+ No lograron frenar a la S-22, pero ésta sí demostró su organización
Si México enfrenta un problema multidimensional de impunidad, el caso Nochixtlán bien podría ser un ejemplo de ello. Ha pasado un año desde el enfrentamiento entre maestros de la Sección 22 e integrantes de organizaciones sociales, en contra de elementos de las policías Estatal y Federal, en el paso de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan por aquella población, y lo único que prevalece son interrogantes, manipulación e impunidad. Es cierto que ése bien puede ser, para el Estado, uno de los más graves ejemplos de uso desproporcionado de la fuerza en los últimos años; pero también debe verse que la impunidad que prevalece, tiene también como pivote la voluntad de las organizaciones sociales que tomaron el control del asunto, porque nada de esto se resuelva.
En efecto, el enfrentamiento del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, no puede hoy entenderse sin el contexto de la pugna que entonces ocurría entre la Sección 22 del SNTE, en su calidad de cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y los gobiernos estatal y federal que entonces caminaban coordinadamente en los intentos de desmembramiento de la dirigencia magisterial oaxaqueña.
Desde inicios de 2016, el gobierno federal inició procedimientos judiciales en contra de varios dirigentes, y al llegar las manifestaciones del mes de mayo la situación era ya compleja para la Sección 22, que contaba ya a varios de los integrantes de su Comité Ejecutivo en prisión, y que vivía el enorme riesgo de que también fueran aprehendidos sus dos dirigentes principales. Eran momentos cruciales en los que, o el gobierno lograba su objetivo de desmembrar a la Sección 22, o ésta lograba imponerse para hacer revirar al gobierno en ese, que había sido su intento más agresivo de que se tuviera memoria.
Pues resulta que si hacemos un recuento cronológico de cómo se desenvolvió la crisis que derivó en los hechos del 19 de junio, tendríamos que partir del 15 de mayo, como fecha del inicio de las movilizaciones que llegaron a su clímax en Nochixtlán. En aquella ocasión, la Sección 22 del SNTE decretó un paro indefinido de labores que, estratégicamente, desde su inicio radicó siempre en un bien esquematizado calendario de pequeños actos de hostigamiento. Un día cerraron el Palacio de Gobierno; al día siguiente cerraban carreteras; un día después iban a bloquear centros comerciales; y otros, iban a plantarse afuera de las oficinas de las delegaciones del gobierno federal en la capital de Oaxaca. Así, nunca hicieron dos veces seguidas la misma movilización.
En aquel momento, las exigencias eran más bien abstractas: pedían diálogo con el gobierno federal para “revisar” la reforma educativa; pedían diálogo con el gobierno de Oaxaca para definir “la situación del IEEPO”. Eran cuestiones tan imprecisas, que en sí mismas atajaban cualquier posibilidad de interlocución y les permitían continuar con su calendario de actividades, esencialmente porque el gobierno no tenía puntos concretos en dónde fijar la Litis de la negociación con el magisterio, y entonces como no había exigencias concretas, tampoco había una materia exacta de lo que se iba, o se podía, negociar.
¿A dónde querían llegar? Para responder esta pregunta, hay que considerar varias cuestiones: primera, que en junio —el día cinco— había jornada electoral; segundo, que lo que se renovaba era la gubernatura del Estado; tercero, que se cumplía el primer decenio —el 14 de junio— del desalojo que desató la crisis popular de 2006; cuarto, que desde un año antes había una renuncia total del Estado federal, y del gobierno oaxaqueño, a dialogar con ellos. Por todo eso, en esta ocasión la Sección 22 buscaría tener una presencia fuerte en sus ya conocidas protestas anuales.
Esos eran los puntos de su agenda. Y ya siendo razones suficientes para agotar su calendario de acciones de protesta, el gobierno les “regaló” la causa del encarcelamiento de sus dos líderes más visibles (Rubén Núñez, y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización de la Sección 22), cuestiones que ocurrieron entre el 12 y el 13 de junio pasado. A Villalobos lo detuvieron en Salina Cruz, y unas horas después aprehendieron a Núñez a bordo de un taxi, en la Ciudad de México.
UNA CRISIS ANUNCIADA
Esto los hizo virar de los pequeños actos de hostigamiento a las acciones multitudinarias. El gobierno federal quizá supuso que con sus dos líderes en prisión, había golpeado a la Coordinadora en su línea de flotación: craso error suponer que la CNTE —un movimiento de casi cuarenta años de existencia, siempre en resistencia al Estado— fuera tan ingenua como para entregarle realmente el liderazgo a esos dos dirigentes visibles. Por eso, con una capacidad sorprendente, la Sección 22 se reagrupó y en menos de 24 horas emprendió acciones de protesta, ya no en la capital oaxaqueña, sino en el escarpado interior del Estado.
Ahí quedó claro que el magisterio sí había aprendido de sus errores: sus anteriores protestas —todavía las del año pasado, cuando intentó boicotear las elecciones federales y fue disuadida rápidamente por elementos federales que arribaron previo a la jornada electoral para restablecer el orden— las centró en la capital y fue derrotada incluso sin violencia. Por eso ahora dispersaron sus acciones en al menos cuatro de las ocho regiones del Estado.
Con eficiencia y disciplina, instalaron bloqueos en la región del Istmo: en Zanatepec —en los límites con Chiapas—; Ciudad Ixtepec, Juchitán y Salina Cruz; en la mixteca, instalaron un bloqueo total en el cruce de la carretera federal y la súper carretera (ambas comunican a Oaxaca con la Ciudad de México); también instalaron bloqueos en la Costa y en la Sierra Sur de Oaxaca.
¿Qué buscaban? Primero, encapsular a la capital de Oaxaca frente al posible arribo terrestre de fuerzas federales, como ocurrió el año pasado; y segundo, presionar al gobierno federal a través del bloqueo a instalaciones estratégicas (la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, que se encuentra en Salina Cruz, es la más grande del país) para orillar al Estado o a la fuerza, o al diálogo.
El resultado fue funesto para todos: ocho muertos, casi 200 heridos, y un profundo encono derivado lo mismo de la manipulación magisterial que de la brutalidad policiaca, luego documentada ampliamente por quienes no quisieron quedarse con la versión oficial que decía que todos los elementos policiacos que participaron iban desarmados.
Frente a esto, no ha habido justicia porque en realidad la sola voluntad manifestada por el gobierno estatal y federal no fue suficiente para esclarecer los hechos y castigar todos los delitos cometidos en la refriega; pero también porque a lo largo de este año, las organizaciones y los grupos de defensa de derechos humanos que se involucraron, además del magisterio, han hecho todo para bloquear los temas más sustantivos como la reparación integral a las víctimas del enfrentamiento, o la realización de investigaciones integrales para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió aquel domingo funesto.
IMPUNIDAD
Por eso, lejos de abonar al deslinde efectivo de responsabilidades, la participación de instancias como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en actividades que tienen más propagandismo que intención de abonar a la verdad sobre Nochixtlán en el contexto del primer aniversario del enfrentamiento, sólo alimenta los enredos y el clima de enrarecimiento y división que ha impedido conocer exactamente qué fue lo que pasó en Nochixtlán, quiénes —desde el gobierno y desde las organizaciones— tuvieron alguna responsabilidad (y paguen por ello). Lejos de eso, Arturo Peimbert ha sido el mayor promotor del encono y la subsistencia del conflicto, y es —junto con el Estado— el principal responsable de que, un año después, no haya justicia para las víctimas.
