Transparencia y el PRD: dados cargados, de nuevo un hecho en Oaxaca

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+ Congreso: hay intereses que no se pueden ocultar

Ayer, con motivo de una actividad de un organismo aparentemente civil, la fracción del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado demostró que su suerte, y sus complicidades, están echadas respecto a la integración de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Rompiendo toda regla de equidad, de decoro y hasta de prudencia, los integrantes de la fracción perredista ocuparon un acto de fines académicos para destapar a quien será su carta fuerte para esa Comisión. Eso, de nuevo, pone en evidencia que la democracia es sólo un juego de simulación para ellos, porque finalmente todo lo terminan arreglando en base a componendas e intereses que nada tienen que ver con los órganos autónomos.

En efecto, desde el medio día de ayer jueves, circulaba en redes sociales una foto en la que aparecían, sonrientes, los diputados Alejandro López Jarquín y Francisco Martínez Neri, coordinador de la fracción del PRD, y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, respectivamente, con Juan Gómez, que es aspirante a consejero de la Comisión de Transparencia e integrante del llamado Capítulo Oaxaca de la Amedi. Nada tendría de raro todo esto, si no fuera por el contexto en el que se dio ese “respaldo”, y la forma en cómo la candidatura de Gómez se ha manejado dentro mismo del Congreso, como carta fuerte de la fracción perredista para el cargo de Comisionado de Acceso a la Información.

Esta fotografía es punta de lanza de algunas cuestiones, que debemos ir desglosando una por una. Pues en primer término, los mismos asistentes a ese evento —en el que se valieron del prestigio de un investigador y, ese sí, académico de la talla de Raúl Trejo Delarbre, para “aperturar” una cátedra sobre derecho a la información—  aseguran que en realidad todo tuvo como telón de fondo la intención de la fracción perredista, en pleno, de capitalizar el acto hacia la elección de Consejeros para la Comisión de Transparencia.

Eso, desde el ángulo que se le quiera observar, implica el rompimiento de las reglas mínimas de equidad que los diputados mismos establecieron como forma mínima para la elección de consejeros. Y es que, es cierto, como fracción parlamentaria, el PRD tendrá una propuesta. Sin embargo, el pésimo mensaje es que una vez más el “proceso” para elegir Consejeros de Acceso a la Información será una tomada de pelo, pues todo, o quizá alguno sector importante del aparato gubernamental (como en los viejos tiempos priistas) se está moviendo para respaldar a un personaje (Juan Gómez) que sólo ha sido empleado, y ha servido como instrumento para fines que nada tienen que ver con el genuino derecho a la información, y que más bien están asociados al hecho de que Amedi hasta ahora ha sido el brazo golpeador de algunos que, desde el poder, intentaron enderezar una embestida fulminante contra los medios de información en Oaxaca. Por eso, según parece, hoy reclaman su cuota de poder.

Del mismo modo, es un mal mensaje que los diputados López Jarquín, Martínez Neri, y Everardo Sánchez, descarada y abiertamente utilicen recursos públicos para promover públicamente a quien será su propuesta, pues rompe con el principio de equidad con respecto de los demás contendientes. De hecho, aseguran que la biblioteca Francisco de Burgoa fue facilitada por intervención del propio Martínez Neri, en su calidad de ex rector de la UABJO, de la que depende el mencionado recinto.

Y, ahora bien, existe un último cuestionamiento que hoy se menciona con insistencia dentro del propio Congreso. En varios encuentros, la fracción perredista ha asegurado que Juan Gómez es uno de los favoritos para convertirse en su propuesta, porque es el único de los aspirantes que tiene méritos académicos.

Qué limitaciones demuestran los diputados al asegurar lo anterior. Pues pareciera que más de uno se ha ido con la finta de que, a partir del membrete que Gómez y otros personajes utilizan en Oaxaca, en realidad realizan trabajo académico y no la labor de golpeteo político y mediático, que está a la vista de todos.

El mérito académico surge de la posibilidad de demostrar y acreditar capacidades y aportes intelectuales y científicos, a través de publicaciones especializadas en una materia, y en la impartición de cátedras específicas. En un plano secundario se encuentra la posibilidad de acreditar esos méritos a través de los grados académicos obtenidos a través de la acreditación de estudios específicos. Es evidente que, en este caso, Gómez y sus compañeros de Asociación no figuran en uno u otro rubro. Y es claro que entre los aspirantes sí existen personajes con todos los méritos posibles, que sin embargo están siendo desdeñados por la satisfacción de las cuotas y los compromisos entre grupos políticos.

 

INCONGRUENCIA

Amedi ha criticado —incluso hasta el inadmisible grado del insulto—, a quienes, según ellos, “viven” de la publicidad oficial. Sin embargo en este caso, en que la fracción parlamentaria del PRD mantiene una relación comercial con algunos medios de comunicación (la llamada “publicidad institucional”, aspecto que ha combatido Amedi), los integrantes de esa Asociación ahora olvidaron su postura sobre la publicidad, y cómodamente promovieron, desde los espacios pagados por el PRD, a su candidato Juan Gómez. Los integrantes de esa supuesta “liga de la decencia” de los medios informativos (en los que nunca han trabajado), quizá pensaron que así tendrían asegurada la cobertura.

Es decir, ante todo esto, bien cabe la presunción de que se usó dinero público, por la vía de la fracción perredista, para la promoción de actividades ajenas al Congreso, pues lo que se sugiere con la presencia de todos los mencionados en esta “cátedra”, es la promoción de este personaje, Gómez, que aspira a ser parte de la Comisión de Transparencia no por sus méritos, sino por ser el pago de una cuota.

 

¿QUIÉN PAGÓ?

Finalmente quedan algunos detalles que debían ser transparentados: ¿Quién pagó el boleto de avión, hospedaje y demás gastos de Raúl Trejo? ¿Lo hizo el Tribunal Estatal Electoral, de donde es empleado Gómez, y cuya presidenta, la magistrada Mireya Santos, estuvo en primera fila? ¿Fue el Congreso? ¿O todo se pagó de la bolsa de quienes integran Amedi? Lo que queda claro es que esta fue, más bien, una cátedra de cómo terminar de destruir lo que quedaba de credibilidad y de responsabilidad del Congreso para integrar los órganos autónomos. Qué lamentable.

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