+ Es un tema coyuntural y de oportunismo político
Si hay temas que verdaderamente constituyen una estratagema para el debate nacional, ese es el relativo al fuero que protege a los servidores públicos. Ello se agrava cuando, además, del engaño, este asunto se vuelve ocasión para el oportunismo de algunos legisladores locales que están acostumbrados a los “bomberazos” para salir del paso y justificar su dieta como representantes populares. Tal es el caso de Oaxaca y su falso debate sobre la eliminación del fuero.
En efecto, la semana pasada fue noticia nacional que el diputado local independiente en el Congreso del Jalisco, Pedro Kumamoto, había logrado la aprobación de una reforma a la legislación de esa entidad para eliminar el fuero. Eso, que en sí mismo resulta algo no del todo encomiable por razones que apuntaremos más adelante, ha servido como pretexto para que otros oportunistas se suban al tema como si fuera prioritario para el debate nacional, que está atiborrado de temas más urgentes. ¿De qué hablamos?
De que, en el caso de Jalisco, se informó que la reforma aprobada la semana pasada establece en el Artículo 91 de la Constitución de aquella entidad que “los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, que será determinada a través del procedimiento previsto en la legislación penal”. Y en el 99: “la comisión de delitos del orden común por parte de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal”, de acuerdo con un comunicado del Congreso de Jalisco. La única salvedad que aún sigue teniendo dicha reforma es la necesidad de la aprobación de más de la mitad de los Ayuntamientos que integran el estado de Jalisco; esto es, que lo aprueben por lo menos 63 de los 125 municipios de aquella entidad.
Esto fue ocasión para el oportunismo de algunos “bomberos” legislativos en Oaxaca, que están dedicados de tiempo completo a cazar temas nacionales para tratar de replicarlos en el Congreso local, inependientemente de su inutilidad y su impracticidad frente al universo de temas que deben desahogarse en la entidad. En ese sentido, el diputado Sergio Bello Guerra presentó al Congreso oaxaqueño una iniciativa para eliminar el fuero constitucional de la legislación local, basado en una serie de argumentos que resultan —por decir lo menos— ridículos.
Según el Legislador “en nuestro estado la impunidad es uno de los problemas de mayor urgencia y gravedad, no sólo para la consolidación de la democracia sino, para su propia sobrevivencia, su prestigio y su correcto desarrollo”. Y no conforme con eso —y como si la impunidad tuviera que ver directamente con el fuero— afirmó que que la impunidad está en el centro de los grandes problemas del estado, pues “ante la violencia, la inseguridad, la corrupción y los conflictos de interés, las y los ciudadanos tienen la certeza de que quienes cometen delitos no serán investigados y mucho menos sancionados”, y que en la actualidad “el poder cobija y protege al delincuente, aparentando esta acción el principio rector de la vida pública”.
Así, considera el Diputado a sus pares y a todos los que gozan de inmunidad constitucional. Según él, se encuentran en el mismo rasero que los delincuentes y por eso es necesario quitarles el fuero constitucional.
UNA PATRAÑA
El debate sobre el fuero debía ser mucho más amplio, y no coyuntural, como hasta ahora lo es en México. De hecho, nadie se había acordado en los últimos años de la polémica inmunidad constitucional —desde 2006 cuando, de hecho, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.
Todo lo trajo de nuevo a la picota, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la Revolución Democrática, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo. Fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como se creía. Y fue entonces cómo, en medio de la vorágine, que resurgió este añejo debate sobre la modificación o transformación del fuero constitucional.
El pequeño problema para los oportunistas como Sergio Bello, es que fuera de esos dos ejemplos —dos, entre miles de legisladores (locales y federales) que han existido desde que el poder está dividido en México— no existe otro que demuestre que el fuero constitucional es sinónimo de impunidad. Ese argumento, más bien, atiende al propagandismo propio de quienes prefieren las proclamas por encima de los argumentos. Pero, con seriedad, puede decirse que quizá un tercer ejemplo podría ser el de la llamada “chapodiputada” que también ha enfrentado un problema con el fuero, pero que ya le fue retirado para que responda ante la justicia por la falsificación de documentos con los que accedió a la celda de Joaquín Guzmán Loera en el penal de La Palma.
UN ENGAÑO
Los diputados oaxaqueños deberían estar más preocupados porque haya más debates serios y no patrañas con las que pretenden justificar el trabajo. Es cierto que el fuero debe replantearse, pero no como una forma de “bomberazo” con el que presentan iniciativas con el solo objetivo de llenar un record de “eficiencia” legislativa. Se entretienen en eso pero nada dicen sobre temas torales como el sistema anticorrupción y otros que duermen plácidamente en la Legislatura del Estado
