PRI: entrampado entre la “congruencia” y sus compromisos

+ En la condición actual, ¿ya no existen salidas posibles?

En una declaración atípica, el gobernador Gabino Cué Monteagudo dejó de lado la tolerancia y, al inicio de la semana, llamó abiertamente a los diputados de la LXII Legislatura del Estado a aprobar ya la Ley Estatal de Educación “porque el plantón que mantiene la Sección 22 del SNTE depende ahora del Congreso del Estado”. ante esto, cabe la pregunta: ¿De quién es la culpa de que el proceso de armonización continúe empantanado, y que la solución a este tema simplemente no tenga para cuándo llegar?
En efecto, el lunes en un acto público el Gobernador fijó una exigencia directa: El plantón, dijo, es responsabilidad del Congreso. Y continuó: “Yo haría un llamado muy respetuoso al Congreso del Estado para que a la brevedad pueda legislar en materia educativa, porque el Ejecutivo del Estado ya cumplió con el compromiso de participar en un proceso muy largo de la construcción de la ley educativa (…) Por eso mi llamado a los diputados y diputadas para que a la brevedad legislen en la materia y eviten que el plantón se siga prolongando; ya son muchos días…”.
Y específicamente, el Mandatario fijó la responsabilidad de la principal fuerza de oposición en el Congreso: el PRI. A los legisladores de ese partido, en lo particular, el titular del Ejecutivo estatal les pidió “asumir la responsabilidad que les corresponde y cumplir el compromiso que hicieron con el Magisterio de cara a la sociedad”. Este llamado, y la puntualización específica al PRI tiene mucho de fondo, porque lo que revela es la existencia de un “atorón” que no saben, en el gobierno y en la fracción del PRI, cómo resolver. ¿Por qué?
Porque específicamente, el gobierno hoy está colaborando con el llamado al PRI, que participó como firmante de las dos declaraciones políticas entre la Sección 22 y los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En la primera de ellas, la del 10 de marzo, Ejecutivo y Legislativo se comprometieron a construir una ley educativa que recogiera las inquietudes del magisterio y respetara sus derechos adquiridos, en el marco de la nueva redacción de la Constitución federal.
Y en la segunda, signada el 27 de julio, ratificaron el cumplimiento de los acuerdos del 10 de marzo, y de “continuar de manera conjunta el proceso de construcción de la nueva Ley Estatal de Educación del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y su aprobación, en un clima de respeto y civilidad; de conformidad al proceso legislativo que mandata la Constitución de Oaxaca. A efecto de garantizar que no se apruebe ninguna otra iniciativa de Ley en forma unilateral, sino mediante el consenso de las partes signatarias del presente acuerdo”.
Este compromiso, letra por letra, ancla al PRI a una promesa que no puede ni quiere cumplir. ¿Por qué? Porque tal y como lo reconocen tácitamente la 22 y el Ejecutivo estatal, dar cumplimiento al compromiso de aprobar íntegra la iniciativa construida entre la 22 y los poderes estatales, y cerrar el paso a cualquier otra iniciativa, significa ir, primero, en contra de la Constitución federal; y segundo, ir también en contra de los lineamientos que ha marcado el PRI nacional, en el sentido de que su fracción parlamentaria en Oaxaca sólo deberá aprobar una iniciativa que sea acorde con el contenido de la legislación federal en la materia, y por ende rechazar cualquier otro contenido de la nueva legislación estatal.

LOS REPROCHES
Nadie en la fracción parlamentaria del PRI explicó, el 10 de marzo, por qué su coordinador, Alejandro Avilés Álvarez, había asistido a convalidar el acuerdo entre los Poderes del Estado y la Sección 22. La explicación era necesaria, y habría sido orientadora, porque en ese momento prevalecía una gran incertidumbre respecto a la postura que habría de tomar el partido tricolor en Oaxaca respecto a la nueva ley educativa.
No obstante, al estar presente en el evento sin dar una explicación de las razones que lo habían movido a acudir, lo que Avilés hizo fue dejar ver la posibilidad de que ya había una negociación, y un acuerdo concreto entre el gobierno, la 22, y su bancada, para ir adelante con esos compromisos y después con la iniciativa que saliera de la comisión redactora conjunta. Y dado que el PRI como partido de oposición había ya demostrado amplio colaboracionismo con el gobierno en los últimos años, esto tampoco parecía del todo raro.
Por eso mismo sorprendió que unas semanas después el PRI cambiara su perspectiva y anunciara que sólo votaría a favor de una iniciativa que fuera concordante con el contenido de las normas federales. Esto cerró definitivamente la puerta a la posibilidad de cumplir con los acuerdos del 10 de marzo. Pero dejó vigente una duda que hoy parece confirmarse con el reproche abierto del Gobernador del Estado a la bancada del PRI. ¿Por qué?
Porque no hace falta sino releer el mensaje del Gobernador a la bancada priista para entenderlo. El titular del Ejecutivo estatal, apuntamos en líneas anteriores, les pidió a los priistas “asumir la responsabilidad que les corresponde y cumplir el compromiso que hicieron con el Magisterio de cara a la sociedad”. ¿Cuál es ese compromiso? El que está contenido en la Declaración Política del 10 de marzo, y que fue ratificado en la Segunda Declaración, que también fue respaldada por el PRI el 27 de julio pasado.
Ahora lo que hace falta saber es bajo qué condiciones se estableció ese compromiso, y qué acuerdos se están rompiendo junto con el aparente “acto de congruencia” de la bancada del PRI con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Si no hubiera ningún compromiso —hasta ahora no declarado— en medio de esos acuerdos, el PRI no habría ido desde el principio con las dos declaraciones políticas ni se habría comprometido a aprobar una iniciativa en particular, y por ende hoy nadie tendría cara ni argumentos para reprocharle públicamente porque no están cumpliendo “el compromiso que hicieron con el Magisterio de cara a la sociedad”.

SIN SALIDA
Al final, es claro que en el Congreso no le encuentran la cuadratura al círculo con la ley educativa, por una razón: cumplirle al magisterio significa romper la constitucionalidad; no cumplirle, significa declararle la guerra a la Sección 22. Lo primero no pueden ni quieren hacerlo; en lo segundo, se sienten tan débiles, que por eso le han dado tantas largas a la posibilidad de presentar si quiera un dictamen final de ley educativa. Incluso, en varias ocasiones han amagado con subir el acuerdo al orden del día, pero lo bajan a la primera reacción de la 22. ¿Dónde queda, pues, aquello de legislar responsablemente y no dejarse presionar?