+ Iniciativa incluye aspectos de otras regulaciones
El Estado como tal, debe tutelar derechos y garantizarlos de una forma efectiva, pero no de la forma en que lo intenta el proyecto de Ley para Protección del Ejercicio del Periodismo en el Estado de Oaxaca. No debe ser en la forma en que está planteado porque la protección de derechos no debe convertirse ni en paternalismo por parte del gobierno, y mucho menos en un mecanismo que tenga dobles filos para el ejercicio periodístico.
Vayamos por partes. En nuestra entrega de ayer decíamos que la LXI Legislatura pretende aprobar una ley que proteja la actividad periodística de los periodistas. Esto surgió a partir de las diversas agresiones que han sufrido compañeros comunicadores en la entidad, pero también por la urgencia de construir protocolos de seguridad para la interacción de agentes del Estado con representantes de medios informativos frente a la cobertura de hechos noticiosos. Ese fue el punto de partida de esta iniciativa de ley, que sin embargo debe tener ajustes mayores para ser de verdad un instrumento útil para la sociedad y para el ejercicio del oficio periodístico.
En este sentido, consideramos que el proyecto de Ley confunde términos importantes y se mete en terrenos pantanosos que deben ser aclarados puntualmente por la Legislatura antes de pensar si quiera que está en posibilidades de someter la iniciativa a votación. Es grave que la iniciativa confunda todo un conjunto de temas administrativos, constitucionales y laborales, y que a partir de eso pretenda consolidar el ejercicio de un derecho. Veamos por qué, en el caso de la profesionalización del periodista, la norma incurre en errores que deben ser subsanados.
El artículo 13 del proyecto señala que “el Gobierno del Estado respaldará y fomentará la formación profesional continua de las personas que ejercen el periodismo en la entidad.” Y, en el precepto siguiente, establece el mecanismo: “El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, promoverá programas permanentes y especiales para la titulación o actualización del ejercicio del periodismo, mediante convenios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entidades de educación superior públicas o privadas, órganos desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como con organismo civiles debidamente acreditados.”
El problema es que ni se establece una finalidad específica para dicha profesionalización, ni se establecen los mecanismos adecuados para este fin. ¿Acaso, por ejemplo, el ejercicio periodístico en la entidad pretende ser elevado a rango de profesión, y que por ende todo aquel que se dedique a realizar actividades informativas o de opinión, debe contar con el debido título o cédula que demuestre que cuenta con la patente para dicho ejercicio?
Hasta hoy, en ningún lugar del país ocurre eso. Y no es así porque, esencialmente, este es un oficio que se construye en gran medida en base a la experiencia; y porque, en todo caso, lo que debería promover no una ley, sino el gremio quizá en conjunto con organismos públicos, es la capacitación de quienes ejercemos este oficio sin necesariamente contar con estudios profesionales en materia de comunicación social, periodismo o materias afines.
DERECHOS CONTROVERTIDOS
Una propuesta de esta magnitud abarca no sólo a los periodistas sino también a los editores y al mismo gobierno, a quien se le pretenden pedir recursos para los temas que establece esta ley. Sin embargo, al margen de cualquier consulta, socialización o realización de foros se introducen en temas que deben ser tocados con cuidado porque no sólo involucran intereses empresariales específicos, sino que también podrían encimarse en competencias federales que rebasan naturalmente la observancia de esta norma.
¿Por qué? Porque el artículo 16, y siguientes del proyecto, se meten en temas como salario, derechos de autor y remuneraciones que no son ni siquiera materias del ámbito estatal. Veamos: el citado precepto señala que: “las personas periodistas (sic) tienen derecho a ser tratados profesionalmente. Sus salarios y prestaciones no pueden ser menores a los que indica la Ley Federal del Trabajo (…) Los periodistas y en su caso los colaboradores periodísticos, son autores de su trabajo en cuanto a lo que escriban, reconocido esto por la forma de expresión, giros, ritmos, tiempos o modos en sus textos, de lo contrario, no se reconocerá como un producto original. Por tanto, los periodistas, y en su caso los colaboradores periodísticos, tienen los derechos patrimoniales y morales que reconoce el derecho vigente en la materia de propiedad intelectual.”
No queremos entrar en falsas polémicas pero, ¿qué opinan de un criterio como este, los dueños de los medios? La pregunta no es ociosa. En todos los espacios informativos y de opinión que existen en Oaxaca y en el país, se entiende y se sabe que finalmente, y a un lado de la responsabilidad social que tienen los medios informativos, quienes los editan son empresas que no sólo responden a temas relacionados con la libertad de expresión o con el ejercicio de ciertos derechos, sino que tienen involucrados intereses de otros tipos, principalmente económicos, que son siempre vitales para la existencia del medio mismo.
Todo esto lo decimos porque el establecimiento de derechos como estos necesariamente debería pasar por el consenso de quienes tienen la responsabilidad y la titularidad empresarial de los medios de comunicación. Finalmente, en este ámbito, como en ningún otro, prácticamente no existen empresas sociales o cooperativas que funcionen bajo modelos distintos al empresarial.
EL FONDO
También, el proyecto contempla la creación de un fondo, en los términos siguientes: “El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Oaxaca se conforma con aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que con tal propósito efectúen los gobiernos del estado y municipales, así como las empresas editoriales, el cual operará sujeto a las reglas que determine su Consejo Directivo.” Esta es un arma de doble filo, que puede hacer susceptible el funcionamiento del fondo a métodos de coacción, por decir lo menos, además de la poca consistencia de las atribuciones y deberes de rendición de cuentas del Consejo Directivo. Urge, por eso, una compostura mayor antes de votar una ley que exhiba más a la Legislatura y sea un instrumento materialmente inútil para el ejercicio periodístico.
