Gobierno ante 2006: la indemnizaci贸n vuelta chantaje

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+ Falta de criterios hace que todos se digan agraviados

Desde noviembre pasado, en este espacio advert铆amos sobre los riesgos de que el gobierno estatal otorgara indemnizaciones a los agraviados por el conflicto magisterial y popular de 2006, sin criterios y sin un esquema claro para llevar a cabo ese proceso. El resultado de esa falta de previsi贸n, es que hoy diversos grupos se dicen agraviados por la crisis de aquellos a帽os; que todos est谩n tratando de convertir el resarcimiento en un chantaje; y que, en el fondo, nadie sabe con certeza si realmente se le est谩 dando lo justo a quienes resintieron los efectos de aquel episodio, y ni siquiera si son las personas correctas a las que se les est谩 otorgando indemnizaci贸n.

En nuestra entrega del viernes 25 de noviembre de 2011 nos hac铆amos algunas preguntas que hoy cobran relevancia, respecto a quienes exigen, e incluso ya recibieron indemnizaci贸n por parte del Gobierno del Estado por el conflicto del 2006.

En ese momento, cuestion谩bamos: 鈥溌縌u茅 no se supone que la Procuradur铆a General de Justicia del Estado integr贸 una fiscal铆a especializada para atender los hechos relevantes del pasado? 聽驴Qu茅 no se supone que esa debiera ser la v铆a id贸nea para determinar qui茅nes s铆 fueron objeto de agresiones indebidas por parte del Estado, qui茅nes no, y qui茅nes verdaderamente merecen una reparaci贸n econ贸mica?鈥

Esto, que no ha sido puntualizado por autoridad alguna, es de vital relevancia. Porque, en la l贸gica com煤n del derecho, se supone que todo aquel que es indemnizado previamente debi贸 probar ante autoridad competente, y de forma id贸nea, los agravios de que fue objeto; que tuvo la capacidad de establecer la forma en que 茅stos ocurrieron e incluso el responsable de los mismos. Si se supone, pues, que las indemnizaciones fueron hechas conforme a derecho y no a trav茅s de acuerdos pol铆ticos, entonces debiera tambi茅n tenerse certeza jur铆dica sobre algunos de los responsables de los quebrantos por el conflicto magisterial.

El problema es que, en realidad, la Procuradur铆a Estatal no ha alcanzado a integrar todas las averiguaciones previas por los delitos del pasado 鈥攅ntre ellos, el conflicto magisterial鈥 y, hasta donde se sabe, tampoco ha habido un proceso serio para determinar qu茅 hechos fueron constitutivos de lesi贸n jur铆dica; qui茅nes fueron las personas que resintieron los agravios, y a cu谩nto ascienden los mismos.

Todo eso, lo que deja en evidencia es que, como puede preverse, las supuestas indemnizaciones en realidad son consecuencia de pactos espec铆ficos realizados entre el grupo gobernante con ciertos sectores de la poblaci贸n. Y que esos pactos est谩n siendo pagados nada menos que con recursos p煤blicos, a trav茅s de un proceso discrecional y nada claro sobre los montos y los beneficiarios.

El problema, como lo apunt谩bamos en noviembre, es que, todo esto, en global, es grave porque, adem谩s de todo, finalmente inhibe la verdadera justicia. Si los ya indemnizados, de verdad hubieran ganado los procesos, entonces tambi茅n debiera suponerse que probaron los delitos de que fueron objeto, y estuvieron en capacidad de se帽alar a las personas que, con la calidad de servidores p煤blicos, o las corporaciones respectivas, vulneraron sus derechos e integridad f铆sica. Es decir, se supone, como es en nuestro derecho, que la reparaci贸n debiera ser el acto posterior a la determinaci贸n de todas las responsabilidades, e incluso debiera 茅sta venir aparejada a la ejecuci贸n de las sanciones impuestas.

Pero lo cierto es que nada hay de esto. En realidad, lo que parece estar ocurriendo es un equivocado proceso de consolidaci贸n de la impunidad, y de un pago a quienes se dicen agraviados pero que qui茅n sabe si en realidad fueron o no las v铆ctimas reales del conflicto magisterial. Y por si eso fuera poco, la poca claridad del proceso y la discrecionalidad del pacto, est谩 provocando que las indemnizaciones se conviertan en un aut茅ntico chantaje.

 

RESARCIMIENTO O CHANTAJE

El chantaje, desde el primer momento, estaba a la vista. Por eso, tambi茅n advert铆amos que 鈥渢odo esto tiene mucho de demagogia. El problema es que desde la sociedad se alimenta eso. Porque unos, verdaderas v铆ctimas, se quedan calladas. Y otros, presuntamente vivales, aprovechan la ocasi贸n para obtener beneficios de oportunidad de ese episodio que, sin duda, fue una aut茅ntica desgracia para Oaxaca鈥.

Hoy, aquella demagogia que se vislumbraba es, lamentablemente, una realidad. Como a los integrantes de la Cofadappo y de la Limeddh se les entregaron recursos pr谩cticamente de forma discrecional, entonces ya apareci贸 cuando menos una docena de grupos distintos que aseguran ser asimismo v铆ctimas del conflicto y exigen al gobierno estatal la entrega de sendas indemnizaciones por los agravios que dicen haber resentido en sus negocios o finanzas personales.

Ante esto, todas las instancias involucradas debieran preguntarse: si ya llevaron a cabo las primeras indemnizaciones, sin claridad y sin criterios espec铆ficos, 驴entonces estar谩n dispuestas a indemnizar a todo el pueblo de Oaxaca, que de una u otra forma tambi茅n fue v铆ctima del conflicto? 驴Por qu茅 no iniciaron el proceso de resarcimiento en contra de todas aquellas v铆ctimas documentadas del conflicto magisterial, que derivado de esos episodios fueron lesionadas, vejadas y hasta muertas? 驴S贸lo son v铆ctimas los agraviados del gobierno o est谩n haciendo un proceso parejo de reconocimiento? 驴Se dar谩n cuenta del tama帽o del problema que est谩n provocando?

El resultado de no planear un proceso tan delicado como este es que, en efecto, muchas de las verdaderas v铆ctimas de aquellos episodios terminen no siendo indemnizadas, no por el hecho de que no les corresponda, sino porque no estuvieron dispuestos a hacer bulla para exigir lo que les corresponde; y el otro riesgo es que, por su capacidad de gritar, terminen siendo resarcidas personas o grupos que en realidad ni tuvieron participaci贸n en el conflicto ni resintieron sus consecuencias. Y eso, como bien lo parece, es el peor escenario en el que podr铆a ocurrir el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por un conflicto como el de 2006.

 

QU脡 VERG脺ENZA鈥

Debiera tener la autoridad municipal al reconocer que quitaron el servicio de internet gratuito del Paseo Ju谩rez, por el robo de equipos de c贸mputo a personas que acud铆an a ese sitio a utilizar la red. 驴No lo que debieran hacer es reforzar la seguridad? Quiz谩 pensaron que, como dice el refr谩n, muerto el perro, se acab贸 la rabia. Pero del peor modo posible鈥

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