Aprehensión de líderes magisteriales: algunas coordenadas esenciales

+ Detenciones con fines políticos; “cazados” por sus cuentas con el fisco


La detención de los dos principales líderes de la Sección 22 del SNTE marcará un punto sin retorno en la relación del Estado mexicano con el sector radical de los trabajadores de la educación. De nuevo, el gobierno mexicano echó mano de sus poderosas herramientas fiscales para resolver un asunto político. Y al margen del radicalismo y las necedades propias de la 22, ello debiera también abrir un debate importante sobre el uso abierto de herramientas legales con fines políticos, en esta época en la que el mismo gobierno lucha por hacerle creer a la ciudadanía que se vive en un Estado de Derecho.

En efecto, todo eso hace necesario un análisis más profundo que el de la sola satanización de uno u otro bloque. Pues ante los hechos, es de un simplismo extraordinario acudir a la idea de que el gobierno está reprimiendo a un movimiento democrático a través del uso del terrorismo judicial, como también lo sería argumentar que inopinadamente el gobierno hace lo correcto en contra de un gremio voraz y antidemocrático, que no acepta la reforma educativa. En el fondo, se supone que en una democracia deberían poder convivir todas las ideas y expresiones políticas. Pero la realidad revela la existencia de gremios caníbales, frente a un gobierno brutalmente antidemocrático en sus formas y en sus fines.

Lo primero que debemos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas. ¿Por qué? Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.

En contraparte, en un segundo momento, tampoco debemos dejar de ver que la radicalidad de la Sección 22 los llevó a un proceso autodestructivo. Antes de los comicios federales del año pasado, el magisterio oaxaqueño gozaba de interlocución al más alto nivel con el gobierno de la República. Obtuvieron innumerables prebendas que, sin embargo, desaprovecharon por asumir una anodina postura radical basada en el “todo o nada”. Ya habían conseguido, por ejemplo, que Gobernación les concediera la suspensión definitiva de la implementación de la reforma educativa en Oaxaca; tenían comunicación directa con las más altas esferas federales y habían conseguido todas las garantías respecto a la preservación de los salarios y prestaciones de todos los maestros de Oaxaca. Pero al final, el no poder controlar su radicalismo los llevó a un proceso de autodestrucción, en el que su efecto más acabado se aprecia justamente en el descabezamiento de su movimiento y la implementación, con la fuerza, de la reforma educativa.

LA VETA FISCAL

Otro elemento que ya era señalado en nuestra entrega anterior, y que tiene mucho de relevante, es cómo la forma en la que fueron detenidos los dirigentes de la Coordinadora fue exactamente la misma que como detuvieron a Elba Esther Gordillo. Esto fue, a través del uso de las cada vez más sofisticadas herramientas legales, con las que el fisco federal no sólo atemoriza a los adversarios del régimen federal, sino a prácticamente todos los contribuyentes. Si los dirigentes magisteriales hubieran sido menos ingenuos, y menos confiados de que su posición sindical los inmunizaba frente a los alcances de la ley, se equivocaron.

¿La razón? Que hoy por hoy, las sucesivas reformas fiscales han endurecido sobremanera la fiscalización de todos los recursos que ingresan al peculio de cualquier persona física o moral. Por ejemplo, establecieron un mecanismo denominado “discrepancia fiscal” con el que la autoridad puede hacer, en cualquier momento, una compulsa entre los ingresos y los gastos de cualquier persona, y de ahí determinar la existencia de violaciones a las normas fiscales, y delitos como la defraudación fiscal y el lavado de dinero.

Es claro que a los líderes de la Sección 22 los pudo alcanzar la justicia por la vía fiscal, gracias a que siempre fueron ellos los titulares de las cuentas bancarias a donde ingresaban cantidades millonarias de dinero por las que no pagaban impuestos, y sobre las que no declaraban su procedencia.

Finalmente, esta imagen de “eficacia” con la que intenta cubrirse el gobierno federal al detener por la vía fiscal a sus adversarios políticos, debería ser preocupante. Pues parece que sólo los mexicanos no nos damos cuenta de cómo se utilizan mecanismos legales para resolver conflictos de orden político. Aunque el gobierno tuvo éxito en aprehender a los líderes magisteriales, esto no es sino parte de un fracaso más grande en lo relativo a la capacidad de concertación y a la capacidad de operación política del Estado. No lo pudo resolver —nunca pudo— a la buena; ahora va a tratar de hacerlo a través de estas maniobras.

¿Y LOS DEMÁS?

¿Qué dependencias del Gobierno del Estado, tienen una relación similar con esas mismas empresas, que les transferían recursos a la Sección 22 a cambio de la firma de convenios? ¿Esa historia no debería ser preámbulo de otras investigaciones que ahora posiblemente salgan a la luz, dado el inusitado interés de Hacienda por esas personas físicas y morales que accedían —y quizá hasta fomentaban— el pago de moches a la dirigencia magisterial en Oaxaca, y que podrían estar haciendo lo mismo con otros entes públicos municipales y estatales?