Nada cambiará luego de la emisión de la ley educativa estatal

Gabino-EPN

+ Federación y Oaxaca buscaban efecto político de la aprobación


Montados en las poses y en la ignorancia, muchos piensan que con la aprobación de la Ley Estatal de Educación, algo relevante va a ocurrir con la educación pública en Oaxaca. Nada de eso ocurrirá. Y será así porque el interés que tenía el gobierno de Oaxaca y el federal, porque finalmente se consolidara el proceso de armonización entre normas educativas estatales y federales, es mucho más político que práctico u operativo. Basta con entender cuál era la necesidad real esa norma estatal, en el nuevo contexto jurídico de la educación pública nacional. Antes de la armonización, la ruta ya estaba trazada. Y por eso nada relevante ocurrirá con la armonización, aparte de haber sido el golpe de muerte a la Sección 22.

En efecto, luego de la aprobación de la Ley Estatal de Educación –cuyo texto, hasta ayer por la tarde no había sido promulgado por el Ejecutivo, ni publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado— algunos grupos políticos han hablado de traición al pueblo de Oaxaca, de los riesgos que supuestamente corren los trabajadores de la educación con esta nueva legislación, e incluso de patrañas como la de la posible privatización de la educación pública en la entidad. Claramente, todas son posiciones y suposiciones alarmistas que no sólo no tienen ningún sustento, sino que deliberadamente dejan de reconocer la realidad sobre la administración de la educación pública en Oaxaca y en todo el país. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, la emisión de la nueva Ley Estatal de Educación en la entidad era necesaria por la urgencia tanto del gobierno estatal, como del federal, de demostrar que —cada uno en su circunstancia— eran capaces de construir el contexto y las condiciones para que ocurriera dicha aprobación. En el caso de Oaxaca, había un riesgo —sólo aparente— de que tanto el Ejecutivo como la Legislatura del Estado incurrieran en desacato al fallo emitido por la Corte en septiembre pasado, y enfrentaran consecuencias legales por no emitir en tiempo y forma la legislación educativa. En el plano político, había la preocupación de emitir la norma para que Oaxaca no siguiera pareciendo un Estado incapaz de sobreponerse a un grupo de presión, como la Sección 22 del SNTE.

En el caso del gobierno federal, había ese mismo interés pero con imperativos distintos. Al gobierno federal le interesaba mucho lograr que se emitiera la Ley de Educación en Oaxaca porque ello significaría la consolidación política de la derrota del radicalizado sindicato magisterial oaxaqueño, que ha sido cabeza de playa de la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la implementación de la reforma educativa. El gobierno federal, realmente, buscaba generar un efecto desmoralizador hacia el magisterio al demostrarle que ni con todas las presiones posibles sería capaz de frenar la posibilidad de consolidar la reforma.

LA EDUCACIÓN NO CAMBIA

Todos esos efectos son eminentemente políticos. Pues resulta que ni en los planos programático, ni operativo, la Ley Estatal de Educación resulta relevante para la cotidianidad educativa en la entidad. Es decir, lo que dice la norma estatal no incide en lo que ocurre todos los días en las aulas y tampoco establece nuevos parámetros educativos o administrativos para la educación, que pudieran causarle un perjuicio a los trabajadores de la educación.

Acaso, lo más relevante que se podría establecer en esa legislación son algunos deberes relacionados con la multiculturalidad o la necesidad de adecuar algunos programas o planes a las necesidades y realidad de las comunidades del Estado. Pero fuera de eso, no habría nada que pudiera ser jurídicamente relevante como para modificar el panorama educativo en Oaxaca. ¿Por qué no?

Porque lo que verdaderamente les preocupa a los trabajadores de la educación son dos temas: su estabilidad laboral, y la progresividad de sus salarios. Ambas, son dos cuestiones que quedaron perfectamente establecidas con la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la norma que hoy en día establece y delinea las relaciones laborales y administrativas entre el gobierno federal como patrón, y los trabajadores de la educación, en su calidad de empleados.

En el caso de la estabilidad laboral, ésta quedó sujeta básicamente al cumplimiento de todos los requerimientos relacionados con la evaluación y la entrega de evidencias de su labor. Y lo relacionado con su salario también quedó perfectamente establecido y condicionado a los mismos aspectos que rigen sus relaciones laborales. Por eso, aún sin haber Ley Estatal de Educación, todos los profesores del país quedaron sujetos a un nuevo régimen administrativo, y también por eso han alegado hasta el cansancio que ésta no fue una reforma educativa, sino laboral de los trabajadores de la educación.

LOS LUGARES COMUNES

En el fondo, lo que queda es un cúmulo enorme de lugares comunes, poses y argumentos basados en la ignorancia —a veces cándida, y otras veces deliberada—, que lo que buscan es mantener viva una discusión que en realidad tiene mucho de anodina. No habrá un “nuevo amanecer” para Oaxaca, ni mucho menos, porque lo más relevante de la emisión de la ley educativa es el efecto político de corto y mediano plazo que ésta causará. Fuera de eso no hay mucho. Quizá vaya siendo tiempo de ver este asunto en una nueva dimensión.