+ Reiterada crisis de legitimidad, se repite porque lo legal no es legítimo
Ayer La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo presentado por un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que impugnaba la ley que permite cesar a los docentes que no obtengan resultados favorables en las pruebas de permanencia. A pesar de este fallo, que avala la legalidad de la reforma educativa, resulta que de todos modos el gobierno federal sigue negociando la abrogación de facto de ese conjunto de leyes, abonando con ello a la preocupante brecha que existe en México entre lo legal y lo legítimo.
En efecto, en su resolución los ministros de la Primera Sala consideraron que la evaluación obligatoria que tienen que presentar los trabajadores del Servicio Profesional Docente, para permanecer en el servicio u obtener una promoción dentro del mismo, no tiene la naturaleza de una sanción administrativa, pues sólo se traduce en el cumplimiento de una condición para permanecer en el cargo.
Al revisar un proyecto del ministro Arturo Zaldívar, los integrantes de la Corte señalaron que el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente.
Todo ello, derivado de la disposición contenida en la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a que todos los trabajadores del sistema educativo deben evaluarse luego del segundo año de haber obtenido su nombramiento definitivo. La Corte avaló lo dispuesto en la ley, en el sentido de que cuando un trabajador haya reprobado en tres ocasiones consecutivas la evaluación puede ser dado de baja del servicio sin responsabilidad para el patrón.
Con esta resolución, la Corte prácticamente cerró la posibilidad de que los trabajadores de la educación continúen argumentando, como mecanismo de defensa legal, que se violan sus derechos fundamentales al aplicarse las disposiciones contenidas en la reforma educativa. Este fallo, al final, tendrá que llevar a los profesores a buscar mecanismos de defensa en la vía laboral o administrativa (aunque ésta última vía también quedó muy maltrecha, al considerar la Corte que la separación del cargo no debe ser considerada como una sanción administrativa) para tratar de contrarrestar las disposiciones de ley, aunque finalmente —y ese es el efecto colateral, irremediable, que alimenta Gobernación con su grosera negociación con la Coordinadora— el camino idóneo terminaría siendo la defensa en las calles, o en la presión social como hasta ahora lo han hecho los docentes de Chiapas, Michoacán y Oaxaca.
ALIMENTAN LA ILEGITIMIDAD
Ante esta realidad, nos encontramos frente a un problema en el que los poderes federales no sólo actúan descoordinadamente frente a un problema no sólo legal, sino de gobernabilidad, porque mientras el Legislativo señala que las normas que emitieron son constitucionales, y el Judicial lo avala con sus resoluciones, el Ejecutivo las deja sin efecto gracias a las negociaciones que entabla con el propio magisterio en aras de mantener en banquitos la gobernabilidad nacional.
Así, resulta que independientemente de las resoluciones judiciales o de las posiciones que asuma el Congreso frente a la reforma educativa, los acuerdos parciales en las mesas de diálogo y las proclamas en contra de la reforma educativa, terminan triunfando porque los compromisos que valen son los que se hacen ante Gobernación, y no en lo que dicta la Corte o resuelve el Congreso federal. Y, de hecho, esto es así porque tanto la Coordinadora, como el poder público, enfrentan hoy una crisis profunda de legitimidad que hace irreconciliables sus posiciones, independientemente del contenido de las mismas.
En ese sentido —escribimos el 21 de julio en este espacio, y confirmamos hoy fehacientemente—, es evidente que el contenido de la reforma educativa es prácticamente imposible que cambie porque legalmente los poderes Legislativo y Judicial sostienen que la reforma educativa no enfrenta ningún problema de legalidad —de forma y de fondo— y que por esa razón hablar de reformas es tanto como el cumplirle un capricho a quienes no quieren modificaciones, sino la anulación de la misma.
En el otro extremo está la propia crisis de legitimidad de la Coordinadora Nacional, que insistentemente ha tratado de presentarse como la representación viva del pueblo ya no sólo de Oaxaca, sino de México. El magisterio disidente, aglutinado en la CNTE, ha tratado de llevar la presión a la consecuencia última de toda pretensión política: el cambio en el orden jurídico.
Particularmente, ellos quieren que se reforme una cuestión que les afecta en lo particular. Para ello han tratado de envolverse en el esquema de la representación popular. Sólo que esa representación está por mucho lejana de lo que verdaderamente pudiera catalogarse como un movimiento social de masas capaz de aglutinar la legitimidad como para una labor de esa naturaleza.
¿ACABAR CON LOS BLOQUEOS?
Osorio Chong, el titular de Gobernación, le dijo a los representantes de la Iniciativa Privada que va a terminar con los bloqueos de la Coordinadora. La pregunta es cómo. Pues hasta ahora les ha dado todo lo que han pedido, y hasta más, y de todos modos Oaxaca sigue ahogada bajo un sitio intermitente, y asolada por la inmovilidad económica. Todo, mientras la reforma educativa está casi capitulada en las negociaciones de la capital del país. Entonces, ¿así cómo?
