+ La voluntad política se refleja sólo en la inversión real
De cara al cambio de poderes que se avecina en Oaxaca, habría que revisar con detenimiento cuál sería una verdadera actitud democrática, si es que los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden demostrar con hechos, y no sólo con discursos, que están comprometidos con las demandas de la ciudadanía, que hoy en día se reducen a temas muy concretos como la transparencia, el combate a la corrupción, o el acceso a una justicia pronta y expedita, como dice la Constitución que debe ser. Ese compromiso sólo se refleja en la inversión. Y por ello habrá que ver qué tan comprometidos están los nuevos integrantes del Legislativo y Ejecutivo con esos temas.
En efecto, ayer el periódico El Universal presentó un interesante análisis sobre la inversión que realizan diversas entidades federativas en el rubro de transparencia y acceso a la información, y sobre cómo en varias de ellas el discurso del acceso a la información y la transparencia, de cara a las cifras, no resulta ser sino un auténtico engaño.
Según el reportaje de El Universal titulado “Estados ahogan a la transparencia”, a pesar de que la transparencia es una referencia constante en el discurso de los gobernadores, y que en promedio los 32 estados destinan 8.34 pesos por persona, entidades como Puebla, Chiapas, Baja California, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas apenas otorgan menos de la mitad de esa cifra. Oaxaca, agregaríamos, no se aleja mucho de esas entidades en las que la transparencia no es una prioridad y por eso no se invierte en la institución encargada de promoverla y garantizarla.
En ese sentido, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Puebla otorga en promedio 2.1 pesos por persona a este rubro; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por persona. El documento señala que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona para la transparencia, y que Campeche es la entidad que más recursos per cápita otorga a la transparencia, con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos.
Ahora bien, dice la publicación, a nivel nacional el promedio de recursos destinados a la transparencia, como proporción del presupuesto de cada entidad, es de 0.06%, la cual se ha mantenido para los últimos cinco años. En el caso de la federación, la proporción es de 0.02 por ciento, debido a que en 2016 la Administración Pública Federal tuvo un presupuesto de más de 4.7 billones de pesos y la participación de esos recursos para el Inai fue de 937.8 millones de pesos; es decir 0.2%.
Así, hay entidades que proporcionalmente invierten cantidades importantes de dinero en ese rubro, tales como Aguascalientes (0.12%), Quintana Roo (0.11%), Campeche (0.10%) y Coahuila (0.10%). En contraparte, existen entidades como Chiapas, Guerrero y Puebla que mantienen una baja proporción de recursos destinados a la transparencia con respecto al presupuesto estatal (0.02%), tanto en 2016 como en 2015.
¿Y OAXACA?
Aunque el reporte de El Universal no aborda la situación que prevalece en Oaxaca, conocer su voluntad por la transparencia no fue difícil. Según el Presupuesto Ciudadano 2016, elaborado por la propia administración estatal, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la entidad, tiene para 2016 un presupuesto de 26 millones 342 mil 990 pesos, que en proporción a los $60,495,049,279.00 (sesenta mil cuatrocientos noventa y cinco millones, cuarenta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos) que son el total del presupuesto de la entidad para el presente año, no resulta ser sino apenas el 0.04 por ciento de inversión —e interés— en la transparencia.
En esa lógica, al hacer una revisión simple de cuánto invierte la entidad en el rubro de los órganos autónomos, resulta que la transparencia es lo que menos le interesa, sin que eso signifique que el trabajo de los otros órganos autónomos les despierte particular interés. Por ejemplo —y sin que esos montos reflejen jauja en otros órganos—, a la Auditoría Superior del Estado le destina 71 millones 300 mil pesos, que resultan insuficientes para cumplir con sus funciones de fiscalización; a la Defensoría de los Derechos Humanos, le destina 40 millones 604 mil 284 pesos, a pesar de que es la entidad autónoma que más críticas recibe por su parcialidad y disfuncionalidad. Incluso, el IEEPCO es el órgano autónomo que más recursos recibe, con casi 500 millones de pesos. Así, mientras al IAIP le asignan una inversión proporcional de 0.04 por ciento, a la ASE le asignan el 0.12; a la Defensoría el 0.07 por ciento; y al IEEPCO el 0.79% del total del gasto estatal.
INVERSIÓN, NO PALABRAS
¿Qué resulta de todo eso? Que si el nuevo gobierno, y el nuevo Congreso tienen verdadero compromiso con las demandas ciudadanas, deben incrementar la inversión a los órganos autónomos para que éstos hagan su trabajo. ¿Quieren rendición de cuentas? Inviertan más a la ASE. ¿Quieren más transparencia? Que se refleje en el presupuesto del IAIP, y que se consolide en el fortalecimiento institucional que necesitan los órganos autónomos para ejercer las funciones que les confirieron las últimas reformas nacionales. Todo lo demás, es pura demagogia.
