¿Por qué EPN no reprochó a Oaxaca por la educación?

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La responsabilidad federal, hasta ahora sigue escondida

Lejos de lo que se pensaba, en el mensaje alusivo a su Segundo Informe de Gobierno el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al tema educativo y, sin mencionar expresamente, lo hizo en un tono conciliador en el que ofreció todo el esfuerzo de su gobierno para la implementación de la reforma educativa. No hubo, pues, ni los tonos de reclamo ni el repudio que muchos hubieran querido escuchar. Eso se explica en el hecho de que, aunque casi nadie lo registra, el gobierno federal tiene un enorme reto con la reforma educativa en Oaxaca que quizá —al igual que el gobierno estatal, con la parte que le corresponde— no sabe cómo resolver.
En efecto, al dar un mensaje a la nación, el presidente Peña Nieto fue muy cuidadoso en sus palabras, respecto a las resistencias en la aplicación de la reforma educativa. “La instrumentación de la Reforma Educativa constituye —dijo— un firme compromiso del Gobierno de la República. Si bien su aplicación ha sido generalizada en el país, también hay que reconocer que ha enfrentado resistencias en algunas regiones específicas. Seguiremos sumando esfuerzos con los gobiernos locales, con los maestros, los padres de familia, las organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto, para que la Reforma Educativa se aplique en las 32 entidades federativas y, con ello, asegurar que sus beneficios lleguen a todas nuestras niñas y niños del país”.
Al margen de la retórica, lo que parece claro es que el discurso y la realidad no van de la mano, al menos en el caso de Oaxaca, que es la única entidad federativa en donde no se ha llevado a cabo el proceso de armonización de las respectivas legislaciones, en donde tampoco se ha dado un solo paso en la implementación de la reforma educativa, y en el que, al contrario, la Secretaría de Gobernación está socializando una posible solución a la pugna con el magisterio en resistencia, que bien podría constituir la claudicación de la puesta en marcha de los mecanismos de evaluación que hoy contempla la Constitución federal para los profesores de educación pública básica.
Lamentablemente, el gobierno federal ha sido tan omiso como el Estado en las tareas que le corresponden, pero a lo que sí le ha invertido mucho es a tratar de que sea Oaxaca quien cargue con todo el costo político de la imposibilidad de implementación de la reforma educativa, que si bien pasa por la armonización de las dos legislaciones, también es un tema de operación política en la que el gobierno federal no ha podido demostrar eficacia en la construcción de acuerdos.
Y es que hasta hoy, todo lo que hemos visto, se centra en el impulso constante de una campaña de linchamiento en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca, que han sido incapaces de cumplir con su tarea de llevar a cabo el proceso legislativo que hace falta. En esa tarea, se ha omitido mencionar que el gobierno federal ha buscado un debilitamiento constante de las estructuras institucionales locales, frente a un sindicato que tiene una capacidad de movilización que no puede ser desestimada, y se ha aprovechado de que el gobierno estatal ha tomado como una determinación —creemos que equivocada— la de no contradecir, ni en lo mínimo, a la dirigencia magisterial que, más que nunca, ha mostrado desinterés en llevar a cabo sus protestas sin lastimar a la ciudadanía.

LOS PENDIENTES FEDERALES
A partir del 1 de enero próximo, la Secretaría de Educación Pública debe tomar el control de la administración de la educación en Oaxaca, y no sabemos qué avance real lleva ese proceso. Asimismo, la SEP aplicó, en coordinación con el INEGI, un censo de maestros y escuelas que nadie sabe qué grado de avance pueda tener en la entidad, y después por un acuerdo con la Sección 22 impulsó un “plantilleo” que no es más que la realización de un censo alternativo para conocer el número de maestros por escuela, su adscripción, sus condiciones salariales y su participación en labores docentes.
Esa crisis, en la parte que hoy sigue escondiendo el gobierno federal frente a la sociedad, tomará otra dimensión en enero próximo, cuando —haya o no ley educativa local armonizada con la legislación federal— entren en vigor todas las disposiciones relacionadas con la administración de la educación, y entonces sea ya la SEP, y no el IEEPO, el encargado de llevar a cabo todos los procesos para que los maestros oaxaqueños cobren sus salarios. Hoy en día no existe ninguna certeza —y si la hay, es sólo en el ámbito privado, porque en el ámbito público sólo se guarda silencio— sobre qué pasará entonces, y si llegado ese momento habrá capacidad de la nueva autoridad educativa para enfrentar todo lo que les espera.
Tomemos como base un ejemplo. ¿Qué pasará si falla la realización del llamado “plantilleo”, así como falló la ejecución del censo educativo que hizo el INEGI? ¿Qué condiciones de gobernabilidad habrá en Oaxaca si una tercera parte, o la mitad, o todos los maestros oaxaqueños no cobran su primera quincena de enero de 2015 con cheques ya emitidos por la SEP? ¿En enero qué tendrá que decir el gobierno federal frente a la resistencia a la aplicación de los nuevos criterios de evaluación de los profesores?
Sobre todo eso debiera estar trabajándose hoy por parte de la SEP, porque la armonización de la legislación local con la federal en materia educativa, es sólo uno de varios pasos que deben darse para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas que hizo el presidente Peña Nieto en el marco de la entrega de su Segundo Informe de gobierno. Y queda claro que así como hoy el gobierno de Oaxaca es cuestionado —con toda razón— por su tibieza y sus omisiones, también debiéramos al menos preguntarnos qué está haciendo, y cuánto ha logrado avanzar, el gobierno federal, en las tareas que le corresponden.
Sabemos que esta es una atribución conjunta de los tres órdenes de gobierno, en la que la Federación tiene un conjunto de tareas que quién sabe si ya realizó. Por eso, quizá, el presidente Peña prefirió el tono suave antes que un reproche a Oaxaca que, irremediablemente, le terminaría rebotando como bumerang ante la falta de resultados de los operadores e implementadores federales de la reforma educativa.

INSOSTENIBLE
Sí, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva, es insostenible. Con su ánimo de no meterse en asuntos internos de los gremios, vuelve inoperante hasta el lema de la dependencia que encabeza. ¿Cumplir y hacer cumplir la ley? Por favor…

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