+ Gobierno y la CNTE, dispuestos a “legalizar” cualquier acuerdo político
La CNTE denuncia —con razón— que sus dirigentes encarcelados son “presos políticos”. Sólo que con esa misma claridad y denuedo debería también reconocer que la decisión de trasladar a cuatro de esos dirigentes, a un reclusorio en territorio oaxaqueño, es también consecuencia de un acuerdo político tomado con la Secretaría de Gobernación. En este país en el que las decisiones políticas son legalizadas a través de formalismos, y nadie se sorprende de ello, esto no debería ser un asunto de poses sino de la demostración de cómo grupos de presión —como la Coordinadora— pueden conseguir negociaciones efectivas.
En efecto, en las primeras horas del martes 12 de julio —horas después de que se llevara a cabo el tercer encuentro entre la CNTE y Gobernación—, se anunció que el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, había sido trasladado junto con Francisco Villalobos, Aciel Sibaja y Heriberto Margariño al penal de Miahuatlán, Oaxaca durante la madrugada.
Tal información fue confirmada por el abogado Hugo Paz a un medio de la capital del país, y de inmediato se especuló que éste había sido uno de los acuerdos políticos tomados para facilitar la distensión del conflicto, a pesar de que el traslado de los dirigentes magisteriales detenidos no aparecía en la lista de acuerdos alcanzados entre Gobernación y los representantes de la Coordinadora que acudieron a la mesa de trabajo.
Ayer miércoles, a pesar de la coincidencia en tiempo y circunstancias, la Coordinadora intentó aclarar el punto asegurando que el traslado de los cuatro dirigentes no era parte de los acuerdos con Gobernación, sino que más bien era un logro de la defensa de los procesados. Edith Santibáñez, integrante del equipo Jurídico de Sección 22, aseguró que el traslado de cuatro líderes magisteriales fue un acuerdo judicial y “no un favor” ni “rotación” de las autoridades, aunque no descartó que la comisión negociadora haya puesto el asunto sobre la mesa de diálogo.
“Teníamos no nada más un acuerdo, teníamos hasta tres acuerdos de traslados emitidos por los jueces, sin embargo las autoridades hacían caso omiso. Hasta el día lunes que se le emplazó al juez segundo de lo penal de Oaxaca, el tenía que darle vista al agente del Ministerio Público en cumplimiento de su mandato judicial”, explicó Santibáñez. ¿De verdad podemos quedarnos con esta versión?
DECISIONES POLÍTICAS
Pues es claro —porque en estos asuntos las casualidades nunca son tal— que esta fue una más de las decisiones políticas a las que luego buscan darle forma jurídica para legalizarlas y —es un decir— “legitimarlas”. La mejor prueba de ello es la propia detención de todos los dirigentes de la Sección 22 y la Coordinadora, que fue un acto político revestido de formalidades jurídicas, no con la intención de castigar la comisión de delitos sino de tratar de desmembrar a un movimiento de presión, que —¡vaya paradoja!— ahora tiene de rodillas a la Secretaría de Gobernación.
En ese sentido, en esta columna apuntamos desde el 14 de junio que lo primero que debíamos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas.
¿Por qué?, nos preguntábamos. Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.
Ahora bien, en este contexto es menester considerar otro factor imprescindible: en la mesa de Gobernación, hoy en día todo está sujeto a una negociación política. ¿Cómo quiere la Coordinadora, por ejemplo, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “abrogue” la reforma educativa, si ello no está entre sus facultades? ¿Cómo consiguió la CNTE que el gobierno federal claudicara en su anuncio de despedir a más de tres mil por incurrir en los supuestos de responsabilidad que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, por faltar más de tres días a sus labores, en el periodo de un mismo mes? ¿Y cómo quieren que se distienda el conflicto de Oaxaca, Chiapas y otras entidades del país? La respuesta a cualquiera de esas preguntas —incluyendo el traslado, y quizá hasta la próxima liberación de Núñez Ginez y compañía— pasa por una negociación política, revestida de formas jurídicas.
Por eso la Coordinadora debe dejar esos maniqueísmos cuando no le conviene, y reconocer que el traslado de Núñez fue una decisión tomada en Gobernación, y luego legitimada por los acuerdos judiciales y el cumplimiento de la autoridad penitenciaria. Nada tan simple —y tan visible— como eso.
ARDOR
Se siguen preguntando por qué fue el ex gobernador Ulises Ruiz, el único priista del país que públicamente salió a rechazar la “elección” de Enrique Ochoa Reza como líder nacional del PRI. La respuesta es simple: porque Ochoa representa a la misma generación de políticos a la que pertenece Alejandro Murat. Sabe también que esa decisión fortalece políticamente —en el mediano plazo— al ahora Gobernador electo. Y que —es lo que le duele— eso lo tendrá aún más alejado de lo que ya está del poder en Oaxaca, luego de sus recurrentes saldos rojos, y sus derrotas recientes.
