Vergonzante, que el Congreso sea un juez incumplido de la educación

 

+ IEEPO, un desastre que sigue sometido, y en el limbo jurídico

 

Si los diputados locales y el Director del IEEPO tuvieran algo de prudencia política, y vergüenza, ante los nulos resultados mostrados en el ámbito educativo, tendrían que haber evitado la comparecencia de Moisés Robles Cruz ante la LXII Legislatura. El funcionario no tenía aspecto relevante alguno que informar; y los legisladores carecen de toda legitimidad y calidad moral, política —y hasta administrativa— para exigir cuentas frente a un incumplimiento jurídico que, esencialmente, pasa por su falta de voluntad para discutir la norma estatal en materia educativa.

En efecto, si las comparecencias de funcionarios ante el Poder Legislativo tiene la falla de origen de no ofrecer la certeza de que luego de la evaluación algo mejore, en casos como el de la insistencia de los legisladores porque compareciera el Director del IEEPO en las circunstancias actuales, parece un desatino mayúsculo.

Esa obstinación multiplica las sospechas naturales de que las comparecencias sirven en realidad como mecanismos de presión y chantaje entre legisladores y funcionarios, pero además revela que hoy en día los diputados no tienen el menor pudor por mandar a comparecer al titular de una institución a la que ellos mismos no le han dado las herramientas jurídicas para transformar el estado de cosas del rubro que pretenden “evaluar”, e incluso se han dedicado a evadir toda discusión que implique la situación magisterial en el estado.

Esa es la historia recurrente de la LXII Legislatura frente al tema educativo. Ellos, de hecho, entre los pendientes que heredaron de la Legislatura anterior, se encuentra uno que es relevante: la postura institucional de la Legislatura del Estado de Oaxaca, que en su momento exigió el artículo 135 de la Constitución de la República respecto al proceso de reforma constitucional en materia educativa.

Si lo recordamos, desde principios de 2013 el Congreso del Estado debió emitir su postura respecto a la reforma constitucional federal, pero no lo hizo calculando que eso les evitaría un conflicto con la Sección 22, y que a su vez la aprobación del nuevo contenido constitucional por la mayoría de las Legislaturas estatales, haría innecesaria la emisión de una declaratoria a favor o en contra por parte del Congreso de Oaxaca. Por eso en aquel momento evitaron hacerlo. Pero hoy, casi dos años después siguen sin entrar a la discusión de esa cuestión.

Y si todo eso resulta ya de por sí grave, lo es mucho más que casi un año después de que debieran haber concluido —también por un mandato de la Constitución y las leyes de la República— el proceso de adecuación de la legislación estatal al nuevo marco federal en materia educativa, en Oaxaca aún no se haya modificado ni una coma a la legislación educativa. ¿Por qué no lo han hecho? Porque indebidamente, el Congreso y el gobierno de Oaxaca se doblegaron —el 10 de marzo de 2013— ante la presión de la Sección 22, al acceder a firmar una declaración política en la que voluntariamente se obligaban a impulsar, respaldar y aprobar sólo las normas que propusiera la Sección 22 del SNTE.

Aunque a la distancia el costo político de la firma de esa declaración política se la ha llevado el Gobernador del Estado, es evidente que sólo la mitad de ese descrédito debiera recaer sobre él, pues la otra mitad se encuentra en el Congreso, que en su momento también firmó la declaración política y permitió que su facultad soberana de legislar fuera pisoteada por la presión y el chantaje de la Sección 22 del SNTE.

 

ROBLES ES IRRELEVANTE

La sola lógica nos lleva a concluir que cuando en cualquier actividad los procesos no cambian, no hay razón válida para suponer que los resultados sí sean distintos. Eso es lo que pasa en el IEEPO, frente a las nuevas reglas educativas y a los “resultados” que se supone que los diputados locales le habrían ido a exigir al director Moisés Robles Cruz. Pues en esencia las reglas federales cambiaron, y por ende la federación relevó al Estado en el ejercicio de ciertas atribuciones; pero el marco jurídico-político de actuación del Director del IEEPO sigue siendo exactamente el mismo, porque el Congreso de Oaxaca no le ha restado u otorgado nuevas atribuciones.

Frente a esa realidad, era un desatino mayúsculo que los legisladores llamaran a comparecer a Robles, porque él como titular del IEEPO sigue siendo tan irrelevante e inmóvil como en su momento lo fueron Manuel Antonio Iturribarría Bolaños Cacho, o como antes lo fue Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán… y como también lo fueron todos los demás directores que pasaron por el IEEPO sin capacidad de cambiar el rumbo de hegemonía y control total del sector educativo, que tiene desde hace más de dos décadas la Sección 22 del SNTE.

Sólo así puede entenderse que Robles haya ido a hablar de lo que todos ya sabemos: que el IEEPO es tierra de nadie; que su estado financiero es devastador; que no hay control ni siquiera sobre los rubros fundamentales relacionados con la docencia y con el manejo administrativo de la institución; y que —como siempre ha ocurrido con la Dirección del IEEPO— no puede tener el control de lo que hacen o dejan de hacer los agremiados a la Sección 22 del SNTE, ni siquiera para descontarles cuando deciden no ir a clases.

Por todo ello, queda claro que nada de esto debió ocurrir, pero que ocurrió porque los legisladores locales siguen enloquecidos y desbocados ejerciendo sin ningún control —ni prudencia, ni pudor— las facultades que la ley les da para “evaluar” a la administración pública. Ellos, por vergüenza y débito mínimo ante la ciudadanía, debieron primero hacer algún tipo de manifestación o posicionamiento relacionado con la armonización de la legislación educativa —que no han hecho— para después querer conocer qué avances ha tenido el IEEPO en los últimos doce meses.

No lo hacen, porque los diputados están convencidos que no le deben nada nadie, ni tienen por qué rendirle cuentas a nadie, y que eso incluye a la ciudadanía. El problema es que al estar dominados por sus desvaríos, no se dan cuenta que se terminan revolcando en sus propios cuestionamientos.

 

PF Y LAS CASETAS

Hay quienes se escandalizan, pero lo cierto es que sólo por mantener el principio de autoridad, el Estado —federación, estados y municipios— no debían permitir la toma de casetas de peaje por grupos de presión. Ese tendría que ser sólo un principio. El problema es que aquí el Estado de Derecho nos gusta sólo para lo que nos conviene.