+ ¿Cuándo, procesos “impecables e implacables”?
No hay razón objetiva alguna para pensar que los procesos judiciales que se siguen al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, podrían ser “modelo” para perseguir a otros ex mandatarios sobre los cuales, como en el caso de Ulises Ruiz en Oaxaca, pesan serias acusaciones por desfalcos y ejercicio indebido de su autoridad y atribuciones. Si bien a Granier lo podrían procesar dado el momento político en que se revelaron sus excesos, lo cierto es que un ejercicio pleno de justicia tendría que ir por mejores caminos que esos, que por ningún lado se vislumbran en nuestra entidad. Veamos por qué.
En efecto, queda claro que la principal motivación de los procesos judiciales que se le siguen al ex Gobernador de Tabasco y a varios funcionarios de su administración, es política. El encendido ánimo del gobernador Arturo Núñez en contra de su antecesor, parte del hecho de que uno y otro son adversarios personales, que pertenecen a partidos, a grupos y a momentos políticos distintos, pero sobre todo a que el gobernador Núñez pretende establecer, por una conveniencia y de legitimación política bien definida, un punto de referencia en la persecución a ex funcionarios que se excedieron en sus funciones.
En esa lógica, puede entenderse perfectamente por qué el gobernador Núñez declaró, desde el primer día de su gobierno, que el ex mandatario Granier había saqueado las arcas estatales, que las cuentas del gobierno tabasqueño habían quedado vacías (incluso sin fondos para pagar los salarios de la burocracia al comienzo del presente año) y que la deuda de la entidad había crecido exponencialmente.
Incluso, desde el 1 de enero que tomó posesión de su cargo, no ha dejado una sola semana de denunciar los excesos cometidos por la anterior administración, y para eso ha aprovechado el ánimo de la prensa de la capital del país por saber y publicar más sobre las denuncias realizadas por el gobernador Núñez, e incluso también el ánimo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por procurar “castigos ejemplares” a ciertos personajes, con tal de que otros en circunstancia similar, vean lo que les puede pasar si se exceden en sus funciones.
No obstante, hace algunas semanas cuando se hizo público que existía ya una denuncia en la PGR en contra de ex funcionarios tabasqueños, el nuevo boom informativo se desinfló cuando el propio procurador Jesús Murillo Karam reconoció que en la denuncia no se encontraba el nombre del ex gobernador Granier. Se dijo, incluso, que había un pacto entre mandatarios para no tocarse personalmente y justificar la persecución en funcionarios de segundo nivel. Ante eso, el gobierno de Tabasco reaccionó “descubriendo” más de 88 millones de pesos en efectivo, en oficinas que, según se dice, son del Secretario de Finanzas del gobernador Granier.
El dinero en efectivo, en grandes cantidades, genera un efecto inmediato. Eso fue lo que consiguió a su favor el gobierno de Tabasco, quien por medio de su Procuraduría ya mandó citar a los ex funcionarios, incluido Granier, para que declaren en calidad de indiciados respecto al origen de esos recursos, y también para que se apersonen respecto a otras denuncias relacionadas con la deuda, con el “saqueo” a las arcas públicas y los abusos que se acusa que cometieron.
Todo eso, sin duda, conviene en corto plazo al gobierno morenista de Tabasco, que ha visto crecer sus bonos políticos de manera exponencial. En esto ha sido clave que el gobierno federal ha decidido poner en Andrés Granier el cascabel para demostrar que, en lo sucesivo, no sólo no meterá las manos al fuego por ningún ex gobernador, sino que les aplicará todo el peso de la ley si eso sirve para que otros se abstengan de continuar sintiéndose virreyes y dueños de sus arcas y su gobierno. ¿Pero de verdad esto pasará, en el largo plazo, la ineludible prueba de la legalidad?
PERSECUCIÓN CON RESERVAS
Más allá de lo que crean o digan las personas o los políticos, e incluso de las llamadas persecuciones de Estado, lo cierto es que una investigación sólida debe tener como principio la pulcritud y la certeza de que se actúa con estricto apego a derecho. De no ser así, en el corto, mediano o largo plazo, la investigación y el proceso judicial caerán, y entonces los incriminados no sólo no recibirán el castigo que merecen por las conductas cometidas, sino que serán declarados formalmente inocentes y sus tropelías quedarían en la impunidad.
Ese es el riesgo que se corre con una investigación tan intempestiva como la que se sigue al ex gobernador Granier. Nadie, en realidad, tiene certeza respecto a si la Procuraduría de Justicia de aquella entidad está actuando en base a elementos sólidos que sustenten las acusaciones, o si está forzando las pruebas y los señalamientos para continuar alimentando la idea de que Granier es responsable y que, como lo ha dicho sin ningún pudor Arturo Núñez, desea verlo pronto tras las rejas.
Si de verdad hay solidez en la investigación, lo que veremos será un proceso judicial que incluso trascenderá a Arturo Núñez y se calificará como un tema de Estado. Pero si no, lo que sucederá es que por lo alocado de las investigaciones, y por su ánimo de forzar las acusaciones, se terminará perdiendo la oportunidad de procesarlo y procurarle el castigo que merece. Empero, en cualquier caso, lo grave del asunto es que como el Titular del Gobierno de Tabasco, que es quien lo acusa, de antemano ya lo sentenció al manifestar públicamente que lo que desea es verlo tras las rejas. Un señalamiento de esa naturaleza podría viciar de fondo el proceso y generar una violación al debido proceso del tamaño de la que dejó en libertad a Florence Cassez.
¿MODELO? NO
Por todas esas razones, este proceso no debe ser modélico para perseguir a otros ex gobernadores. En el caso de Oaxaca la situación es todavía más grave porque aquí no se fabricaron pruebas o a responsables, pero el gobierno estatal, a través de la Secretaría de la Contraloría, tampoco se ve en el ánimo de continuar persiguiendo a los que, hace apenas dos años, calificaban como “los saqueadores” y tampoco han tenido el ánimo de reformar, para perfeccionar y endurecer, las normas que regulan la actuación de los servidores públicos. Y en esas condiciones, es tan grave perseguirlos en exceso, como parece que lo hacen en Tabasco, que dejar de hacerlo, como es el caso de Oaxaca. Porque lo que queda en el fondo, es la impunidad.
