+ Coordinadora reacciona hacia delante: liberan presos; aprietan protestas
Los grupos parlamentarios en el Congreso federal, o la Legislatura del Estado de Oaxaca, o la misma ciudadanía, deberíamos dejar atrás la parsimonia y exigirle al gobierno federal que deje de actuar discrecionalmente en sus negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los oaxaqueños, y los mexicanos, debíamos conocer con detalle qué plan, o qué derrotero siguen las negociaciones de Gobernación con el magisterio. Pues según parece, no terminan de comprender la dinámica magisterial, y al fortalecerlo, están llevando la reforma educativa, y el Estado de Derecho, a la quiebra.
En efecto, es alarmante cómo la Secretaría de Gobernación sigue cayendo en el garlito de ofrecer, y dar, muestras de distensión del conflicto magisterial, cuando es bien sabido que la Coordinadora es un movimiento que siempre reacciona hacia delante. ¿De qué hablamos? De que sólo en el último gran movimiento de esta tormentosa relación Gobernación-CNTE, el gobierno federal cumplió el acuerdo de dejar en libertad a los dos últimos líderes que aún estaban en prisión, y la Coordinadora reaccionó anunciando acciones que hablan de todo, menos de la distensión del conflicto.
Al contrario: la mañana del viernes, finalmente recobraron su libertad los secretarios General y de Organización de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, luego de haber permanecido en prisión durante dos meses, acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, daños, lesiones y otros delitos del fuero local. La aprehensión de esos dos líderes, ocurridas los días 11 y 12 de junio en Salina Cruz y la Ciudad de México, fue lo que desató los bloqueos, el desastre de Nochixtlán, y esta historia de terror, amagues y sometimiento, que hoy presenciamos todos los mexicanos.
Frente a esa supuesta muestra de “buena voluntad” del gobierno federal hacia la Coordinadora, ésta reaccionó endureciendo sus posiciones: reiteró su exigencia de la abrogación de todo el entramado constitucional y legal que constituye la reforma educativa; la reactivación de los bloqueos carreteros y la toma de oficinas gubernamentales y comercios, que parecía haber cesado en los últimos días; la liberación de todos sus presos políticos, la reinstalación y el pago de salarios a todos sus trabajadores, la recontratación de los despedidos; la garantía de que no habrá descuentos o sanciones a quienes han participado en las movilizaciones y acciones de protesta.
Acordaron también —y este es un resolutivo que no había aparecido en sus documentos— su decisión de impedir la transmisión de poderes el próximo 1 de diciembre en Oaxaca; y la amenaza velada de no iniciar el ciclo escolar 2016-2017 si no se cumplen todas esas condiciones.
¿Qué significa todo esto? Que, según parece, las dádivas de Gobernación han servido de poco porque, de nuevo, la Coordinadora reaccionó duplicando sus amenazas y movilizaciones, y no aceptando que atraviesa por un proceso de distensión en el que, recibiendo las muestras de voluntad del gobierno federal, se supone que tendría también que responder bajo esa misma lógica.
NO ENTIENDEN OAXACA
Lo que parece, en todo esto, es que los funcionarios que negocian por parte de la Secretaría de Gobernación no conocen Oaxaca, y no entienden el drama que ha sido el gobierno de Gabino Cué: éste último, durante cinco años, se declaró aliado incondicional de la Sección 22; les concedió la no implementación de la reforma educativa en Oaxaca durante dos años (de 2013 a 2015); les ofreció aprobar su PTEO convertido en Ley Estatal de Educación (cosa que la 22 finalmente rechazó por los ajustes mínimos que le hizo el gobierno a su iniciativa); y al gobierno de Oaxaca nunca le pasó por la cabeza utilizar la fuerza pública en contra de quienes fueron sus aliados.
¿Cuál fue el resultado de esa política del gobierno estatal, frente al magisterio oaxaqueño, de dejar hacer, y dejar pasar? Más movilizaciones, más bloqueos, más chantajes y ningún avance ni en los temas políticos y de gobernabilidad medulares, y tampoco en lo referente a la educación. Durante esos primeros cinco años —hasta el 21 de julio de 2015, cuando el Gobernador extinguió el IEEPO bajo la hegemonía de la 22— no hubo ningún indicador de mejora en la gobernabilidad o en la educación. El magisterio siguió movilizándose, parando labores, protestando, exigiendo, demostrando su poder al gobierno para mantenerlo sometido; y mientras la educación —lo medular, se supone— no vio ningún avance derivado de esa política pro magisterial.
Ese es el destino manifiesto del gobierno federal, hoy que está implementando esa misma política frente al magisterio. La Coordinadora le añadió nuevas exigencias, nuevos acuerdos, y nuevas condiciones a su plan de acción, porque a partir de ello manifestarán que las muestras federales de voluntad son “mínimas e insuficientes”, y que necesitan más —más concesiones, más dádivas, más permisividad— para no llevar a cabo todo lo que ahora se proponen. Es decir, la libertad de Núñez y Villalobos, y todo lo que les han dado, fueron directo al cajón de la nada. Van por más, y eso es lo único que importa.
NO ES OAXACA: ES EL PAÍS
Esa gangrena hoy ya no es exclusiva de Oaxaca: aquí la situación es —relativamente— manejable: pero basta con voltear a ver el caso de Chiapas, donde la Sección 7 ya recuperó la autoridad educativa; en Michoacán, la Sección 18 va por el mismo camino. Y Gobernación está negociando la derogación de facto de la reforma educativa. Una pequeña gran historia de terror…
