+ La justicia no puede quedar sujeta a la “equidad” entre partidos
El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, está procesado judicialmente, y prófugo, pero ello no debe llevar a nadie a considerar que su caída ahora debe propiciar la de gobernadores de otros partidos, como si la justicia en México fuera un asunto de “equilibrios políticos” y no un tema de persecución a la corrupción. La caída de Duarte coincide con la de Padrés. Y junto con ellos debían ser procesados todos los demás gobernadores a los que se les llegaran a probar actos de corrupción, pero no como un asunto de “cuotas de procesados”.
En efecto, la semana pasada Duarte anunció que solicitaría licencia para “limpiar su imagen” luego de las injurias de las que, según dijo, era objeto. El lunes se supo que la Procuraduría General de la República había conseguido una orden de aprehensión de un juez federal por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de investigaciones y pruebas ya ventiladas en medios de comunicación. Para entonces, hace dos días, el gobierno federal reconoció que desconocía el paradero de Duarte, y hoy se dice lo mismo que aún se encuentra en el país, que habría viajado a Canadá.
Casi al mismo tiempo, la Interpol anunció que había emitido una ficha roja de captura internacional en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quien también el gobierno federal le instauró varios procedimientos penales motivados en la adquisición de diversos bienes inmuebles con recursos de procedencia ilícita y por haber cometido irregularidades durante su gestión como mandatario estatal.
Entre las coincidencias que surgieron entre los casos de Padrés y Duarte, es que ambos fueron gobernadores recientemente; que ambos representan abominables actos de corrupción; y que ambos representan la bandera con la que el Partido Acción Nacional, y el Revolucionario Institucional, se intentan lavar la cara frente a la ciudadanía para tratar de demostrarle que sus promesas de ir en contra de los corruptos, y que para probarlo está comenzando por su propia casa.
Frente a todo esto, disimuladamente los líderes de esos dos partidos han esgrimido un tercer argumento: que ahora debe caer un gobernador emanado del PRD, como dando la idea de que con eso habría una especie de “equilibrio”, o de “piso parejo”, en la lucha contra la corrupción. No les queda claro que esa ruta del combate a la corrupción no tendría que estar basada en esa noción de justicia, sino en castigar a todos los que hayan incurrido en actos de corrupción independientemente de su filiación u origen político.
¿TENDRÍA QUE CAER UNO DEL PRD?
Seguramente hay uno, o más, gobernadores del PRD que han incurrido en casos de corrupción en la misma medida en la que han incurrido los gobernadores del PRI y del PAN que ahora son señalados. En el caso de gobernadores del PRD como Graco Ramírez Garrido, al inicio de 2016 hubo relevo de autoridades municipales en Morelos. En Temixco, asumió como alcaldesa Gisela Mota Ocampo, y en Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mota Ocampo, de filiación perredista, fue asesinada la mañana del sábado por un comando a las afueras de su domicilio. Según la información, luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único estatal desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera, al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.
En lo que corresponde a la ciudad de Cuernavaca, en vísperas de la toma de posesión del polémico Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de la capital para desarmar a los elementos. La razón que ofreció el Comisionado de la Policía Estatal, era que como el nuevo Alcalde había adelantado su intención de no renovar el convenio para la aplicación del Mando Único Policial en ese municipio, entonces el gobierno estatal debía recoger todo el armamento y equipos que anteriormente había otorgado a la Policía Municipal.
Así, al asumir el cargo municipal, Blanco tenía una policía desarmada y, por ende, una ciudad a merced de la delincuencia que prácticamente podría hacer lo que le viniera en gana ante la incapacidad operativa de su corporación. La salida que encontró el nuevo gobierno de Blanco Bravo fue solicitar al Ejército que tomara el control de la seguridad pública en tanto se resolvía la diferencia con el gobierno de Graco Ramírez Garrido por la aplicación del Mando Único Policial.
Así, en estas dos historias hay un común denominador que no habría por qué tener relación con la seguridad pública, pero que ha sido determinante: la insistencia del gobierno de Graco Ramírez por condicionar o retirar el apoyo en cuanto a la seguridad, a partir de definiciones políticas. Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, tiene una diferencia política abismal no con Cuauhtémoc Blanco, sino con sus impulsores políticos.
CASOS OAXAQUEÑOS
En el caso de Oaxaca hay muchas más cosas que decir: casos de impunidad, de corrupción y de sospechas fundadas de que existen formas de evasión a la ley, insospechadas. La forma en las que deben responder ante la justicia son evidentes: que cada gobernador enfrente a la justicia en la misma forma en la que gobernó su entidad durante seis años, sin preferencias ni canonjías. No es un asunto de equidad ni de equilibrios, sino simplemente de igualdad ante la ley: todos debían responder en la misma forma por sus actos. ¿Es difícil comprenderlo?
