+ Convertir el PTEO en ley sí es posible
En las condiciones actuales, la lucha de la Sección 22 del SNTE parece únicamente encaminada a la victimización y las lamentaciones. Pues aunque intentan usar toda su fuerza para doblegar al gobierno y Congreso del Estado, y hacer ley su Plan por la Transformación de la Educación en Oaxaca, lo cierto es que están destinados a perder. Ese camino irremediable, parte de su incapacidad para controlarse y de su proclividad por la beligerancia, y no del hecho de que exista una especie de conspiración en su contra.
En efecto, ayer el representante de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Oaxaca de la Secretaría de Educación Pública, Roberto Ledesma Solares, consideraba en entrevista con TIEMPO, que con la constitucionalización a nivel federal de la reforma en materia educativa, ahora lo importante radicará en la elaboración de las leyes secundarias que reglamenten lo recién establecido en el nuevo artículo tercero constitucional. Esta cuestión debiera ser fundamental para una lucha de verdad razonada por parte de la Sección 22, en lugar de forzarnos a todos los oaxaqueños, a un nuevo “tour de force” para tratar de alcanzar sus objetivos políticos y no educativos. ¿Por qué?
Porque desde antes de la reforma educativa —y a pesar de los dichos forzados de quienes veladamente intentan defender la postura radical del magisterio oaxaqueño— se sabía que la visión federal sobre la evolución educativa ya había arrollado a prácticamente todos los argumentos y justificaciones de la Sección 22. Más allá de las pasiones políticas o la militancia sindical, todos saben que la propia Alianza por la Calidad en la Educación ya contenía muchos de los temas que el magisterio oaxaqueño daba por inexistentes, y en los cuales justificaba su resistencia a dicho plan. Obviamente, todo ese contenido pasó a la reforma constitucional, y será ley cuando se establezca la reglamentación secundaria. Si la Sección 22 fuera inteligente y razonable debiera tener esa legislación federal como su objetivo principal de lucha en estos momentos.
Es evidente que la Sección 22 tiene la fuerza suficiente para hacerse escuchar, y ser tomada en consideración, aquí en Oaxaca o en la capital del país, por los gobiernos estatal y federal o por los Congresos en esos ámbitos. En ese contexto, la 22 no tendría ningún problema para exigir un espacio en los foros legislativos de discusión, y en las mesas de expertos que están instaladas entre el Congreso federal y la SEP para la elaboración de las normas en materia educativa que reglamenten el contenido de la reforma constitucional.
El problema, sin embargo, es que la Sección 22 confunde la fuerza con la beligerancia. Pues cuando asumimos que podría tener la fuerza suficiente, y hasta sobrada, para hacerse presente, a cualquier nivel, en los foros educativos y en la discusión legislativa sobre la educación, es porque éstos tienen cierto grado de legitimidad y de representación de un sector educativo importante que es nada menos que el de buena parte del sureste del país. Lo lamentable es que ellos no asumen esa fuerza, y más bien la confunden con la capacidad de movilizarse, de abandonar las aulas, de presionar al poder público por la vía de facto, y por su capacidad por bloquear, gritar y hacerse presentes a través de las formas más irracionales conocidas hasta ahora.
Eso es lo que, al final, los termina marginando de todo: Los margina su beligerancia, su incapacidad para controlarse, su intolerancia y la excesiva proclividad que tiene hacia la movilización y hacia los métodos radicales. Por eso, solos se cierran las puertas en todos los foros serios donde sí se decide el futuro de la educación; por eso —y no porque en esencia sus argumentos sean equivocados— tienen una imagen y una opinión fuertemente desacreditadas que finalmente lo que provocan es que se cancelen sus posibilidades de ver materializados, y operantes, sus planteamientos traducidos en ley.
EL CAMINO: LA DEMAGOGIA
La Sección 22, a la vista de todos, sigue un camino errado, y lo más preocupante es que no parece estar ni siquiera preocupada por su decoro y por la inviabilidad de sus propuestas. Pues mientras ellos deberían estar dando la batalla en la capital del país, y ante las cámaras legislativas federales para que allá se tomen en consideración sus planteamientos y los incluyan en las leyes secundarias que ya se preparan, ellos insisten en continuar una guerra de movilizaciones y presiones aquí en Oaxaca.
Además, los profesores democráticos de Oaxaca exigen que su reforma sea establecida en la Constitución local y se implemente por potestad “soberana” del gobierno estatal, aún cuando casi el total de todos los recursos que se aplican provienen de la Federación. Por si esto fuera poco, el magisterio oaxaqueño exige una reforma en contrasentido a la federal. Pues ésta busca la devolución de la rectoría educativa al Estado, pero la 22 plantea una reforma que consolide el poder de la educación en el sindicato y termine de entregar la institución reguladora de la Educación (el IEEPO) al magisterio, para que éste lo maneje con más discrecionalidad de la que hoy goza.
Al final los únicos dos caminos son la ley o la demagogia: el camino de la ley debiera radicar no en la claudicación de las convicciones del magisterio, sino en el abandono de sus estrategias de beligerancia para entrar en un proceso de negociación en el que se incluya su visión en la reforma que hicieron los partidos políticos nacional a los que ellos consideran como sus adversarios. El camino de la demagogia es el que siguen actualmente. Lo más que lograrán, con él, es reiterar al público sus capacidades de choque y de presión. Pero, sin duda, no podrán conseguir la inclusión de sus planteamientos o una victoria de la cual puedan presumir a largo plazo.
Quizá, en el más real de los escenarios, consigan que en Oaxaca el gobierno y el Congreso no toquen sus intereses. Sin embargo, eso no significará que su PTEO funcione o que su visión de la reforma educativa —que debiera ser lo auténticamente trascendental— se consolide en ley y trascienda a su poder actual.
AUTONOMÍA MUNICIPAL
No sólo con el tema de las constructoras y de la obra pública, el Gobierno del Estado sobrepasa la autonomía de los municipios. ¿A alguien le preocupa, por ejemplo, que los Módulos de Desarrollo sean quienes “validen”, entre los municipios y el Congreso, los Planes Municipales de Desarrollo? La inconstitucionalidad, a todo lo que da. Abundaremos.
