Imperioso, pero improbable, que Morena logre auditoría al Congreso

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+ LXII Legislatura: todos “consensaron” llevar a la quiebra al Congreso


Es necesario registrar —y no olvidar— las afirmaciones del diputado electo Irineo Molina Espinoza, quien fungirá como coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura estatal. En entrevista con TIEMPO, Molina asegura que exigirá a la Auditoría Superior del Estado, una revisión fiscal y contable a sus antecesores. Esa, la de las auditorías al Poder Legislativo, es una de las demandas más añejas y menos posibles en Oaxaca, en un escenario en el que reiteradamente los legisladores han logrado como único consenso de sus respectivas gestiones, el llevar a la quiebra a las finanzas legislativas, y de paso a la legalidad y al Estado de Derecho.

En efecto, el próximo Coordinador de Morena en el Congreso, reprochó que quienes integran la LXII Legislatura convirtieran al Poder Legislativo en una alianza comercial en la que todo se vendía, y evitaran transparentar su actuar. Consideró que “es momento de que al seno del Congreso de Oaxaca se aplique la transparencia y austeridad”, y sobre todo “se acabe con esos vicios que definieron y distinguieron a la LXII Legislatura”.

Todos sabemos que esos vicios que definieron y distinguieron a la Legislatura que fenece fueron los relacionados no sólo con la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos, sino sobre todo con confabulación entre fracciones parlamentarias para cerrar su manejo financiero a cualquier forma de revisión, e incluso echar a quien intentara hacerlo, independientemente del nivel jerárquico o político en que se encontrara.

En ese sentido, es menester recordar que la propia LXII Legislatura inició con demandas muy claras y concretas de rendición de cuentas y de revisión de la actuación de quienes integraron la LXI Legislatura. Quizá hoy para muchos es un recuerdo vago, pero aquella Legislatura —la primera de este sexenio— concluyó en medio de un escándalo por la revelación de transferencias millonarias a los coordinadores de las bancadas que integraron la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Hubo, en aquel momento, dos botones de muestra: uno fue la revelación de sumas superiores a los cuatro millones de pesos en las cuentas bancarias del entonces diputado Alejandro López Jarquín. Y algo muy similar ocurrió con quien fungía como coordinador de la bancada priista, el diputado Francisco García López, a quien igualmente desde las cuentas institucionales del Poder Legislativo, le fueron transferidas fuertes cantidades sobre las que nunca hubo una explicación cabal.

Cuando concluyó la LXI Legislatura, los diputados entrantes (que ahora son salientes) prometieron a la ciudadanía que investigarían a fondo dichas operaciones; que abrirían las cuentas del Congreso a la ASE para que llevara a cabo los actos de fiscalización que en derecho correspondían; y que tendrían una actitud distinta que la de sus antecesores. La realidad revela que no sólo no ocurrió nada de eso, sino que los integrantes de la LXII Legislatura profundizaron la opacidad, la discrecionalidad y la lucha por mantener en secreto el destino de sus recursos.

ALIADOS PARA LA OPACIDAD

Presionado por las circunstancias, al inicio de la LXII Legislatura, el diputado Alejandro Avilés Álvarez —en su calidad de presidente de la Jucopo— dijo en público que permitiría las revisiones por parte de la ASE, aunque en privado ninguneó, regañó y ridiculizó al auditor Carlos Altamirano Toledo, por declarar a la prensa que el organismo de fiscalización que —según— encabeza, se encontraba listo para iniciar las auditorías a la gestión de los diputados de la LXI Legislatura. Lo único cierto es que dichas revisiones nunca ocurrieron, y la muestra palmaria de ello radica en que la ASE no registra, de 2014 a la fecha, ningún resultado de auditoría al ejercicio de los recursos legislativos, simplemente porque nunca tuvo acceso a ellos.

Luego vino el festín económico del que se sirvieron los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD —los dos primeros años de la LXII Legislatura, en los que uno y otro encabezaron sucesivamente la Jucopo— en una verdadera danza millonaria a la que accedieron gracias al trabajo del Tesorero del Congreso, que fielmente guardó los secretos sobre el manejo de los recursos, a cambio del respaldo legislativo para sostenerse en su cargo.

De hecho, la muestra más clara de esa alianza para llevar a la quiebra al Congreso, se vio cuando la diputada Natividad Díaz prometió, el año pasado, que realizaría las auditorías prometidas. ¿Qué ocurrió? Que todos se pusieron de acuerdo, primero para impedirle cualquier intento de revisar las finanzas legislativas, y luego para echarla de la Junta y de la Coordinación de la bancada, cosa que finalmente ocurrió hace algunas semanas.

Frente a esa realidad, hay que memorizar las declaraciones de Irineo Molina. Dentro de no mucho veremos, en los hechos, si logra al menos algo de lo que ahora, con tanto denuedo promete.

COSAS QUE PASAN…

La semana pasada, la ASE llevó a cabo la premiación de un concurso de dibujo infantil sobre la rendición de cuentas. El invitado estrella del evento, realizado en el Hotel Fortín Plaza, fue el experto en docencia y temas educativos, Jesús Amaya Guerra, a quien trajeron a Oaxaca para dictar una conferencia. Llamó la atención que inmediatamente después de que terminó ese evento, en un salón contiguo, inició un evento con una temática similar, pero organizado por la subsecretaria de Desarrollo Social, Dalia Báez Arenas. Ahí, Amaya Guerra dio otra conferencia. La duda que quedó entre quienes atestiguaron el hecho, es si la ASE pagó los gastos y honorarios de un conferencista, que luego se fue a otro evento oficial de la Sedesoh, o si fue al revés… o si, con doble pago, todo fue producto de una amena casualidad entre ambas instituciones.

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