+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El gobierno de Oaxaca debe clarificar qué va a negociar con la Sección 22

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ReformaEduc

+ Error de comunicación, dejar al garete margen de especulación con plazas


El 2 de diciembre pasado el gobierno de Oaxaca, la SEP, y la Sección 22 del SNTE pactaron la regularización de alrededor de tres mil 600 plazas docentes. Ese fue el acuerdo más importante que ha firmado el Estado mexicano —los gobiernos estatal y federal son parte de él— con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero pareciera que de entonces a la fecha a nadie le ha quedado claro qué es lo que se sigue dialogando con la Sección 22 y cuáles son los derroteros concretos de la aparente nueva relación del gobierno estatal con el magisterio.

En efecto, hace algunos días medios nacionales publicaron información en el sentido de que la administración estatal habría pactado con la Sección 22 y con la CNTE, la entrega de alrededor de 700 nuevas plazas de trabajo a normalistas recién egresados. La nota distintiva de la información radicaba en señalar que dicha entrega se hacía por un compromiso político y no a través de los mecanismos de evaluación y competencias establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Junto a eso, se recuperó el contenido del acuerdo del 2 de diciembre, en el que, según las versiones difundidas, el gobierno estatal habría también pactado con la Coordinadora la entrega de esa cantidad de plazas docentes al margen de las disposiciones de la reforma educativa.

Parece que, en todo esto, el gobierno de Oaxaca ha tenido un problema importante a la hora de transmitir el sentido y la finalidad de los acuerdos alcanzados con la Sección 22 —cabeza de playa de la Coordinadora en el país—, y que tiene también un problema grave para comunicar las razones por las que está instalando sendas mesas de trabajo con el magisterio oaxaqueño.

Por un lado, son evidentes los fallos gubernamentales en sus estrategias de socialización —a todos los niveles— de las razones que ha tenido para emprender esta peligrosa tarea de negociar con el magisterio; pero por el otro, es también un hecho que no parecen estar considerando en su magnitud real el alto nivel de desconfianza —por los negros y ventajosos antecedentes de la Coordinadora, al negociar con el gobierno— que tiene la Sección 22 frente a la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, ni el gobierno estatal ni el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca han sido lo suficientemente eficaces para comunicar correctamente que el famoso primer acuerdo del 2 de diciembre entre la administración estatal y la Sección 22, no era para entregar nuevas plazas laborales sino para reconocer al personal que ya se encontraba trabajando, pero que por alguna causa su situación laboral era irregular.

En esa lógica, ni el gobierno estatal ni la SEP tuvieron el cuidado de puntualizarle a la ciudadanía, a la opinión pública, y a las voces más influyentes en la discusión de los temas educativos, que la finalidad del acuerdo no estaba en el incremento de la burocracia sino en un acto tardío de reconocimiento de miles de personas que, por la razón que fuera, se corroboró física y documentalmente que ya laboraban en el sector educativo sin el reconocimiento respectivo.

Eso dejó un primer espacio abierto a la especulación que, lamentablemente, nadie se ha preocupado por atajar. Han descuidado, en general, aquella vieja máxima de que todo espacio de silencio o incertidumbre en la comunicación de un hecho relevante, es ocupado por la especulación o por la información intencionada —y, la mayoría de las veces, por información malintencionada—. Y eso en nada ayuda a la legitimación de dichas decisiones.

¿QUÉ NEGOCIAR?

Otro de los frentes que están en el descuido, es el del contenido de las mesas de trabajo entre el gobierno y la Coordinadora. Los espacios de silencio han sido también determinantes a partir de una razón ampliamente comprensible: cada que una administración ha intentado negociar con la Coordinadora, ésta ha tomado ventaja para aprovecharse del contexto de la negociación y obtener ventajas desmedidas a cambio de nada.

Fue un primer aliciente el intento de que dichas negociaciones fueran abiertas y públicas. Sin embargo, fue clara la resistencia de la Sección 22 a esa apertura, y eso se ha reflejado en el hecho de que los encuentros verdaderamente importantes han sido a puerta cerrada y con la decisión conjunta, del gobierno y el magisterio, de suministrar muy pocos elementos a la opinión pública para conocer los detalles y las características de dichas mesas de negociación.

En esa lógica, son claros los temores que tiene la gente: desde hace años, la primera parte de todos los pliegos de exigencias —que no de demandas— de la Sección 22 es ocupado por planteamientos de orden político. Éstos van desde temas ideológicos hasta la exigencia de que se abroguen leyes, se reforme la Constitución, se desaplique o se derogue la reforma educativa, se destituya a servidores públicos o se decrete la libertad de personas que están siendo procesadas, y que se encuentran en prisión, por la comisión de delitos como el de secuestro.

A eso le tiene mucho recelo la ciudadanía: a que dichas mesas de negociación sirvan para que la Sección 22 presione al gobierno al cumplimiento de esas demandas, y que éste —porque así ha sido en el pasado, desde hace décadas— termine pactando con la Coordinadora a espaldas de la ciudadanía, temas tan sensibles como la liberación de un grupo de integrantes de la Sección 22 a los que se les responsabiliza del secuestro de dos menores de una familia conocida de la capital oaxaqueña, pero a los que la Coordinadora considera como “presos políticos y de conciencia” del gobierno federal, y por tanto exige su liberación incondicional.

Lamentablemente, ese recelo generalizado, está fundado en la realidad y en los propios antecedentes de las relaciones entre el gobierno y la Sección 22. Y por esa misma razón, los espacios de silencio y especulación que deja la administración estatal alrededor de qué temas se están negociando en las mesas de trabajo con la Coordinadora, permiten que se alimente el morbo y las versiones intencionadas sobre el contenido de las negociaciones.

Esta situación, al final, no debe convertirse en el signo distintivo de la nueva relación del gobierno de Oaxaca con la Sección 22 y con la Coordinadora. Es muy lamentable que por haber dejado esos espacios descuidados hoy el común sean las interrogantes —en la prensa local, y en la de la Ciudad de México— sobre qué se está negociando, qué es lo que potencialmente puede acordarse, y qué temas siguen vedados de las mesas de trabajo porque el gobierno no puede ya ceder a presiones políticas relacionadas con temas como la asignación discrecional de plazas docentes.

El problema es que hasta ahora no hay señales ni decisiones claras para impedir que eso termine ocurriendo. Y de ser así, entonces los espacios vacíos le ganarán la batalla de las percepciones al gobierno estatal que, independientemente de lo que termine negociando y consiguiendo en su relación con la Coordinadora, será perseguido por el cuestionamiento y la duda de lo que habría acordado discrecionalmente a cambio de conseguir cordialidad o el trabajo pacífico —¡vaya paradojas!— por parte del magisterio.

AJENOS A TODO

Curioso, pero en estos tiempos en los que se intenta exacerbar el sentimiento patriótico y de unidad, nadie desde las trincheras políticas en Oaxaca ha buscado hacer algo. Nadie: ni el gobierno o su partido; ni las fuerzas opositoras, ni el empresariado y tampoco la sociedad civil. Parece que a nadie le importa que Oaxaca funciona en gran medida por el dinero de las remesas, o que haya pueblos enteros de oaxaqueños en los Estados Unidos. Nadie. Sólo silencio. Algo que resulta algo sospechoso y muy desalentador.

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