estado. ¿Sabemos los oaxaqueños el tipo de leyes que nos rigen, y en base a qué intereses particulares —y no aspiraciones comunes— fueron establecidas?

En efecto, fue justamente en septiembre de 2009 cuando, de repente, en el Congreso del Estado la entonces diputada local Perla Woolrich Fernández presentó una iniciativa de reforma a nuestra Constitución particular, para establecer, en su artículo 12, que en el Estado de Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural.”

Dicha modificación, aquí, fue aplaudida por propios y extraños. Extrañamente, todos los diputados de la fracción priista —entonces de mayoría avasallante— no sólo no objetaron el proyecto de reforma, sino que decidieron discutirlo y aprobarlo de manera apabullante, apenas unos días después de ocurrida su presentación.

Tanto el gobierno estatal, como los opositores, se vanagloriaron de haber remarcado en el Texto Constitucional la protección que el Estado garantiza al derecho a la vida de las personas. Como pocas veces ocurre, todos festejaron y, por tanto, públicamente nadie objetó el contenido de esa reforma que, aparentemente, era de avanzada, pero que detrás de ella escondía una serie de intereses inconfesables que lo mismo manchaban al entonces grupo gobernante, como a varios funcionarios estatales actuales… todo por cumplir los caprichos de la entrometida y dogmática jerarquía católica local.

De todo esto, surgen dos preguntas rigurosas: primera, ¿cómo, y bajo qué términos, fue consensada dicha reforma al interior del Congreso local en aquellos momentos? Y, segunda, ¿qué intereses particulares se buscaban preservar, y a qué grupos se intentaba apaciguar, con la concesión de esa reforma constitucional que nadie en la esfera pública cuestionó?

Vayamos primero a la respuesta de la primera pregunta. Pues bien, como lo advertimos en este espacio desde el momento en que ocurrió la reforma, fue en realidad la fracción parlamentaria del PRI, y no la del PAN, la que elaboró, acordó y aprobó dicha reforma.

Aunque fue la entonces diputada Woolrich quien físicamente presentó el proyecto y se arrogó el triunfo de haber logrado una reforma planamente consensada, en realidad lo único que hizo fue prestar su nombre, su firma —y los postulados, dogmas y siglas de su partido—, para legitimar las formas legislativas de dicha modificación constitucional.

De hecho, —por afirmaciones serias de algunos personajes que en ese momento integraban el Congreso local— se sabe perfectamente que incluso el documento que contenía la propuesta de reforma fue elaborado por los asesores de la fracción priista, y que para concretarlo hubo una especie de “colusión” entre ambas fracciones. Y el resultado fue el establecimiento de un candado constitucional que impedirá, al menos mientras subsista el actual texto constitucional, que se establezca cualquier forma de legalización del aborto en Oaxaca.

 

INTERESES “A SALVO”

Desde que ocurrió el conflicto magisterial y popular en 2006, la Iglesia Católica y el Gobierno de Oaxaca marcaron verdadera distancia en cuanto a sus relaciones. Éstas, incluso, en diversos momentos llegaron a ser ríspidas y de cuestionamientos reiterados, por parte de la jerarquía eclesiástica hacia los gobernantes.

Razones para ello, había en abundancia: si se recuerda, un grupo importante de párrocos del interior del Estado, durante el mismo movimiento magisterial y popular de hace cinco años, se manifestaron expresamente a favor de que el entonces gobernador Ulises Ruiz se separara de su cargo y permitiera el establecimiento de un gobierno de transición. A estos posicionamientos, que nunca fueron controlados por la alta jerarquía católica, luego hubo una respuesta natural por parte del gobierno estatal.

Éste se alejó por completo de una relación que, aunque siempre había sido aparentemente lejana, también siempre había sido hipócrita y escondida entre gobernantes y jerarcas católicos. Y aunque tradicionalmente siempre hubo “sana distancia” entre éstos (se reunían en privado, o el gobernante consultaba al obispo sobre decisiones importantes, pero siempre con toda discreción), lo que ocurrió entre el régimen anterior y la Iglesia sí fue de frialdad absoluta.

El entonces gobernador Ruiz no era de por sí cercano al catolicismo. Y eso lo reafirmó al abrir la puerta a todo tipo de expresiones religiosas no católicas en la entidad (basta recordar el financiamiento que dio el Gobierno de Oaxaca a Luis Palau), e incluso algunos de sus pronunciamientos que más se recuerdan en el país (como aquello de que “sólo Dios quita y pone gobernantes”), los dijo justo frente a congregaciones de tipo protestante.

No obstante, llegó el momento de la pacificación entre ambos sectores. Y fue a través de la “cesión” de ese precepto constitucional —el del aborto— que el gobierno priista se congració con uno de sus detractores más ácidos, y le permitió una reforma plena al panismo en un Congreso dominado por mayoría absoluta de priistas.

¿Qué es lo cuestionable de todo esto? Primero, que esa reforma se realizó sin un consenso real, y sin siquiera tomar en cuenta la voluntad o la conciencia de cada legislador. Aquí fueron aplastantes la decisión política y el interés que se buscó preservar. Nunca se discutió sobre la conciencia o la postura de la mayoría. Y por eso, al mejor estilo del régimen de partido hegemónico, aquí la ley se adecuó a las necesidades del poder, no al sentir de la población.

Y el problema más grave, es que aunque eso pasó hace apenas dos años, en Oaxaca ya nadie se acuerda de esa historia.

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Se imaginan a nuestro flamante Tribunal Constitucional del Estado, discutiendo uno de esos temas? Ajenos todos sus integrantes al constitucionalismo, pronto veremos la calidad de sus pronunciamientos y resoluciones. ¿Debemos esperar mucho? Veremos.

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