+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Transmisión de poderes: de nuevo, la política sujeta al escrutinio

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+ Ciudadanía, ¿será, de nuevo, vencida por inercias y desencanto?



Ayer, con la instalación de la LXIII Legislatura inició formalmente el proceso de transmisión de poderes en Oaxaca, que concluirá el próximo 1 de diciembre cuando asuma Alejandro Murat como gobernador del Estado. Este será un periodo formidable, en el que de nuevo, los partidos y sus representantes quedarán sometidos al escrutinio popular. Si a los ciudadanos no nos vence el desencanto, podremos ver si realmente todos están dispuestos a asumir los roles que determinó la voluntad popular en las elecciones, o si —de nuevo— terminan siendo comparsas de sí mismos. 

En efecto, ayer inició funciones la LXIII Legislatura local en medio de un clima particular por la constatación de que, igual que en las dos legislaturas anteriores, en ésta el signo distintivo vuelve a ser la pluralidad. En los últimos seis años, los oaxaqueños constatamos que si esa pluralidad tuvo efectos, éstos fueron los de la simulación y la incapacidad en el ejercicio de la política.


Simulación, porque prácticamente todos los integrantes de las fracciones parlamentarias terminaron ceñidos a intereses y no a planteamientos congruentes y razonados; e incapacidad en el ejercicio de la política, porque también quedó claro que cuando no había intereses comunes en las negociaciones, los legisladores fueron totalmente incapaces de transigir para construir consensos. De hecho, si hubiera que denominar con un solo adjetivo a cada una de las dos Legislaturas del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la LXI recibiría el adjetivo de la simulación; y la LXII el de la incapacidad —total— para el ejercicio demostrable de la política.


Por eso la LXIII Legislatura tiene el reto de ubicar su propio espacio, ante la tentación de caer en los mismos vicios de sus antecesoras. Tiene la particularidad de que ahora no interactuará con un gobierno de coalición, sino con un Gobernador que pretende asumirse como un Ejecutivo fuerte, acompañado de un partido sometido —a cuyos diputados quizá tenga primero que disciplinar—, pero con un Congreso determinado por un sentido de pluralidad que puede ser desafiante y hasta preocupante, si es que esa pluralidad supera las posibilidades de la simulación. Por eso, los diputados de esta Legislatura que inicia, tienen el reto de no terminar siendo arlequines del poder, ya del Ejecutivo, ya de su propia parcela de influencia en la Legislatura.


La posibilidad es formidable: en los últimos seis años, los integrantes de las fracciones parlamentarias simularon acciones en contra de Gabino Cué, pero siempre actuaron a la conveniencia del Ejecutivo. Ahora tienen de nuevo la posibilidad de fungir como contrapeso al poder del Gobernador, pero también enfrentan la tentación de plegarse al poder, para sacarle conveniencia a no ser un estorbo para los planes del gobierno entrante. Esa disyuntiva es la que comenzará a dibujarse apenas comiencen a verse las acciones a tomar las fracciones parlamentarias.

SIGNOS DETERMINANTES

En la LXIII Legislatura, el PRI tiene 16 legisladores, frente a ocho del PRD y Morena, respectivamente, y dos fracciones minoritarias del PAN y PT. Esta composición abre un abanico de posibles alianzas que, como único denominador común, tienen la característica de uniones políticamente incontenibles. Primero, el PRI tiene mayoría aunque insuficiente para hacer cualquier cosa por sí mismo en el Congreso. No tiene los votos para aprobar leyes ordinarias (necesita 22 votos) y mucho menos para realizar reformas a la Constitución (es necesaria la suma de 28 votos); algo similar ocurre con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, y por eso la urgencia de la reforma de último minuto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como acto final de la Legislatura saliente: con la legislación anterior, el PRI tenía la posibilidad de encabezar la Junta pero entregar la Mesa Directiva —órgano de gobierno de la Legislatura cuando actúa en Pleno— a alguna de las fuerzas de izquierda para diversos actos de gran relevancia respecto a la unción del Ejecutivo. ¿Qué hicieron? Modificaron la ley para privilegiar el consenso en la titularidad de los órganos de gobierno legislativo, y bordear con ello la prelación que se los impedía. Ahora lo que sigue es que el PRI trabe una coalición de facto con alguna de las fuerzas de izquierda (PRD o Morena) para poder sacar adelante cualquiera de sus proyectos legislativos o de gobierno para Alejandro Murat.
¿Una coalición fáctica PRI-Morena soportaría algún intento de explicación o justificación racional? Difícilmente. Lo harían, más bien, como una forma de privilegiar la praxis y el pragmatismo en el ejercicio del poder, que como una forma de cumplir con un programa conjunto o con coincidencias políticas. De hecho, salvo la fracción del PT, ninguno de los grupos parlamentarios ha hecho público el contenido de su agenda política o de trabajo para los dos años siguientes.


¿Y LA OPOSICIÓN?
Desechando las ideas que asocian a la oposición con la terquedad, habrá que ir descubriendo qué partido en realidad se asume como la contraparte de quienes están aliados a favor del poder. Básicamente, toda la izquierda tiene ante sí la oportunidad, pero ahora sólo hace falta que la tomen. ¿Cuál sería la oposición más eficaz? No la que pare incontestablemente al Ejecutivo, sino la que logre incidir en los temas de la discusión pública, y que logre que sus propuestas legislativas permeen en el aluvión de necesidades que el Ejecutivo le pida aprobar al Congreso para cumplir con su plan de gobierno. Veremos quién de ellos (PRD, PT, Morena) tiene la determinación y la estatura para conseguirlo.

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