+ Solución: hacer más eficiente acción de Gobierno
No es nueva la tentación de políticos, gobernantes y legisladores, por prometer a la ciudadanía que “reglamentarán” las marchas, plantones y manifestaciones que ocurren en la entidad oaxaqueña. Sólo que la promesa es tan lejana y demagógica, como lo es la eficacia de la acción de gobierno. Por eso, si algo debe normarse es la respuesta oficial a la demanda social, y no las acciones que en sí mismas se encuentran al margen de la legalidad.
En efecto, desde hace años en Oaxaca existe un falso debate sobre la reglamentación de las marchas. Ese “debate” lo han planteado todos aquellos que, tratando de ponerse a favor de los ciudadanos, reconocen que las marchas, manifestaciones y plantones son perjudiciales para la gobernabilidad y para las actividades de los ciudadanos. En sus planteamientos, dicen que la reglamentación de las marchas terminaría con las afectaciones y al mismo tiempo daría a la autoridad las herramientas legales suficientes para hacer cumplir el orden y la ley en los espacios públicos.
Sin embargo, para entender todo esto debiéramos regresar a preguntarnos: ¿Qué naturaleza tienen las marchas, plantones y manifestaciones? Éstas son meras expresiones materiales de inconformidad, que se supone que surgen espontáneamente en la ciudadanía, al haber agotado todos los medios institucionales a través de los cuales solicita servicios, atención o cierta acción a la autoridad.
Al agotarse las vías sin una respuesta positiva, la petición se convierte en exigencia, y entonces se utilizan los canales que están disponibles sólo por la vía de los hechos, pero que en la vía del derecho debieran estar prohibidos. Por eso, todos aquellos que salen a las calles a protestar van exigiendo lo que no se les pudo cumplir a través del ejercicio del derecho constitucional de formular peticiones a la autoridad de manera pacífica y respetuosa.
Ahora bien, ante ese panorama ¿la autoridad necesita de una reglamentación extraordinaria para hacer valer la ley? Queda claro que no. Porque si lo que quisiera hacerse es una defensa a ultranza e intolerante del orden público, entonces cualquiera de los órdenes de gobierno pondría la necesidad de orden en la vía pública, por encima de la posibilidad de que los ciudadanos ejercieran su derecho a pedir y a manifestarse; y, a partir de ello, podría disolver las inconformidades colectivas, o desconocer el derecho que tienen los particulares a salir a las calles a protestar por alguna insatisfacción con la autoridad.
El problema en Oaxaca es que el escenario es particularmente complejo. Queda claro que la autoridad no tiene ninguna potestad, ni disposición, ni tampoco fuerza o legitimidad, para “calendarizar” las acciones de los grupos que se inconforman, o para establecer reglas o lineamientos para que éstos lleven a cabo sus manifestaciones en la vía pública; y, del mismo modo, los grupos que tradicionalmente salen a la calle a manifestarse, lo hacen sin pedir permiso o consensar sus acciones con autoridad alguna.
Y es que con esa sola reflexión se constata que los grupos que se manifiestan, en el fondo van a protestar porque las demás vías de petición están agotadas, y entonces ganan la calle para tratar de hacer valer lo que no se pudo por ninguna otra vía. Si esto es así, ¿entonces cuál debe ser la solución adecuada para atender un problema que, como es visible, no es de normas, sino de gobernabilidad y de eficacia de la acción de gobierno?
GOBIERNO EFICIENTE
La respuesta se encuentra en una posible, aunque prácticamente inalcanzable, mejora en la capacidad de respuesta de los órdenes de gobierno a las demandas de los ciudadanos. Todo aquel que conoce los entresijos de la gobernabilidad de cualquier sociedad, sabe que muchas veces las manifestaciones y las inconformidades se generan no porque las demandas sean inalcanzables o imposibles de cumplir, sino porque en el camino del ejercicio del derecho de petición —y la respuesta oficial, no necesariamente positiva o negativa, que debe recaer a toda solicitud que haga un particular—, cierta autoridad deja de cumplir con sus obligaciones y entonces comienza a generar la presión que finalmente termina traducida en una protesta hecha valer por la vía de las calles.
No obstante, en Oaxaca este primer planteamiento está rebasado por quienes han hecho de la protesta social en las calles, un negocio y un chantaje en el que también existen contubernios con la autoridad. Innumerables grupos de lucha social hoy protestan en las calles sin siquiera pasar por la petición civilizada de servicios o acciones de gobierno; en muchos otros casos, es la misma autoridad la que promueve o fomenta las manifestaciones públicas, con el objeto de legitimar la entrega de ciertos satisfactores que, de otro modo, no podría entregar sin que la ciudadanía, la autoridad o la ley los tachara de inmorales, ilegales o inmerecidos; o en los que, incluso, comparten el beneficio.
E incluso, la protesta ha sido también un negocio de quienes, justamente, han hecho de las marchas y los plantones sendas acciones que buscan demostrar fuerza a los oponentes políticos. Innumerables grupos políticos sacan a sus huestes a las calles ante la menor provocación, con el objeto de chantajear a los grupos contrarios con acciones concretas, o con el solo amago, y así obtener los satisfactores que desean.
El problema es que, en todos los casos, esas demostraciones se encuentran totalmente ajenas al marco legal, y lo que requieren son acciones de fuerza por parte de la autoridad pero sólo para aplicar las leyes que ya existen. Por esa razón, sería demagógico, poco útil y hasta una demostración de la nociva sobrerreglamentación de las sociedades predemocráticas, el intentar normar esas acciones que necesitan remedios a partir de otras vías.
GOBIERNO FIRME
Por todo ello, lo que sí es indispensable para este y cualquier otro escenario en la entidad oaxaqueña, es una acción de gobierno contundente y capaz de dar respuesta a los planteamientos que están a su alcance, pero también para dejar bien claro que no habrá posibilidad de chantaje o de contubernio. Haciendo eso, se podría hacer mucho más de lo que se intenta con interminables mesas de diálogo y negociaciones, que sólo terminan agravando la gobernabilidad y la forma de los arreglos entre el gobierno y los particulares. Hoy existe un problema grave. Ojalá que haya voluntad para buscar soluciones de verdad de fondo a este conflicto recurrente.
