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+ Mujeres trabajadoras, blanco de ataques misóginos y de intolerancia
A pesar de que el lugar común dice que en Oaxaca todos los actores y grupos de la vida pública luchan por la democracia y los derechos, la realidad apunta en sentido contrario. Hemos sido testigos de ataques reiterados no sólo en contra de la legalidad y la convivencia respetuosa, sino del trabajo legítimo de las personas. En los casos más recientes, además, han sido mujeres el blanco de esos ataques, cometidos demagógicamente en nombre de la democracia.
En efecto, el primero de esos casos es el de nuestra compañera fotorreportera de TIEMPO, Citlalli Cid que el fin de semana fue atacada arteramente por un grupo de profesoras de la Sección 22 del SNTE cuando hacía su trabajo —es decir, tomaba fotografías— sobre el estado que guardaba el plantón magisterial en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Ese grupo de maestras, intolerantes y arbitrarias, persiguió a nuestra compañera, que se guareció en una tienda de electrodomésticos ubicada en la primera calle de Guerrero, contigua al Palacio de Gobierno, y hasta ahí fue alcanzada por las “profesoras”, quienes la amenazaron, la vejaron y la obligaron a borrar su material de trabajo a la vista de elementos de seguridad pública, que ni por humanidad hicieron algo por proteger a la fotorreportera.
La respuesta de TIEMPO, con el respaldo solidario y necesario de un grupo amplio de medios informativos de la entidad, fue apenas proporcional a la agresión sufrida por nuestra compañera: dichos medios anunciaron su decisión de dejar de dar cobertura a las actividades de la Sección 22 del SNTE.
Y contrario a lo que dolosamente ha intentado argumentar la Sección 22 —que esa decisión atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía—, ésta decisión de los medios oaxaqueños no sólo responde a la agresión sufrida por Citlalli Cid (incluso ni siquiera por el hecho de ser mujer, o porque las féminas que la agredieron no respetaron el estado de gravidez en que se encuentra, o porque lo hicieron en la vía pública, a plena luz del día y ante la mirada imperturbable de la autoridad) sino en realidad al hecho de que, mientras no existan garantías mínimas —de la autoridad, y de los mismos grupos de presión en su imperativo de comportarse en un marco mínimo de civilidad— para realizar la labor periodística, no vale la pena arriesgar la integridad física de los trabajadores de la información.
En ese sentido, la Sección 22 se ha mantenido en su actitud de no reconocer lo que ocurrió, y achacar la situación a un malentendido. No asumen con responsabilidad el hecho de que ellos mismos, con sus llamados a la censura y a la persecución de todos —medios informativos, incluidos— que no respaldan incondicionalmente su lucha, contribuyeron a crear esa actitud de intolerancia y de agresión en contra de todos los medios. Y esa actitud ha sido pareja: lo mismo han hecho contra representantes de medios que han tenido coincidencias con ellos, que con quienes han sido críticos con sus acciones y estrategias de lucha.
Por eso, al final esto no se trata de censurarlos o de castigarlos. Simplemente se trata de protegernos como gremio frente a su intolerancia y su vocación violenta.
VIOLENCIA ¿DEMOCRÁTICA?
Una situación más o menos parecida es la que el diputado y sedicente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo García Henestroza, ha emprendido en contra de varias empleadas del Poder Legislativo. La agresión más conocida es la que emprendió en contra de la directora de Comunicación Social, Gisela Mónica Ramírez Hurtado para separarla de su cargo a través de maniobras abiertamente ilegales y violentas; y ayer, García Henestroza emprendió acciones similares en contra de la titular del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, María de Jesús Mendoza Sánchez.
¿Cuál es la intención de García Henestroza? Según él, asumir plenamente la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Aunque en realidad lo que está haciendo se reduce a dos intenciones: primera, desviar la atención, a través de esos actos violentos, de la enorme crisis financiera que enfrenta el Poder Legislativo para tratar de obtener alguna ganancia del río revuelto; y segundo, demostrar que en el Congreso local no conocen los escrúpulos ni le temen al escrutinio ciudadano, porque ellos mismos se han encargado de denigrar a los órganos encargados de proteger los derechos humanos de las personas.
En el primero de los casos, García Henestroza pretende, a través de la persecución a Ramírez Hurtado —con la complicidad silenciosa de la bancada priista—, desconocer toda la carga financiera que institucionalmente tiene el Congreso con las empresas de medios en Oaxaca. Esas maniobras demuestran tener la intención de disponer de los recursos económicos que quedan, y que son para el pago de proveedores, para fines que no terminan de ser claros.
ARBITRARIO E INDOLENTE
Por eso mismo ayer emprendió el ataque en contra de la dirección de recursos humanos, y es posible que lo haga también con las demás áreas legislativas que cuentan con recursos económicos para el desarrollo de sus funciones. En el caso de Gisela Ramírez, el diputado García Henestroza ha desoído dos oficios consecutivos de medidas cautelares emitidos por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Se aprovecha de la debilidad de la defensoría, y demuestra que no le interesa en lo más mínimo los efectos de opinión que generen las arbitrariedades que está cometiendo. ¿Esa es la civilidad democrática de la que tanto hablan?
