Homicidio de Carlos Martínez, pone a Oaxaca como foco rojo electoral

+ ¿Cómo brindarán certidumbre cuando la seguridad es fuente de crisis?

Dice la llamada Ley de Murphy que cuando algo está mal, puede estar peor. Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Pues si las cosas ya estaban mal con el prolongado paro de labores de un sector de la Policía Estatal, hoy todo está peor con la ejecución del aspirante a una candidatura por el PRD a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicencio. Sólo si las autoridades de seguridad y de procuración de justicia actúan rápido, podrían evitar que esta combinación de factores sea llevada a la arena electoral. El problema es que nada garantiza que esa actuación rápida y eficaz ocurra.
En efecto, la noche del martes fue asesinado el ex diputado local Martínez Villavicencio, que ahora aspiraba a ser postulado por el Partido de la Revolución Democrática a una diputación federal por el distrito de Tlaxiaco. Éste se desplazaba en una camioneta, en compañía de Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista, a través de un camino rural perteneciente a la agencia municipal de Nuxaño, localizada a 15 minutos del municipio de Santiago Juxtlahuaca. Los tres individuos fueron ultimados con disparos de armas de alto poder.
Como suele ocurrir en estos casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado evitó establecer públicamente líneas de investigación sobre las ejecuciones, y simplemente se limitó a informar que sus peritos y agentes trabajaban para indagar los hechos. El problema es que esto ocurrió casi a la par de que el gobierno estatal logró desactivar la protesta de un grupo de elementos de la Policía Estatal que, independientemente de que constituyeran o no la mayoría de los uniformados, tenían en su poder las instalaciones del Cuartel General de la corporación, así como su armería, en donde se encontraba la mayoría de las armas y municiones que utilizan los uniformados para realizar sus funciones de seguridad.
Políticamente, el paro policial dejaba muy mal parado al gobierno de Oaxaca. Pues a los ojos de la opinión pública nacional, permeaba muy poco el argumento de que en realidad era un grupo minoritario de elementos el que se encontraba amotinado y en poder de las instalaciones, y más bien llamaba muchísimo la atención el hecho de que, o el gobierno se encontrara paralizado por un paro de labores de elementos, o el gobierno no fuera capaz de ejercer un mejor control sobre un grupo minoritario de policías amotinados, y esto pusiera en riesgo la seguridad de la población.
Por eso este triple homicidio ocurrió en un momento particularmente crítico. Pues si ya de por sí cualquier situación extraordinaria que ocurriera en el contexto de un amotinamiento de policías, sería directamente relacionada con esta primera situación, el hecho de que esa posible “situación extraordinaria” haya sido una ejecución que tiene evidentes matices políticos, agrava de manera importante la posición en que queda parado el gobierno estatal a los ojos de la ciudadanía en Oaxaca y en el país, y abre la puerta para que estos dos factores sean utilizados como elementos de manipulación política en tiempos electorales.

OAXACA, FOCO ENROJECIDO
Ahora mismo, en el contexto nacional, hay una discusión relativamente importante respecto a si es factible que en varias entidades federativas se lleven a cabo comicios en junio próximo. Particularmente, en Michoacán y Guerrero existe mucha incertidumbre sobre la viabilidad del proceso electoral, debido a que en la primera de esas entidades continúa habiendo un grado importante de violencia a manos de la delincuencia organizada y los grupos de autodefensa; y en la segunda, está todavía demasiado fresca la inconformidad por la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y además porque hay grupos organizados (la CETEG, principalmente, aunque no es la única) que se ven muy dispuestos a impedir que se desarrolle con normalidad el proceso electoral y los candidatos realicen labor proselitista.
Oaxaca, evidentemente, no comparte ninguna de esas características. Aunque el conflicto magisterial tiene implicaciones políticas importantes para la entidad, la gravedad de la inconformidad del magisterio oaxaqueño —y su manejo político, en los ámbitos local y federal— no se compara con lo que ocurre en Michoacán y Guerrero. A pesar de lo que se pueda decir, en el caso de nuestra entidad existe un marco mínimo de entendimiento que impide los brotes de violencia, que tiene a los maestros —relativamente— trabajando, y que ha evitado que las inconformidades se conviertan en amenazas o para la gobernabilidad, o para el proceso electoral federal del presente año.
No obstante, de nuevo el problema más bien parece de percepciones. Pues conforme vayan pasando las semanas, y frente a dos antecedentes (el homicidio violento de un precandidato y la inestabilidad de los servicios de seguridad pública) ruidosos, no va a faltar quien decida apostar por la ruta de tratar de aprovechar estas situaciones para afirmar que el proceso electoral está en riesgo, y que no existen las condiciones para que éste se desarrolle en las condiciones mínimas de seguridad y certeza para candidatos y ciudadanos.
Si alguien decide hacerlo, tendrá a su favor el hecho de que a diferencia de Guerrero y Michoacán (donde no ha habido agresiones directas a quienes participan en el proceso electoral) en Oaxaca ya va a existir un antecedente concreto del homicidio de un aspirante; y que si la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública no tienen el cuidado y el esmero de esclarecer —y hacer creíble— en el corto plazo el móvil de la ejecución, así como las razones que la detonaron, entonces le ofrecerá a quienes apuesten por la desestabilización, herramientas invaluables para asegurar que Oaxaca está en condiciones de mayor riesgo que todas las demás entidades para el desarrollo del proceso electoral.
Al final, se trata de que las dos dependencias estatales hagan su trabajo y eviten dejar márgenes para la especulación y el provecho político. Esto se entendería en un contexto real de responsabilidad, pero quién sabe si en Oaxaca, donde la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública han demostrado mucho desgano en la posibilidad de contribuir a la gobernabilidad y los procesos políticos.

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES
Hay quienes dicen que la trifulca que hubo anteayer en la central camionera es en realidad un pleito entre dos familias de transportistas que se sienten dueñas de ese cotizado —y deliberadamente desaprovechado— espacio anexo a la Central de Abasto.