Brigadas Bienestar: ejemplo de lo que no debe pasar

 

+ Improvisación y uso partidista, son los antecedentes

 

Las Brigadas Bienestar son un ejemplo claro de que, lo que mal comienza, mal acaba. Ese programa social, que formalmente fue creado al arrancar la pasada administración para abatir rezagos sociales específicos, trajo siempre aparejados una serie de problemas que fueron inherentes a su formación: por un lado, los afanes políticos que en su momento tuvo el PRI alrededor de ese programa; por el otro, la improvisación administrativa que siempre caracterizó a las antiguas Unidades Móviles para el Desarrollo; e incluso la miopía actual por rescatar los aspectos funcionales de ese Programa, antes que desaparecerlo.

En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. Pues la historia de desencuentros respecto a las Unidades Móviles, luego convertidas en Brigadas Bienestar, comenzó —valga la redundancia— desde el inicio. Este programa fue, en gran medida, creación del extinto Miguel Ángel Cuellar Aguilera. Éste, que fue su iniciador y primer Coordinador General, planteó la existencia de grupos de trabajo que fueran hasta las comunidades a llevar servicios básicos de gobierno, salud, desarrollo y asesoría técnica en diversos temas. El objetivo era que los habitantes de comunidades alejadas no pagaran, y no tuvieran que ir hasta la cabecera distrital o municipio importante más cercano, a recibir una consulta médica, asesoría en temas relacionados con el campo, o servicios como los del Registro Civil.

El problema es que junto a ese objetivo loable venían otros de claras motivaciones partidistas. Desde el inicio del programa, todos los líderes de las unidades fueron enviados desde el PRI Estatal. La idea era que, en cada comunidad, por la mañana cumplieran con sus funciones formales, pero que por las tardes hicieran trabajo político a favor del entonces partido gobernante. Por eso las Unidades Móviles siempre fueron encabezadas por funcionarios con fuertes ligas con el priismo. Y por eso mismo, siempre hubo particular cuidado en que la plantilla de las Unidades fuera funcional, y que según las evaluaciones cumpliera con los objetivos políticos que desde el inicio se habían trazado.

El problema es que el gobierno de Ulises Ruiz nunca hizo algo para que su programa social estrella dejara de ser algo jurídicamente improvisado. De hecho, las Unidades Móviles fueron el ejemplo perfecto de mucho de lo que se hacía en ese gobierno: ideas relativamente brillantes pero sumamente cortas, siempre encaminadas al trabajo de ingeniería electoral enmascarado de preocupaciones sociales genuinas, y siempre puestas en marcha sobre las rodillas. En este caso, las Unidades siempre fueron un programa superficial, que funcionaba por la voluntad del Gobernador, pero que nunca tuvo estabilidad o fuerza jurídica alguna. ¿Por qué?

Porque la Coordinación de las Unidades Móviles siempre existió a través de ordenamientos menores (simples acuerdos o decretos emitidos unilateralmente por el Ejecutivo, que por ende no tienen la fuerza o la estabilidad que relativamente otorga una ley) y su integración se dio por las cesiones de plazas que fueron ordenadas para cada Secretaría.

Y es que, administrativamente, las Unidades Móviles nunca fueron autónomas. Parte de sus recursos venían de Coplade. Y su personal era, todo, nominalmente comisionado para esas tareas, desde cada una de las Secretarías, Direcciones y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado.

Es decir, que las Unidades existían en los hechos, pero no tenían sustento ni organización formal. Y por eso, eran tan endebles —y su personal tenía tantas cargas de manipulación política por el anterior régimen— que, sólo por una cuestión de imagen, la nueva administración se tardó dos años en liquidarlas.

 

BRIGADAS DE LA POLÉMICA

Quizá no se recuerde, pero luego del triunfo electoral del grupo del ahora gobernador Gabino Cué, en julio de 2010, la primera protesta que ocurrió en contra del gobierno la encabezaron justamente los trabajadores de las Unidades Móviles.

Éstos empleados, que se prestaron a una burda maniobra de manipulación y chantaje, se movilizaron a mediados del mes de julio de aquel año, argumentando que con esas manifestaciones exigían al gobierno agonizante de Ulises Ruiz que les diera estabilidad laboral (Contratos de Base, pues…), ante un anuncio —que seguramente en ese tiempo era ya intención del gobierno electo, pero que en ninguna forma había sido declarado formalmente— de que en la nueva administración se despedirían a todos los que participaron en los programas sociales del gobierno que había perdido las elecciones.

Cuando eso ocurrió, el gobierno de Ruiz dejó correr la protesta, la inquietud y el temor; y lejos de controlar a los empleados de las Unidades Móviles que anunciaban un despido inminente, alentaban de forma silenciosa a que otros empleados de confianza protestaran también, con el objeto de presionar al gobierno electo para que se comprometiera a no despedir masivamente a los empleados que habían operado los programas sociales, que también tenían claros tintes políticos.

Finalmente, el gobierno electo se comprometió a revisar la permanencia de los trabajadores. Con esa aceptación, tuvo que permitir la continuación de las Unidades Móviles. Sólo que una vez que inició el nuevo gobierno, éstas fueron despojadas de la gran mayoría de sus servicios, y fueron adscritas a la Secretaría de Salud para que se dedicaran a la promoción y atención de la salud. Como era de esperarse, el gobierno nunca tuvo intención de mejorar la condición laboral o salarial de los trabajadores de las Brigadas. Y finalmente les dieron el golpe final hace unos días, cuando decretaron su desaparición.

El problema, en todo esto, es que queda claro que el gobierno actual desapareció ese programa sin reemplazarlo. No hay claridad ni certeza sobre la no necesidad de esas Brigadas ante la existencia de servicios de salud establecidos. De los demás servicios, ni hablamos. En el fondo queda claro que las desaparecieron por haber sido estructuras priistas —que tampoco demostraron mucha eficiacia— y no porque necesariamente fueran infuncionales.

 

¿QUÉ SIGUE?

Seguramente continuará una batalla jurídica entre quienes se resistan al despido. Pero esto también marcará el inicio de una historia que, dentro de unos años, podría terminar igual. Esto, si continúan las ocurrencias en programas sociales, y si al sucesor de Cué se le ocurre eliminar el programa Bienestar, igual que como ahora lo hicieron con las Unidades Móviles.