+ ASF refleja el tamaño del problema que tiene el país con la corrupción
En tiempos de crisis, los gobiernos pueden optar por medidas populistas o decisiones de fondo para enfrentar los problemas. México enfrenta varios problemas económicos graves, y ante esa complicada situación los tres ámbitos de gobierno deberían reconocer dónde están los verdaderos problemas y dejar de plantear soluciones absurdas y demagógicas que no sólo no contribuyen a combatir los males de fondo, sino que los esconden y los disimulan tras medidas que en realidad son intrascendentes. Eso debería quedarle claro a todos los que tienen funciones administrativas —y que según también tienen “compromiso con la ciudadanía”— en Oaxaca, y en nuestro país.
En efecto, el país enfrenta un problema económico muy grave que se deriva de varias circunstancias. El problema es que, frente a ello, políticos y partidos intentan ofrecer soluciones de solidaridad que en realidad no hacen sino alimentar las posturas demagógicas.
¿De qué hablamos? De que, en un primer término, el país está en el umbral de severos problemas financieros y presupuestales; y de que, frente a ello, nada en México ha pasado de ofrecer soluciones sólo aparentes como las de la llamada “austeridad” y la reducción de salarios que, en realidad, acaso podría ser un acto de solidaridad con los que ganan menos, pero que en realidad no contribuye a evitar de fondo la crisis que se avecina.
Y es que resulta que México está en el umbral de una crisis porque, a pesar de las promesas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal no ha podido reducir de forma importante el gasto público, ni tampoco le ha entrado a fondo al combate a la corrupción, y mucho menos ha conseguido relanzar la producción petrolera en México. Ese es un coctel que ya de por sí era explosivo, y que tendrá todavía más agravantes cuando se desacelere el consumo y la economía interna del país derivado de la crisis comercial que podría ocurrir a partir de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Así, si México enfrenta ya un problema por tener un gasto público obeso, fuentes de financiamiento disminuidas derivado de la caída en la producción del petróleo y sus bajos precios internacionales, y una potencialmente menor capacidad de recaudación producto de que la gente comenzaría a dejar de gastar, el problema se vuelve doblemente complejo cuando además se comprueba que el dinero que se tiene no sólo no se está gastando bien, sino que las fugas de dinero continúan abiertas.
No obstante, hasta hoy la solución que el gobierno federal, y algunos gobiernos estatales le han ofrecido a la ciudadanía, han radicado justamente en algunas medidas de austeridad, que en los últimos dos meses las hemos visto desfilar a lo largo y ancho del país. Desde el Instituto Nacional Electoral, que decidió devolver los mil millones que tenía destinados para su nueva sede, hasta los ayuntamientos —como el de Oaxaca de Juárez— que, según para ahorrar, han anunciado que dejarán de ofrecer telefonía, vales de gasolina y otras prestaciones a algunos de sus empleados, hemos visto que en realidad frente a un problema de grandes proporciones sólo han ofrecido soluciones aparentes, demagógicas y poco provechosas.
GASTO DESCONTROLADO
A principios de 2016, el gobierno federal anunció un recorte presupuestal de alrededor de 120 mil millones de pesos. Casi un año después —o sea, en meses recientes— decidió dejar de subsidiar los combustibles por considerar que eso significaba una sangría para las arcas públicas, y que mantener la política de precios controlados de la gasolina y el diesel implicaría tener que aplicar nuevos recortes por alrededor de 200 mil millones de pesos a los programas sociales y al gasto tanto del gobierno federal como de las entidades federativas.
A la par de ello, comenzaron a surgir las medidas de austeridad antes citadas que, para efectos prácticos, no queda claro cuál es su utilidad real, qué tanto han generado ahorros a las arcas federales, y en qué medida han contribuido a aliviar las presiones fiscales que hoy imponen las circunstancias. Sea como sea, queda claro que aún haciendo los cálculos, esas reducciones salariales y de gastos de representación no representan el nivel de ahorros que verdaderamente el gobierno federal debía de tener, para considerar que están contribuyendo a la despresurización del presupuesto y, al contrario, muy probablemente estarían generando problemas de fomento a la corrupción.
En ese sentido, es clarísimo que la verdadera sangría al gasto federal está en la corrupción y no en el argumento demagógico de los salarios. Ayer, por ejemplo, al entregar la Cuenta Pública 2015, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que el órgano de fiscalización federal realizó observaciones o posibles daño al erario público, sólo en lo que corresponde a ese año, por aproximadamente 165 mil millones de pesos en el gasto del gobierno Federal y los estados y municipios.
Asimismo, Juan Manuel Portal detalló que aproximadamente detectaron hasta este momento 100 mil millones de pesos en erogaciones con irregularidades del Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos, y 65 mil millones de pesos en el gasto federalizado que utilizaron las entidades de los estados. Y puntualizó que para 2015, el monto observado a las entidades federativas se integra por 33 mil 449 millones de pesos derivados de subejercicios; y 31 mil 745 millones de pesos que se refieren a violaciones normativas en las que se presume un daño al erario público Federal.
Además, dijo, “en el sector central, en el Poder Ejecutivo, digamos que estamos hablando de cerca de 100 mil millones de pesos, pero están sujetas a este proceso de aclaración, justificación, etcétera, pueden acabar en observaciones, en pliegos o en ambos casos o en denuncias de hechos”, y dijo que lo más grave que encontraron fueron la persistencia o subsistencia de desviaciones o irregularidades en obras públicas, es decir, sin licitaciones, fallas en la planeación, falta de proyectos ejecutivos, desviaciones durante la ejecución de recursos oportunos y falta de licitaciones en algunos casos y mala calidad, incumplimiento de plazos.
¿Qué significa todo esto? Que, básicamente, el gasto mal ejecutado por parte de la federación y los estados, es mayor a todos los supuestos esfuerzos que ha hecho el gobierno federal por “apretarse el cinturón” y por implementar medidas de austeridad para supuestamente disminuir el gasto.
En ese marco, el gobierno se ha negado a reconocer que mientras pague peores salarios a sus funcionarios, éstos estarán más tentados a incurrir en actos de corrupción. Por eso, no sólo parece una estratagema, sino un juego perverso, el tratar de hacer creer a la ciudadanía que se contribuye a paliar los efectos de la crisis inminente reduciendo los salarios, cuando ésta es una medida que significa silenciosamente una invitación abierta a la comisión de aún más actos de corrupción.
GASTAR CORRECTAMENTE
Por eso en Oaxaca seguimos esperando los pronunciamientos no sólo sobre el gasto público, sino también contra la corrupción. ¿Qué medidas tomará el gobierno estatal para gastar mejor, para dejar de sub ejercer recursos federales, y para tener la certeza —frente a la ciudadanía, y frente a ellos mismos— de que gasta correctamente en el tiempo y la forma que señala la ley? ¿Cuáles son sus planes respecto a la corrupción pasada, presente y futura? Para el gobierno, el silencio está dejando de ser una opción: tienen que dejar en claro cuanto antes si podemos esperar algo de ellos.
