Gobierno ante 2006: la indemnización vuelta chantaje

Date:

+ Falta de criterios hace que todos se digan agraviados

 

Desde noviembre pasado, en este espacio advertíamos sobre los riesgos de que el gobierno estatal otorgara indemnizaciones a los agraviados por el conflicto magisterial y popular de 2006, sin criterios y sin un esquema claro para llevar a cabo ese proceso. El resultado de esa falta de previsión, es que hoy diversos grupos se dicen agraviados por la crisis de aquellos años; que todos están tratando de convertir el resarcimiento en un chantaje; y que, en el fondo, nadie sabe con certeza si realmente se le está dando lo justo a quienes resintieron los efectos de aquel episodio, y ni siquiera si son las personas correctas a las que se les está otorgando indemnización.

En nuestra entrega del viernes 25 de noviembre de 2011 nos hacíamos algunas preguntas que hoy cobran relevancia, respecto a quienes exigen, e incluso ya recibieron indemnización por parte del Gobierno del Estado por el conflicto del 2006.

En ese momento, cuestionábamos: “¿Qué no se supone que la Procuraduría General de Justicia del Estado integró una fiscalía especializada para atender los hechos relevantes del pasado?  ¿Qué no se supone que esa debiera ser la vía idónea para determinar quiénes sí fueron objeto de agresiones indebidas por parte del Estado, quiénes no, y quiénes verdaderamente merecen una reparación económica?”

Esto, que no ha sido puntualizado por autoridad alguna, es de vital relevancia. Porque, en la lógica común del derecho, se supone que todo aquel que es indemnizado previamente debió probar ante autoridad competente, y de forma idónea, los agravios de que fue objeto; que tuvo la capacidad de establecer la forma en que éstos ocurrieron e incluso el responsable de los mismos. Si se supone, pues, que las indemnizaciones fueron hechas conforme a derecho y no a través de acuerdos políticos, entonces debiera también tenerse certeza jurídica sobre algunos de los responsables de los quebrantos por el conflicto magisterial.

El problema es que, en realidad, la Procuraduría Estatal no ha alcanzado a integrar todas las averiguaciones previas por los delitos del pasado —entre ellos, el conflicto magisterial— y, hasta donde se sabe, tampoco ha habido un proceso serio para determinar qué hechos fueron constitutivos de lesión jurídica; quiénes fueron las personas que resintieron los agravios, y a cuánto ascienden los mismos.

Todo eso, lo que deja en evidencia es que, como puede preverse, las supuestas indemnizaciones en realidad son consecuencia de pactos específicos realizados entre el grupo gobernante con ciertos sectores de la población. Y que esos pactos están siendo pagados nada menos que con recursos públicos, a través de un proceso discrecional y nada claro sobre los montos y los beneficiarios.

El problema, como lo apuntábamos en noviembre, es que, todo esto, en global, es grave porque, además de todo, finalmente inhibe la verdadera justicia. Si los ya indemnizados, de verdad hubieran ganado los procesos, entonces también debiera suponerse que probaron los delitos de que fueron objeto, y estuvieron en capacidad de señalar a las personas que, con la calidad de servidores públicos, o las corporaciones respectivas, vulneraron sus derechos e integridad física. Es decir, se supone, como es en nuestro derecho, que la reparación debiera ser el acto posterior a la determinación de todas las responsabilidades, e incluso debiera ésta venir aparejada a la ejecución de las sanciones impuestas.

Pero lo cierto es que nada hay de esto. En realidad, lo que parece estar ocurriendo es un equivocado proceso de consolidación de la impunidad, y de un pago a quienes se dicen agraviados pero que quién sabe si en realidad fueron o no las víctimas reales del conflicto magisterial. Y por si eso fuera poco, la poca claridad del proceso y la discrecionalidad del pacto, está provocando que las indemnizaciones se conviertan en un auténtico chantaje.

 

RESARCIMIENTO O CHANTAJE

El chantaje, desde el primer momento, estaba a la vista. Por eso, también advertíamos que “todo esto tiene mucho de demagogia. El problema es que desde la sociedad se alimenta eso. Porque unos, verdaderas víctimas, se quedan calladas. Y otros, presuntamente vivales, aprovechan la ocasión para obtener beneficios de oportunidad de ese episodio que, sin duda, fue una auténtica desgracia para Oaxaca”.

Hoy, aquella demagogia que se vislumbraba es, lamentablemente, una realidad. Como a los integrantes de la Cofadappo y de la Limeddh se les entregaron recursos prácticamente de forma discrecional, entonces ya apareció cuando menos una docena de grupos distintos que aseguran ser asimismo víctimas del conflicto y exigen al gobierno estatal la entrega de sendas indemnizaciones por los agravios que dicen haber resentido en sus negocios o finanzas personales.

Ante esto, todas las instancias involucradas debieran preguntarse: si ya llevaron a cabo las primeras indemnizaciones, sin claridad y sin criterios específicos, ¿entonces estarán dispuestas a indemnizar a todo el pueblo de Oaxaca, que de una u otra forma también fue víctima del conflicto? ¿Por qué no iniciaron el proceso de resarcimiento en contra de todas aquellas víctimas documentadas del conflicto magisterial, que derivado de esos episodios fueron lesionadas, vejadas y hasta muertas? ¿Sólo son víctimas los agraviados del gobierno o están haciendo un proceso parejo de reconocimiento? ¿Se darán cuenta del tamaño del problema que están provocando?

El resultado de no planear un proceso tan delicado como este es que, en efecto, muchas de las verdaderas víctimas de aquellos episodios terminen no siendo indemnizadas, no por el hecho de que no les corresponda, sino porque no estuvieron dispuestos a hacer bulla para exigir lo que les corresponde; y el otro riesgo es que, por su capacidad de gritar, terminen siendo resarcidas personas o grupos que en realidad ni tuvieron participación en el conflicto ni resintieron sus consecuencias. Y eso, como bien lo parece, es el peor escenario en el que podría ocurrir el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por un conflicto como el de 2006.

 

QUÉ VERGÜENZA…

Debiera tener la autoridad municipal al reconocer que quitaron el servicio de internet gratuito del Paseo Juárez, por el robo de equipos de cómputo a personas que acudían a ese sitio a utilizar la red. ¿No lo que debieran hacer es reforzar la seguridad? Quizá pensaron que, como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero del peor modo posible…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

El cáncer de mama en las celebridades: un impacto más allá de los escenarios

Paréntesis  Música. Cine. Entretenimiento. Tendencias.  Ismael Ortiz Romero Cuevas Un día como...

Promesas improductivas

Carlos R. Aguilar Jiménez Mientras los ciudadanos se debaten en...

Los candidatos, Litigio Estratégico y el rescate del Río Atoyac

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 20 de mayo de...

CONTRAFUEGO || Democracia a la venta 

Aurelio Ramos M. Es cierto. Con independencia de la...