EPR: Gobierno estatal no debe esperar para responder

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+ Desaparecidos: la deuda con grupos sociales sigue ahí

 

A propósito del fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado en el que recuerda que tanto el gobierno federal, como el de Oaxaca, tienen pendiente la respuesta relativa a la presentación con vida, o razón del paradero, de sus dos integrantes desaparecidos en la Verde Antequera, en mayo de 2007. ¿Recordará la administración estatal que éste fue uno de los compromisos que ofreció, y que un año después aún no ha atendido?

El asunto no es menor. En dicho comunicado, la Comandancia General y el Comité Central del EPR, resaltan la labor de Granados Chapa como integrante de la Comisión de Mediación, que se formó a solicitud del grupo armado, para hacer las gestiones necesarias ante los ámbitos de gobierno involucrados, y saber así la verdad relativa al paradero de los militantes eperristas, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Luego de ello, y sin hacer expresamente ningún tipo de amenaza o emplazamiento, el EPR recalca el hecho de que el lugar de la desaparición fue Oaxaca, y que aún esperan respuestas sobre sus compañeros.

¿El gobierno de Oaxaca estará tomando con seriedad las palabras —y los silencios— del EPR? Porque, en el primero de los casos, debemos recordar que desde los primeros días del pasado mes de abril, el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo se comprometió expresamente a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde febrero de 2009 relativa a la desaparición de los dos eperristas, y dijo que su gobierno investigaría a fondo —como lo exigía el fallo no vinculatorio de la CNDH— todo lo relativo a estos hechos. No obstante, hasta hoy nada es lo que se ha vuelto a saber respecto a ese compromiso del gobierno estatal.

En ese sentido, tampoco se sabe si el gobierno de Oaxaca está tomando en cuenta que, en el caso de los grupos armados, los silencios cuentan tanto o más que las palabras. Y es que, hasta la comunicación establecida por la Comandancia General del EPR a propósito del fallecimiento del maestro Granados Chapa, hacía casi cuatro meses que éste se había mantenido en silencio total.

Y queda claro que esa ausencia y desapego aparentes de este grupo armado, respecto a ciertos asuntos importantes para Oaxaca y para el país, no necesariamente significan lo que aparentan. Para la guerrilla, en general, estos son tiempos de reorganización y reagrupamiento. Ellos mismos, en diversos momentos así lo han manifestado. Y por eso, puede comprenderse que los silencios más pudieran tener que ver con eso, que con el posible “olvido” de los temas que a ellos mismos les interesan o les duelen.

Nuestra entidad, en ese sentido, ha sido un semillero constante de brotes de inconformidad social que se manifiesta por la vía de las armas. Y aunque el gobierno de Gabino Cué Monteagudo llegó nutrido por un respaldo social sin precedentes en la entidad, queda claro que a menos de un año de distancia éste se ha alejado de la gran mayoría de las organizaciones que, sin compartir métodos, sí tienen los mismos intereses que el eperrismo. Y ese debiera ser un primer foco rojo, con merecimientos suficientes para ser tomado en cuenta.

 

GOBIERNO SENSIBLE

Hace algunas semanas, comentábamos en esta columna los riesgos que implicaba para un gobierno como el actual de Oaxaca, el distanciamiento expreso con sectores vitales para el sostenimiento de la paz social.

Decíamos, por ejemplo, que la distancia que comenzaban a tomar del gobierno estatal, actores y grupos como el Frente Popular Revolucionario, los sectores radicales de la Iglesia Católica, e incluso algunos factores esenciales del conflicto magisterial y popular de 2006, como el ahora diputado Flavio Sosa Villavicencio o la misma Sección 22 del SNTE, debían ser tomados no a la ligera, sino como signos claros de que todo podría devenir en una descomposición mayor, y en un importante riesgo para la gobernabilidad del Estado.

El asunto no tiene que ver con otra cosa, más que con el cumplimiento de las promesas y los pactos establecidos entre el gobierno y los grupos, y en la sensibilidad y capacidad de respuesta que pueda tener la administración estatal respecto a esos arreglos. Queda claro que, sin ellos, y según la experiencia del conflicto de hace cinco años, el sostenimiento de la paz y la gobernabilidad de la entidad es mucho más compleja.

Por eso, el gobierno de Oaxaca debía comenzar a dar respuestas puntuales por lo menos en cuanto a los avances que ha conseguido en la investigación sobre la desaparición de los eperristas. No pueden desligarse del compromiso, primero porque el hecho sí sucedió y éste ocurrió en la capital oaxaqueña; y segundo, porque con la aceptación de la recomendación relativa de la CNDH, el gobierno estatal reconoció el hecho como real y estableció su contribución al esclarecimiento como un compromiso que voluntariamente se obligaba a cumplir.

Quedarse en el silencio, en estos momentos en el que el gobierno oaxaqueño comienza a ser cuestionado hasta por sus mismos aliados de las alas más duras de la sociedad, equivaldrá a tanto como a haber tomado el caso de los eperristas como una oportunidad más de aparecerse, en la escena nacional, como un “gobierno comprometido”, aunque en realidad sólo fuese para asumir una posición “políticamente correcta”, pero no de compromisos reales.

Por eso, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, como las instancias encargadas de los derechos humanos en el gobierno estatal, debían dejar su estado de pasmo en estos asuntos y comprometerse de verdad a ofrecer resultados sostenibles. No mostrar cuando menos voluntad de cumplimiento real, y avances, significará tanto como convalidar la reorganización de esas fuerzas para exigir, por la vía violenta, lo que no les es satisfecho por la vía pacífica. Y eso, en una sociedad y en un momento como en el que estamos, es simplemente inaceptable.

 

UABJO, ¿QUE SE JODA?

Cada que pueden, desde el sector oficial fustigan al SUNEO por el alto costo económico que representa para la entidad. Sin embargo, ¿qué hace ese sector oficial por la universidad pública tradicional? Hoy, como hace años, la UABJO sigue postrada, abandonada y convulsionada por una conflictiva “vida interna” que a nadie parece interesarle. Qué lamentable.

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