+ Si no hay experiencia, entonces que no concursen
El proceso para elegir a los integrantes de la nueva Comisión de Transparencia, parece ir para ningún lado. El proceso de elección va más allá de la mitad, y resulta que los diputados de la LXI Legislatura siguen sin confiar en los procedimientos y responsabilidades que ellos mismos establecieron, y ahora se dicen preocupados por la falta de preparación, experiencia y/o independencia por parte de quienes aspiran a esos cargos. Lo que queda claro, de nuevo, es que los diputados no saben qué están eligiendo.
En efecto, fueron los mismos diputados quienes, por un consenso, emitieron una convocatoria a través de la cual establecían los pasos a seguir para el registro y la elección de los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información. Esa convocatoria, en resumen, invitaba a inscribirse a todas las personas interesadas en el cargo, que cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución del Estado.
Después, establecieron, se llevaría a cabo la revisión documental de los expedientes relativos a cada uno de los aspirantes, para luego determinar quiénes sí cumplían con lo establecido por la convocatoria, y ser llamados a comparecer ante la Comisión Instructora para que los entrevistara y ahí expusieran sus respectivos proyectos de trabajo como aspirantes al cargo de Comisionados. Finalmente, se estableció que la elección de cada uno de los tres Consejeros se realizaría mediante ternas elaboradas por la Comisión Instructora, que serán sometidas a la consideración del pleno, quien deberá elegir a cada uno de ellos por mayoría calificada.
La respuesta a esta convocatoria fue nutrida. Sólo para competir por los cargos de Comisionado se inscribieron al proceso más de cuarenta personas. Había de todo: servidores públicos, académicos, periodistas, “investigadores” y hasta personas sin mayor mérito, que simplemente decidieron poner a prueba a las instituciones y participar en un proceso que, según se decía, estaba abierto a toda la sociedad por implicar nada menos que la integración de un órgano autónomo.
De esas cuarenta personas, la Comisión Instructora estableció que unas 28 sí cumplían con los requisitos establecidos por la Constitución y la convocatoria, y la semana pasada se llevaron a cabo las entrevistas respectivas a cada uno de los aspirantes. Según lo establecido, lo único que quedaría pendiente es que la Comisión Instructora determine quiénes serán los integrantes de cada una de las ternas, y se lleve a cabo la sesión en la cual se someterá a votación el dictamen respectivo.
¿Cuál es el problema? Que a estas alturas comienzan a brotar dudas sobre la viabilidad del proceso, y no precisamente por parte de los participantes sino, paradójicamente, de quienes se supone que tienen la responsabilidad permanente de velar por su correcto cumplimiento y por la preservación de los principios constitucionales relativos al derecho de acceso a la información.
Y es que según hemos visto en los últimos días, diputados como Margarita García García y Alejandro López Jarquín, han manifestado cuestiones que sí revelan preocupación, pero que lo hacen respecto a temas con los que ellos mismos deberían estar comprometidos y vigilantes como diputados que son de la Legislatura que ha sido la encargada de renovar a todos los órganos autónomos que establece la Constitución del Estado.
PREOCUPACIÓN PATÉTICA
Por ejemplo, en una entrevista publicada ayer en el periódico Noticias (Pág. 13-A), el coordinador de la fracción perredista, Alejandro López Jarquín, decía lo siguiente: “aunque por ley se pide experiencia probada en materia de transparencia, la mayoría de los registrados no cubre ese requisito, lo que constituye un punto muy preocupante. Hay candidatos con mucha capacidad, por ser maestros o doctores en Derecho, pero no tienen experiencia probada en materia de transparencia.”
Luego, rompiendo con el equilibrio mínimo que se supone que debe tener alguien que va a formar parte de un cuerpo electoral, el diputado López señalaba lo siguiente: “En cuanto a los ocho recomendados de Genaro Vásquez, son personas que trabajan en la Comisión de Transparencia, y traen la recomendación de Vásquez Colmenares para mantener el estado de cosas al interior. Ellos representan favores de la pasada administración estatal.” Por eso, remataba, “es muy difícil que reciban el respaldo de la LXI Legislatura”.
¿No es ridículo lo señalado por el diputado? Y es que, en primer término, si no es con méritos académicos, profesionales y de experiencia en el servicio público, ¿cómo quiere que alguien dé certeza de su “experiencia probada en materia de transparencia”? Porque si, según el diputado, se atiende sólo a los antecedentes académicos, son insuficientes los méritos por ostentar el grado de maestro o doctor en derecho. Si se atiende al servicio público, tampoco hay quien cubra el requisito.
Y, bueno, si nos ponemos estrictos, los únicos que podrían cubrir ese aspecto serían justamente los empleados del IEAIP, quienes sí tienen experiencia probada en materia de transparencia, pero que según López Jarquín —y en eso no se equivoca— fueron enviados por Vásquez Colmenares, aunque quién sabe si para preservar los intereses del anterior régimen… o para algo menos elevado, como la conservación de la chamba.
Ahora bien, veamos a la diputada García, que ayer también en las páginas de Noticias (Página 6-A) señalaba que “ya el Congreso carga con la duda publica sobre la designación de los órganos autónomos anteriores y esta ocasión, sociedad en general, diputados y diputadas queremos participar de un proceso transparente que cumpla a cabalidad los designios de la ley y los requerimientos éticos que puedan darle verdadera legitimidad a un órgano autónomo.”
¿SON O NO SON?
Ese “proceso transparente” del que habla la Diputada sólo puede ser vigilado… ¡por ellos mismos! ¿O a poco ella fue ajena a la “elección” de Arturo Peimbert, de Carlos Altamirano o de Alberto Alonso Criollo? Si la diputada García está tan preocupada por la responsabilidad de los diputados, ella y los otros 41 diputados son los únicos que pueden hacer algo para modificar eso, antes que darse golpes de pecho, falsos, ante la ciudadanía. Y qué decir del diputado López: está gravemente extraviado en sus propias concepciones sobre la experiencia probada y los méritos profesionales de los aspirantes. Ojalá y éste no sea el preámbulo para la derrota anticipada de la democracia y, en este caso, de la transparencia.
