El sistema electoral no puede seguir pagando por la ingobernabilidad

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+ Deben cambiar los modos de acceso y permanencia en el poder público


La inercia del país hace cada vez más urgente la discusión sobre la reforma al poder público. Se trata de pensar y poner en marcha una reforma de gran calado que pase no sólo por los mecanismos electorales, sino por la misma permanencia y los periodos en que se ejerce el poder público, así como de las relaciones entre poderes. La reforma que necesita el país es una de gran calado que modifique también la estructura del federalismo y que corresponsabilice a los órdenes de gobierno estatales y municipales para hacerlos más equilibrados frente al poder federal.

En efecto, sabemos que todo poder público en el sistema republicano tiene como características esenciales la temporalidad, la renovación periódica y el acceso democrático al poder. Esto se traduce en el hecho de que cada cierto periodo de tiempo se renueva la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo; que dicha renovación, lleva implícito el cambio y la rotación de sus integrantes, justamente para dinamizar y robustecer regularmente el ejercicio del poder público; y que una de sus formas esenciales radica en que esa renovación periódica tiene que ocurrir sólo a partir de la decisión tomada por la mayoría de los ciudadanos.

Todas ellas son piedras angulares del poder que ya conocemos. En México, el sistema electoral señala que la renovación periódica del Poder Legislativo se da en periodos intercalados de tres y seis años, para la renovación del sistema bicameral; y que, en el caso del Poder Ejecutivo, la elección se realiza cada seis años a través del voto universal, libre, secreto y directo de cada ciudadano de la república, y que gana quien obtiene la mayor cantidad de votos de entre todos los contendientes, en una sola jornada electoral. Dicho sistema hoy necesita reformas. Pero no es en lo único en lo que deberíamos pensar para mejorar el ejercicio del poder público.

En ese marco, resulta que hoy México se encuentra en un momento excepcional, por complejo. La primera alternancia en el año 2000 no trajo como resultado una reforma real al poder público, aunque la sociedad mexicana daba señales de madurez y de crecimiento en el ejercicio de sus derechos. Lejos de eso, crecieron las calamidades: corrupción, impunidad, inseguridad, criminalidad, violencia e ingobernabilidad.

En 2012, y por la crisis de esos factores, vino una segunda alternancia que tampoco pasó por reformar al poder. El régimen del presidente Enrique Peña Nieto optó por las reformas estructurales, pero no por el cambio profundo que necesitaba el poder público. ¿Dónde se notaban las grietas democráticas? En el hecho de que Peña Nieto, como sus dos antecesores, luego de su tercer año de gobierno han sido víctimas de un mal común: sus gobiernos se ven totalmente agotados, liquidados, como si no tuvieran más futuro o margen de maniobra que el de esperar pacientemente —administrando la crisis permanente del país— hasta que se cumpla el periodo sexenal para irse.

Todo esto tiene una explicación: los tres (Fox, Calderón, Peña Nieto) han enfrentado una crisis de legitimidad que se terminaría con la renovación de los mecanismos de acceso al poder. Pero también enfrentan una crisis en el ejercicio del poder que no se resolvería con el cambio de las llaves de acceso a la Presidencia, sino con una reforma a las condiciones mismas del ejercicio del poder público.

REFORMAR AL EJECUTIVO

Instaurar la segunda vuelta electoral —el ‘balotaje’, como se conoce en algunas naciones sudamericanas— robustecería la legitimidad presidencial inicial, pero no resolvería su crisis permanente de ser rebasado por los problemas nacionales. Un gobierno de coalición sólo funcionaría en un régimen parlamentario que, en las condiciones del país, sería imposible de establecer al menos en el corto y mediano plazo. Por eso, junto con la exploración de dichos mecanismos, lo que hace falta también revisar es la manera en que se reparte el poder, y la forma y periodos en que se ejerce.

En este sentido, una reforma profunda al poder tendría que pasar por la transferencia de responsabilidad a los gobiernos estatales, que han demostrado una dolorosa minoría de edad frente a las alternancias de poder federales y, sobre todo, frente a la posibilidad de ejercer su propio espectro de poder. Hoy, por eso, los gobernadores son símbolo de corrupción, impunidad, excesos, complicidades y saqueo, cuando en realidad debieron ser la alternativa de gobernabilidad frente a la crisis del modelo presidencial, durante estos 16 años de alternancias carentes de derroteros definidos.

Ello explica por qué la federación avanza a pasos firmes en la recentralización de atribuciones en detrimento de los gobernadores, aunque ello en realidad sea una salida alterna sólo de contingencia, y de efectos únicamente en el corto plazo.  Al final, habría que comenzar a considerar la eliminación del modelo sexenal de gobierno, para pasar a periodos más cortos con capacidad de convalidación ciudadana, ahí sí a través de mecanismos como la segunda vuelta electoral, o con el establecimiento de los gobiernos de coalición a través de un nuevo modelo de reparto de responsabilidades.

CRISIS PERMANENTE

Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo a Presidentes totalmente agotados, y anulados, en su cuarto año de gestión; seguiremos también viendo a gobernadores corruptos, pequeños jeques o virreyes que ejercen su poder a plenitud ante la falta de mecanismos democráticos de control. Y enfrentaremos a una sociedad cada vez más presionada, impaciente y enojada, que buscará los cambios a través de otros métodos. No hay que esperar hasta entonces.