¿Cómo garantizará el Congreso que los integrantes del nuevo OSFEO, de verdad sean los más aptos?

La semana pasada la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior emitió la convocatoria para elegir a los nuevos integrantes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO). La emisión de dicho documento implica un reto muy importante para la Legislatura del Estado, porque es ésta quien tendrá la responsabilidad de corregir los vacíos e insuficiencias que presenta la propia convocatoria, para lograr el aparente objetivo de nombrar a las personas más capaces y preparadas —y no compromisos políticos— para encabezar esas responsabilidades.

En efecto, luego de un receso generado por los sismos de las últimas semanas, el pasado 27 de septiembre se publicó la Convocatoria Pública para elegir al Titular y Tres Sub Auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. Dicha Convocatoria es una consecuencia de la reforma a la Constitución local que la LXIII Legislatura aprobó mediante Decreto número 695, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 21 de septiembre pasado.

De dicho documento, no deja de llamar la atención que entre los requisitos que se supone que deben acreditar cada uno de los aspirantes a dichos cargos, aquellos referidos a la capacidad profesional y de especialización que requiere cumplir para  ser el Titular y Sub Auditores del nuevo Órgano, en realidad —como lo advertimos en otros momentos en esta columna— la convocatoria resulta insuficiente y corta respecto a las necesidades que debieran cubrir los aspirantes tanto a la titularidad del OSFEO, como para quienes desean fungir como sub auditores.

¿De qué hablamos? De que en la Base Primera de la convocatoria, denominada “De los requisitos para aspirar al cargo de Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca”, y en la Base Segunda, denominada “De los requisitos para aspirar a los cargos de Sub Auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca” se establecen como requisitos a cumplir: “Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización, del gasto púbico, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, administración pública, financiera, o manejo de recursos”.

En esa lógica, resulta que sí se exige cumplir con una serie de conocimientos relacionados con el manejo de recursos públicos, pero también resulta que los aspirantes no necesitan tener experiencia en todas esas materias, sino que basta acreditarla solo en una para calificar, al menos, en este requisito. Esta inconsistencia resulta por demás grave, ya que con esa laxitud en el establecimiento de los requisitos, muchas personas pueden “calificar” para el cargo sin que necesariamente sea un experto en todos los temas que requiere de especialización el personal encargado de la fiscalización.

Así, por ejemplo, una persona que no necesariamente sea experta en fiscalización, sí puede tener experiencia de cinco años en el manejo de recursos públicos, pues cualquiera que haya fungido en un área administrativa con enfoque financiero lo cumplirá, pero pueden tener nula experiencia en las materias de auditoría gubernamental, de control interno o de evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, siendo éstas por demás trascendentes en el ejercicio de la responsabilidad que tendrían que desempeñar al ocupar dichos cargos, pero sobre todo, por tratarse del objetivo primordial del nuevo Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

MÁS INCONSISTENCIAS

Otra cuestión relevante, surge del hecho de que, al efectuar la reforma a la Constitución local, en el último párrafo del artículo 65 bis, se establecen los requisitos para ser Auditor. Dice la Constitución: “Para ser Auditor se requiere contar con experiencia de cinco años en materia de control fiscalización, auditoria gubernamental y de responsabilidades…”. De este modo, queda claro que la Constitución exige que se cumplan todos esos parámetros, y no sólo uno o algunos de ellos, para poder ocupar el cargo de Titular del OSFEO, y resulta también cuestionable que la convocatoria no prevea ningún requisito que cumplir o que tiene que se deba acreditar en materia de responsabilidades de los servidores públicos, una omisión que incluso es inconstitucional.

De hecho, en este espacio nos referimos al tema el pasado 14 de septiembre cuando apuntamos que, técnicamente, “el Auditor Superior del Estado, o el Titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, debería ser un verdadero experto en los temas que estaría destinado a conocer. En el ideal, debería existir un examen de oposición o de conocimientos, como un parámetro mínimo para que cualquier aspirante pudiera legitimarse en sus aspiraciones de convertirse en el titular del órgano fiscalizador, y luego demostrarlo a través de otros mecanismos técnicos. Así lo decía la antigua Ley de Fiscalización —que está en proceso de liquidación— y muy seguramente así lo dirá la nueva ley que se emita al respecto.”

Por esa razón —dijimos— resulta importante lo que decidan los diputados, más allá de la coyuntura política. El nuevo auditor debería ser a todas luces un experto en fiscalización, pero además un conocedor de los temas de control, auditoría y los demás rubros que establece ya la Constitución como prerrequisitos para aspirar a la titularidad del nuevo órgano. Ese debería ser uno de los puntos más finos de la actual discusión, y seguramente será uno de los temas por los que pasen los diputados, además de la autonomía y la independencia del poder público que cada uno de ellos demostrara. De no ser así, entonces se estaría en repetición del pasado. ¿De nuevo querrían un auditor a modo? Ahí sí habría un enorme, y brutal, costo político —anticipamos en aquella entrega—.

RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA

En el momento actual, aún es imposible decir que se repetirá la historia del Auditor saliente. Por eso decimos que hoy, a pesar de la laxitud de la convocatoria, los diputados oaxaqueños deben conducirse con la mayor responsabilidad para elegir a las mejores personas para esas responsabilidades. Ojalá no defrauden a Oaxaca ponderando los criterios políticos sobre los requerimientos técnicos que exige la propia Constitución para esos cargos.