Impulsa Poder Judicial del Estado la actualización en oralidad mercantil

Magistrados y jueces participaron en un curso de capacitación impartido por el juez Lorenzo René Díaz Manjarrez

La aplicación de la oralidad en materia mercantil responde a  las  exigencias  de una sociedad ávida de una justicia pronta, expedita, completa e imparcial, afirmó el juez del Poder Judicial del Estado de México,  Lorenzo René Díaz Manjarrez, quien resaltó la importancia de que los profesionales del derecho fortalezcan  sus conocimientos en ésta materia y estén a la vanguardia.

Indicó que el 25 de enero de éste año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles.

En entrevista, quien se desempeña como Juez tercero mercantil de primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, explicó que el objetivo de dichas reformas es simplificar los procedimientos, así como desincentivar el incumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles, permitiendo el acceso a un procedimiento mucho más expedito.

Los beneficios del juicio oral mercantil se resumen en que el juez intervendrá en la audiencia, las cuales serán más sencillas, con menos formalidades que en el sistema actual, las sentencias se dictarán con mayor celeridad porque los asuntos ya no quedarán a voluntad del interesado, lo cual generará mayor economía a los juzgados, pues no tendrán expedientes detenidos en espera del impulso procesal y como las audiencias serán públicas, habrá mayor transparencia en la impartición de justicia, resaltó.

En la sala de audiencias del Juzgado Especializado en material Oral Mercantil, que funciona en el edificio de los juzgados del Centro ubicado en el barrio del exmarquesado, el Juez Lorenzo René Díaz Manjarrez  impartió un curso de actualización en Juicios Orales Mercantiles dirigido a magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado involucrados en la materia.

Ello, con el objetivo de que los juzgadores puedan identificar los problemas y errores frecuentes en el juicio en materia civil, familiar y mercantil, así como determinar su resolución; fortalecer la práctica judicial, generar decisiones fundadas y motivas con base en el análisis de casos y fenómenos concretos.