Asociaciones Público-Privadas: no a la opacidad

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La semana pasada, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el proyecto de la Ley de Asociaciones Público-Privadas mediante el cual, de acuerdo con el comunicado oficial enviado al respecto “se favorecerá la inversión en infraestructura social” en Oaxaca. Esto, sin embargo, revivió los fantasmas sobre el potencial fraude y el quebranto a las arcas estatales debido a que bajo un esquema muy parecido se construyeron los complejos administrativo y judicial que hoy tienen hipotecadas las finanzas públicas de la entidad.

En efecto, la pregunta que resalta de inmediato es la siguiente: ¿vamos en camino a lo mismo? Porque si bien recordamos, la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial se financió a través del esquema de Proyectos de Participación en Sociedad (PPS) que, en los hechos, es una de las tantas formas que pueden tener las asociaciones público privadas para ejecutar obra a favor del gobierno, con recursos de particulares, y que para efectos legales y financieros, no tiene el escandaloso carácter de “deuda pública”.

¿Qué pasó en el gobierno de Ulises Ruiz? Que bajo el esquema de los PPS se contrató la construcción de las obras de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, tanto a la banca comercial y como a empresas particulares que, juntas, generaron una deuda que hasta el momento no está del todo clarificada, pero que, en conjunto, pudo haber rebasado los cinco o siete mil millones de pesos.

Si ese monto ya es de por sí escandaloso, todo se agrava ante el hecho de que tanto para la contratación de la deuda, como para la asignación de la obra, el Congreso le dio un margen amplísimo de discrecionalidad al gobierno de Ruiz; que los ejecutantes de la obra fueron los mismos que la contrataban; y que como deudores y acreedores eran los mismos, esto generó un incremento exponencial en el costo de las obras.

Así, si originalmente la construcción de Ciudad Administrativa tendría un costo de menos de 400 millones de pesos, al final ésta terminó costando más de dos mil millones, que se pagarán en un lapso de 15 años. Y sobre Ciudad Judicial no podemos citar ejemplos, porque no existen cifras públicas exactas, ni detalles, sobre quién construyó, cómo lo hizo, cuánto costó, y bajo qué condiciones fueron contratadas la obra y la deuda para su ejecución.

¿Por qué pudo el gobierno de Ruiz hacer ese millonario negocio? La respuesta está en lo que dispuso el Congreso al respecto. Pues en 2005 —cuando se inició la construcción de Ciudad Administrativa— no existía legislación que reglamentara ese tipo de contratos. Por eso, el Congreso mediante un decreto autorizó al Gobernador del Estado a que contratara la edificación de los complejos administrativos, y lo facultó para que fuera éste quien contrajera las obligaciones, para que estableciera los mecanismos de ejecución y supervisión, y para que éste definiera la forma en que serían construidos los conjuntos de edificios.

Lo que, en resumen, otorgó el Congreso al gobernador Ruiz, fue un altísimo grado de discrecionalidad en cuanto a la decisión de la obra, el monto de la deuda y las condiciones de construcción (esto se explica, mas no se justifica, por el hecho de que entonces la mayoría legislativa la tenía el mismo partido de donde había emanado el Gobernador del Estado).

Y ese grado de discrecionalidad, combinado con la voracidad y las torceduras de quienes en el sexenio de Ruiz llegaron al poder para enriquecerse vorazmente, fue lo que permitió que el costo de las obras se multiplicara, que para ganar más se dispusieran ampliaciones de deuda y se relajaran las medidas de supervisión sobre la forma de construcción y los materiales utilizados, y para que finalmente las arcas públicas quedaran hipotecadas por más tres lustros, sin que existiera forma alguna de que las administraciones siguientes sancionaran ese descomunal provecho que sacaron de la construcción de obras que no eran prioritarias ni indispensables para el funcionamiento del gobierno en la entidad.

 

QUE RESPONDA EL CONGRESO

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Congreso con motivo de la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, ésta “dota a Oaxaca de una alternativa moderna y eficiente de financiamiento con relación a los métodos tradicionales de inversión, basados en recursos presupuestales ordinarios o derivados del crédito público”. Más allá de lo que dicen los diputados (que, obvio, nunca hablarán mal de una ley que ellos mismos aprobaron), es necesario que se respondan puntualmente algunas preguntas.

Lo primero que debe quedar claro es qué aprobaron los diputados. Ellos, en sus afirmaciones, hablan maravillas de la ley de marras, aunque en realidad los oaxaqueños (la ciudadanía que sí está interesada en los temas públicos) no conocemos el contenido de la ley, ni sus alcances. Esto por la sencilla razón de que no existe un solo método eficaz por parte del Legislativo para dar la máxima publicidad posible a los proyectos de ley que someten a la consideración del pleno. Aunque ya festinaron la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, lo cierto es que nadie conoció previamente su contenido y tampoco podrá hacer mucho cuando se publique en el Periódico Oficial y adquiera plenamente la calidad de ley.

Otro aspecto que los oaxaqueños conoceremos únicamente cuando esto se ponga en práctica, es qué tanta transparencia y equidad genera esta figura. Porque si la obra pública es el mayor negocio y lo más codiciado de cualquier administración para beneficiar a sus cercanos y pagar compromisos económicos o políticos, habrá que ver con qué tanta pulcritud se implementan esas Asociaciones en los hechos, y también habrá que corroborarse si en realidad lo harán con transparencia y equidad, o si esto será ocasión para que beneficien a grupos y constructoras “amigas” con contratos que, si bien necesitan inversión, generan dividendos millonarios durante plazos no menores a los quince años.

 

MILLONARIOS

Toda obra pública debe tener una utilidad, para quien la ejecuta, de cuando menos el 30 por ciento del valor total de la misma. Si hoy los constructores oaxaqueños se pelean hasta para que les asignen construcción de banquetas porque toda la obra está acaparada en pocas manos, ¿habrá forma de que la industria de la construcción oaxaqueña saque algún beneficio de las APP’s? ¿Ya pensamos a cuánto asciende el 30% de 4 ó 5 mil millones de pesos? De ese tamaño es el negocio. Sólo es cuestión de tiempo para que lo veamos.