+ El dilema: no tenemos sentido de legalidad
Es tan relativa la noción que tenemos de la importancia de la legalidad, y de la constitucionalidad, que incluso nuestros poderes federales decidieron que el Día de la Constitución, que debiera ser uno de los más importantes de nuestro calendario cívico y ciudadano, quedara sujeto a los “fines de semana largos”. Esto es tan contradictorio como el hecho mismo de que siempre exigimos que la ley se cumpla… por otros, o por nosotros mismos, pero sólo cuando nos conviene.
El 5 de febrero de cada año está decretado como el Día de la Constitución, porque ese día, del año 1917, fue promulgada la Carta Magna que hoy nos rige. Siempre nos enseñan en la escuela, que la coloquialmente conocida como “La Constitución del 17”, fue la primera en el mundo que recogió y reconoció los también llamados “derechos fundamentales de segunda generación”, que también son conocidos como “garantías sociales” de los ciudadanos, y que emergieron como consecuencia de las grandes transformaciones que sufría el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX, y que se materializaron en acontecimientos trascendentales, como las revoluciones mexicana y rusa, o la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que, además de ello, nuestra Constitución vigente intentó marcar el punto cúspide de consolidación de las aspiraciones, exigencias e intereses de los distintos grupos que protagonizaron la Revolución Mexicana.
En ese sentido, dígase lo que se diga en contra de nuestra Constitución, lo cierto es que ésta ha tratado siempre de adaptarse y reconocer los distintos momentos —por muy cuestionables o antidemocráticos que éstos sean— por los que ha atravesado nuestra democracia y nuestro país.
Es cierto que el proceso de consolidación del régimen post revolucionario pasó por cambios constitucionales, que en su momento fueron necesarios aunque después fueron repudiados por las generaciones posteriores; pero también lo es que el innegable avance democrático que ha tenido nuestro país (porque independientemente de las fallas democráticas actuales, no podemos comparar el México de hoy con el de hace dos o cuatro décadas) también ha pasado por cambios constitucionales, que no son sino expresión de la capacidad de adaptación pacífica de nuestro sistema institucional a las conquistas democráticas ciudadanas, que bien pudieron haber sido conseguidas por la vía de la violencia.
Todo eso, en términos generales, debiera ser motivo suficiente para conmemorar la promulgación de nuestra Carta Fundamental, y también para reafirmar el sentido de respeto que todos los mexicanos debemos tener por ella. Sin embargo, es lamentable que lejos de ello los mexicanos optamos siempre por descalificarla, por tacharla de anticuada o desfasada, y por menospreciar el ineludible sentido de legalidad que debiera prevalecer en torno a su figura y su importancia para la convivencia diaria de todos los ciudadanos.
En esa lógica, los poderes federales siempre buscan desacreditarla o bordearla para evitar su cumplimiento, y los ciudadanos hemos perdido el sentido de la vigencia no sólo de la ley como un documento jurídico, sino como la base del sentido de legalidad que, por si fuera poco, también hemos perdido, o que cuando menos tenemos ampliamente desvirtuado o mermado.
En esas condiciones, queda claro que es imposible —y hasta ridículo— que pensemos en una Constitución nueva, o que desdeñemos a la actual por los cientos de cambios en su redacción que ha tenido. Nada de eso es posible, porque es hasta infantil creer que respetaremos una ley nueva, cuando no respetamos la actual.
Y desestimar los cambios que ha tenido la Constitución, es tanto como vivir en la idea obtusa de que nuestro país tampoco ha cambiado, ni tendría por qué cambiar. Y eso, según parece, equivaldría a querer vivir en el régimen de principios de siglo, dominado al cien por ciento por los caudillos o por las revueltas armadas como vía de conquista del poder político.
Y entonces, no valdrían mecanismos democráticos que nosotros ni tomamos en cuenta por sentirlos naturales: no habría candidatos, partidos, comicios, debate abierto, tolerancia, democracia, sufragio, instituciones electorales, y una participación efectiva de los ciudadanos en la vida democráticos del país.
¿VISIÓN DE FUTURO?
Esa es una pregunta recurrente, que tiene que ver con nuestro presente, y con la situación que se encuentra nuestra Carta Fundamental. Lejos de pensar en una nueva, lo que urge son nuevos planteamientos serios para continuar ese proceso permanente de adaptación y establecimiento de los rieles fundamentales sobre los cuales debe correr nuestra vida democrática. Los cambios razonables a la ley son fundamentales. Pero éstos deben ser precisos y urgentes, y no las ilusiones que, por ocurrencia o inexperiencia, proponen algunos personajes.
Esto está claro desde hace tiempo. Eso era lo que, hace dos años, ya marcaban como urgente algunos intelectuales. En ese sentido, Jorge G. Castañeda decía lo siguiente: “Sin las reformas institucionales —o políticas o de Estado— necesarias para reconstruir el proceso de decisiones en México, ninguna de las otras reformas es factible. Quienes sostienen que antes de abordar lo político hay que resolver… lo fiscal, la seguridad, lo laboral, lo energético de nuevo, etcétera, o bien pecan de ingenuos, o bien apenas disimulan su actitud de obstrucción y sabotaje. Porque a estas alturas (…) no es posible realizar ninguna de las otras reformas, todas ellas necesarias y urgentes, ni tampoco superar los desafíos terribles para el país que implican acontecimientos aterradores (…) sin contar con las instituciones para ello. Quienes alegan que antes de la reelección de legisladores, la segunda vuelta o el referéndum o la iniciativa preferente o las candidaturas independientes hay que… hasta rescatar a los niños huérfanos de Haití, en el mejor de los casos, dicen una quimera y, en el peor, ponen una trampa o una celada…”. (“¡Es el futuro, estúpidos!”, Reforma, 4 de febrero de 2010).
PAÍS SIN RUMBO
No se equivocan quienes dicen que nuestro país está parado. No se equivocan pero tampoco dan la solución. Y es que ésta no radica mayorías abrumadoras o en oposiciones irracionales. Tampoco se encuentra en una nueva consolidación de la partidocracia o de las cuotas. El país, la Constitución, y el régimen institucional necesitan viabilidad. El problema es que esa ruta deseable, hoy no se ve por ningún lado.
