+ Matrimonios gays, conflicto trascendente
Hay aspectos estrictamente objetivos que ponen a prueba la capacidad de adaptación de las decisiones políticas que se toman en función de la mera conveniencia y el pragmatismo político. Aunque en Oaxaca existe una coalición de partidos determinada en gran medida por las fuerzas de izquierda, y que en gran medida ellos tienen influencia tanto en el Congreso local, como en la representación oaxaqueña ante las cámaras legislativas federales, aquí existen enormes resistencias para entrar a la discusión de temas que, en otras entidades, son defendidos y abanderados justamente por las fuerzas partidarias más progresistas. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Oaxaca provoca una discusión escandalosamente vergonzosa, porque quienes debieran impulsarla prefieren continuar en la omisión.
En efecto, es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional (fundada en la primacía constitucional de los derechos fundamentales, como el relativo a la no discriminación por la causa que fuere) está encaminada hacia la ampliación total de los derechos.
El problema es que en la entidad, una discusión (legislativa, social, y a veces hasta informal) como esa, queda irremediablemente atrapada entre el conservadurismo de la sociedad, los atavismos de ciertos grupos sociales, y las viejas tendencias a considerar que la discriminación por razón de preferencias sexuales es “normal” —y hasta justificada—, debido a que vivimos en una sociedad “de machos”.
Materialmente, parece complicada la posibilidad de que un debate de esos pueda trascender de lo social a lo legislativo. Y sin embargo, nos topamos con la paradoja de que hoy tanto el gobierno estatal, como una parte importante del Poder Legislativo local, están determinados por las fuerzas de izquierda, que en otras entidades de la República han sido quienes han encabezado con todo denuedo la lucha a favor de derechos de las minorías, como el que tienen las personas del mismo sexo a contraer matrimonio legal, y adquirir los derechos y obligaciones que ese acto trae aparejados; o que, en su caso, la ley contemplara una figura jurídica distinta del matrimonio, para proteger y dar seguridad jurídica a las parejas del mismo sexo.
Y es que aún con todo eso, en Oaxaca el Código Civil continúa estableciendo que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La ley civil continúa teniendo esa redacción, a pesar de que desde hace varias Legislaturas locales, las fuerzas de izquierda han tenido una representación importante, y que al menos en los últimos años ha tenido una presencia legislativa determinante, que bien podría haber empujado ya una reforma que —viéndolo desde una perspectiva garantista y no atávica— impulsara a Oaxaca no específicamente como una entidad “gay-friendly” (amigable con los gays), sino más bien como un estado en el que se reconocen y garantizan los derechos “tradicionales”, pero también los de las minorías, que ya se encuentran tutelados por la Constitución de la República —y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México, que también son ley suprema del país—, y que por ende debieran ser refrendados por las normas jurídicas estatales.
RESISTENCIAS
El problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos.
Y es que, en este caso, la Primera Sala de la Corte atrajo un recurso de revisión en el que diversas autoridades estatales impugnaron un amparo, en el que un juez federal declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil local, y ordenó que no le fuese aplicado a una pareja, conformada por dos mujeres, que había solicitado a la Dirección del Registro Civil su deseo de contraer matrimonio, y que cuyo acto les fue negado en virtud de que el Código Civil local establece que éste sólo puede realizarse entre un solo hombre, y una sola mujer y que, en el caso del recurso de revisión que interpusieron las autoridades oaxaqueñas a la resolución del juez federal, establecen que una demanda sobre omisión legislativa debe sobreseerse, porque no es posible obligar al Congreso a realizar una reforma.
Este caso específico, cobra trascendencia nacional porque en el estudio que realice la Corte podrá analizarse cómo se deben proteger los derechos a la igualdad, identidad y no discriminación en razón de la preferencia sexual, así como el alcance a la protección de la familia contenida en el artículo cuarto constitucional. Todo esto, además de que a partir de ello podrían definirse criterios generales relacionados con las omisiones legislativas, y protección a ciertos derechos como el de la identidad, la igualdad y la no discriminación.
Sin embargo, y más allá de lo estrictamente jurisdiccional, lo que queda en el fondo es el cuestionamiento no sólo por las endebles convicciones de la izquierda oaxaqueña respecto a causas que son abanderadas nacionalmente por esos partidos, pero que en Oaxaca simplemente se dejan pasar como si no fueran importantes, o como si no fueran parte de las agendas nacionales a las cuales ellos debieran estar ceñidos.
MALAS JUSTIFICACIONES
Todo esto, además, choca con otras cuestiones. Una de ellas, que ha sido justificación de coaliciones como la oaxaqueña para no entrar en ese tipo de temas, radica simplemente en que como esos temas no fueron establecidos en la agenda de trabajo aliancista, entonces no habrán de ser tocadas. ¿Y dónde queda la convicción política e ideológica de cada partido? Lo que se revela es que las alianzas están hechas sólo para ir por el poder. Casos objetivos, como éste, así lo demuestran.
