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Resulta irónico que hoy que el proceso electoral se encuentra en el umbral de la definición de las candidaturas presidenciales, haya quienes se digan alarmados por la inaccesibilidad material de las candidaturas independientes. En este nuevo triunfo de la partidocracia, queda claro que será muy difícil, primero, que uno de los registrados como aspirantes a una candidatura independiente, logre acreditar el apoyo ciudadano; y segundo, que habiendo conseguido lo primero, pueda competir equitativamente con los candidatos presidenciales de los partidos políticos. Esto revela el espejismo de la ciudadanización del sector público que, en realidad, se extiende a otros ámbitos.
En efecto, de acuerdo con la legislación electoral actual —en la que fue anotado como un triunfo de la ciudadanía, el reconocimiento a las candidaturas independientes— cada uno de los aspirantes a una candidatura ciudadana debe acreditar alrededor de 980 mil firmas de personas inscritas en el padrón electoral, en por lo menos 17 entidades federativas. Quien logre tal hazaña, luego tendrá que hacer una campaña proselitista con recursos económicos provenientes del fondo público para la democracia meramente testimoniales, y por ende tendrá que hacerlo o a través de la caridad ciudadana, del apoyo de poderes fácticos, o del respaldo de organizaciones criminales —que luego buscarán cobrar sus dividendos en impunidad, corrupción o canonjías. No habrá más.
¿Cuál es el resultado? Que desde ahora se puede prever que de los cuarenta ciudadanos a los que el Instituto Nacional Electoral les reconoció la calidad de aspirantes a una candidatura independiente —por haber cubierto los requisitos iniciales para conseguir tal cuestión— sólo quienes estén verdaderamente aventajados política, social o económicamente podrán conseguirlo. Y que, aún, entre ellos habrá luego una depuración relacionada con su capacidad para financiar u organizar una campaña, o de poder abarcar las 32 entidades federativas con su labor proselitista.
Esto revela lo que ya es por casi todos conocido, pero paradójicamente poco reconocido: que en realidad, las candidaturas independientes fueron establecidas como una forma en la que la clase política mexicana decidió maquillarse de democrática e inclusiva, aunque en realidad no tenía ninguna intención de romper el esquema de los partidos, bajo el cual ellos tienen el monopolio del acceso al poder público. Fue, pues, la forma de cumplir con un requisito democrático, con una sentencia internacional, y con una exigencia social, pero sólo en las apariencias.
En los hechos, el régimen de partidos —que bien pudiera ser hoy denominado como “régimen de partidos hegemónicos”— nunca perdió la noción de cómo protegerse del escrutinio ciudadano y de la competencia basada en condiciones equitativas. Por eso, a los candidatos ciudadanos no sólo les estableció requisitos importantes de apoyo ciudadano comprobado —eso hasta parece no sólo aceptable sino necesario—, sino que sobre todo los marginó del presupuesto público para la financiación de sus campañas, una vez habiendo obtenido la candidatura en cuestión.
De hecho, el único escenario en el que podría haber cierta “equidad” entre los candidatos emanados de un partido político y quienes intentan surgir de las trincheras ciudadanas, es el que se planteó luego de los sismos del mes de septiembre pasado —y que a pesar de su estruendo y respaldo ciudadano, se está diluyendo rápidamente— relativo a que los partidos entregaran el total de su presupuesto para la reconstrucción de las ciudades afectadas por los sismos, y que entonces los candidatos de los partidos se vieran obligados a buscar el financiamiento privado.
Esta última situación no ocurrirá, como tampoco pasará que se les abra la llave del financiamiento a los independientes. Y en un ambiente electoral en el que el común denominador son las carretadas de dinero público, privado e ilegal para comprar votos y conciencias, queda claro que los independientes no tendrán cabida. No será así porque a pesar de sus esfuerzos carecen de tiempos en radio y televisión; carecen de plataformas de clientelismo electoral; carecen de financiamiento público y, seguramente, también carecerán de la legitimidad suficiente —cuestión que el propio régimen de partidos se encargará de minar— como para ir en contra del pesado dique de la partidocracia mexicana.
LA FARSA
Esto no es extensivo a las candidaturas presidenciales independientes. En realidad, uno de los conceptos más pretenciosos de los últimos tiempos ha sido el de la ciudadanización de los cargos públicos, y de los que son electos por la vía de la voluntad popular. Pues por todos lados se aduce lo anterior, y hasta se utiliza frecuentemente como un eslogan de campaña o como una forma de presentarse ante los ciudadanos, aunque en realidad es muy poco lo que se procura, desde el sector público y desde los partidos, para llevarlo a la realidad.
Ejemplos sobran. En el ámbito nacional, por ejemplo, algunas facciones políticas intentaron denodadamente derrocar al ahora ex procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade. Lo lograron a partir del cuestionamiento sistemático a su cercanía con el grupo que gobierna en el ámbito federal, y finalmente luego de varios años de cuestionamientos frontales —muy pocas veces a sus cualidades como jurista, y casi siempre por temas personales, familiares y por el grupo político del que emanó, desde que lo intentaron promover como Ministro de la Suprema Corte, y luego cuando finalmente lo llevaron a la PGR— lograron removerlo a tal nivel, que aseguran que Cervantes no volverá ni a su escaño como Senador.
El triunfo, en realidad, no tendría que radicar en que Cervantes se fue de la PGR porque era cercano al grupo gobernante, o que no será un aspirante a la primera integración de la Fiscalía General de la República y que tampoco será el beneficiario del llamado “pase automático”: el triunfo en realidad radicaría —y quién sabe si se consiga— en establecer que será un perfil verdaderamente ciudadano —y por ende, apartidista— quien ocupe esa posición. Es muy probable que no ocurra, porque la ciudadanización le aterra no sólo a la clase gobernante, sino a la clase política en general que espera cualquier cosa, menos perder el control del estado de cosas en el que se sigue excediendo. Es tan fácil, pero tan complejo, como eso.
CIUDADANIZACIÓN FALLIDA
En Oaxaca eso lo vemos con los mecanismos de democracia directa. ¿Recordamos cuán inaccesibles son? La mejor muestra de todo, la tenemos aquí, en casa. Abundaremos.
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