Discusión estéril: lineamientos están dados
Es una falsa actitud democrática la de insistir en el “consenso” de la nueva Ley Estatal de Educación. El binomio de la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, ya llevaron a cabo 37 foros regionales en los que se supone que recogieron el sentir de la ciudadanía, los maestros y los expertos en el ámbito educativo. Ahora, para insistir en lo mismo, el Congreso del Estado anunció otros ocho foros. Detrás de eso están escondiendo una iniciativa que nadie sabe si existe, quién la preparará, qué contiene y, sobre todo, para qué habrán servido los 45 foros realizados al respecto.
En efecto, por un lado el 10 de marzo pasado el Gobierno del Estado, la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura y la Sección 22 del SNTE firmaron una declaración política para establecer las bases sobre las cuales se daría la discusión de la armonización legal en materia educativa en la entidad. Ahí se estableció que se llevarían a cabo foros para escuchar a la ciudadanía y para hacer democrática la construcción de la nueva ley. Así, la Sección 22 anunció la realización de 37 foros regionales en los que se escucharían a todos los sectores sociales, aunque ellos mismos remarcaron –y así lo avaló el Gobernador del Estado en su momento– que los principales participantes en esos foros serían los maestros.
La apariencia de los foros era buena, aunque su tuétano no parece tan homogéneo. El argumento para justificarlos se centró en que Oaxaca imponía un conjunto de circunstancias que debían ser reflejadas en la ley, y que para eso era necesario escuchar las inquietudes de los maestros para que a partir de ellas se pudiera construir una ley que respondiera a esas necesidades. Para darle forma a esas justificaciones, se habló de condiciones sociales, de marginación, de pobreza y de respeto a la cosmovisión de las etnias, la pluriculturalidad, las lenguas, los usos y costumbres y muchas otras cuestiones.
En realidad muchos de esos elementos son simples distractores. ¿Por qué? Porque a pesar de que en apariencia dicen que buscan apartarse de la homogenización que establece la ley federal, así como también de la negación de circunstancias de hecho (como la diversidad cultural, las condiciones sociales, la pobreza, etcétera), lo cierto es que muchos de esos no son temas propios de una ley en materia de educación, y también que muchos de esos problemas han sido abordados por otras normas federales, e incluso por la misma Constitución de la República.
En ese sentido, los maestros oaxaqueños han exigido que no se les tase igual que a los profesores del centro y norte de la República, en donde las condiciones de la educación son distintas por encontrarse los educandos en una mejor situación económica y social que los de nuestra entidad y todo el sureste de la República. Eso es entendible y aceptable. Sin embargo, ¿las condiciones de pobreza de los niños oaxaqueños son justificación para que a ellos como profesionistas (ojo, y no los resultados de su trabajo, influidos por las condiciones sociales) se les evalúe en sus propios conocimientos y se les obligue por la ley a cumplir ciertas condiciones y requisitos para mantenerse frente a grupo y para ascender en lo profesional y económico?
Obviamente esa no es una pregunta sencilla de responder. Pero más bien, lo que está ocurriendo es que ellos quieren evadir ese cuestionamiento a partir de la argumentación de temas sociales, económicos o de cuestiones relacionadas con la pluriculturalidad en que debe desarrollarse la educación en la entidad. Por eso, dicen querer incluir en la ley de educación estatal esos temas, cuando muchas de esas cuestiones ya se encuentran tuteladas por el artículo 2 de la Constitución General de la República, que establece las bases para la educación en las etnias –y que es complementario al artículo tercero, que habla propiamente de la educación–, o que son cuestiones programáticas que el gobierno debe atender (como la marginación o la pobreza) antes que contemplarlas como cuestiones irreversibles que deben determinar una diferenciación en la forma en cómo debe verse o evaluarse la educación en esas regiones.
¿Y LOS FOROS?
Algo sobre lo cual no se ha dicho nada en estos meses, es qué está pasando con los foros para la construcción de la norma educativa, y cómo van éstos a servir para la construcción de la nueva Ley Estatal de Educación. El asunto no es menor: ya se realizaron 37 foros, y se van a realizar ocho más, organizados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente, y hasta ahora no ha sido ventilada públicamente la metodología concreta a través de la cual se va a procesar, o se está procesando, toda la información y las propuestas que se han vertido en los foros, y cómo –y quién– es el encargado de construir la iniciativa de ley.
Eso es una verdadera incógnita. Y en esa incertidumbre, es claro que hoy los famosos foros de propuestas de la nueva ley educativa, lo mismo pueden ser un verdadero referente para la construcción de la iniciativa (si se está trabajando con método y a partir del ejercicio plural de reproducir en la ley lo escuchado en los foros), que una verdadera torre de babel, en la que todos hablan sin que nadie se entienda, y en la que no hay ni siquiera una memoria ni el cuidado necesario en el procesamiento de la información, para que eso se reproduzca en la ley.
Resulta que hoy en día nadie sabe concretamente quiénes participan, o participarán, por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el grupo que construirá la norma educativa; tampoco se sabe si será sólo la Sección 22 (quien ya anunció un grupo, pero sólo convocado por su sindicato) quien realizará la iniciativa a partir de su sola visión, o si para esos efectos ya fue contratado un despacho “especializado” en el tema, que esté realizando el trabajo técnico mientras aquí se da la apariencia de que se realiza la iniciativa a partir de un ejercicio plural que en realidad es un conjunto de actos de justificación, y demagogia, para cubrir las formas.
PRETEXTOS
Al final, lo único que tenemos claro es que hay dos caminos: o construyen una norma que, al margen de la democracia magisterial y las justificaciones, se ajusta estrictamente a los lineamientos constitucionales federales; o construyen y aprueban una iniciativa que refleje los intereses magisteriales pero termine en una segunda controversia. Tanta democracia parece irrelevante: lo único que valdrá es si la ley educativa local se ajusta a lo que dice la Constitución federal. Nada más.
