Indispensable, poner fin a la impunidad —y las complicidades— con las organizaciones gremiales

Fue una muestra importante de determinación, tanto del gobierno estatal como de la Fiscalía General del Estado, la de sostenerse en la aprehensión del Secretario de Finanzas de la Confederación de Trabajadores de México en Oaxaca, a pesar de la virulenta reacción desplegada por sus agremiados para lograr su liberación. Fue una jornada indeseable para los habitantes de la capital, que sin embargo esperaban —esperábamos— que se mantuviera la postura institucional de no ceder ante los chantajes de grupos de presión como ese. Ahora será necesario que esa postura se constate no sólo en las acciones relacionadas con la justicia, sino también en los procesos electorales.

En efecto, la noche del lunes la Fiscalía General informó que había detenido a Marco Sánchez, Secretario de Finanzas de esa gremial, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja. Lo anterior, informó la institución encargada de la procuración de justicia en la entidad, en atención a los hechos suscitados el día 13 de junio del año 2013, cuando el ahora detenido efectuó disparos de arma de fuego desde un vehículo de motor, privando de la vida a cinco personas en la población de San Pedro Totolapan.

Derivado de los hechos, informó la Fiscalía General, se integró una averiguación previa, misma que fue consignada a un juez de lo penal, quien obsequió la orden de aprehensión del ahora procesado. Marco Sánchez fue detenido en inmediaciones del Fraccionamiento El Rosario, donde ocurrió una balacera entre los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y las personas que custodiaban al ahora detenido. Además del presunto homicida, ayer se informó que los ocho escoltas que lo custodiaban fueron también aprehendidos por esos hechos.

La respuesta de la CTM intentó ser contundente: desde la misma noche del lunes agremiados de diversos sectores de esa agrupación —motaxistas, taxistas, transportistas de materiales y de pasajeros—, iniciaron una serie de bloqueos en los accesos a la capital, y en algunas arterias viales que son vitales para las actividades de los habitantes de la capital.

Dichos bloqueos se mantuvieron durante toda la mañana de ayer, mientras corrían dos incertidumbres: la primera, de qué tanto se dejaría presionar el Fiscal General del Estado frente a la orden judicial que había ejecutado; y segundo, si alguien —y sobre todo, quién— estaría negociando por parte de la CTM con alguna de las instancias del gobierno estatal encargadas de la gobernabilidad, para tratar de distender las acciones de presión que habían desplegado.

Todo se mantuvo en incertidumbre hasta que después del mediodía de ayer, se estableció que los detenidos habrían sido trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, por tener también vínculos con actividades ilícitas del orden federal. Sin que quedara exactamente clara la razón —ni siquiera si hubo o no negociación—, alrededor de las 16 horas la CTM decidió levantar unilateralmente los bloqueos, mientras circulaban diversas versiones relacionadas con posibles acciones para despejar las vialidades de los bloqueos, que finalmente no ocurrieron.

DESHACER LAS ALIANZAS

Cuando en junio pasado explotó el problema entre los integrantes del Frente Popular 14 de Junio y los habitantes de la agencia Vicente Guerrero, en inmediaciones de la Villa de Zaachila, también se acusó de la existencia de algunas alianzas que habrían estimulado la sensación de impunidad entre algunas organizaciones. Se decía que las huestes del dirigente Francisco Martínez Sánchez estaban abusando de los espacios en donde tenían influencia, como consecuencia de las alianzas que se decía que habían trabado con el grupo gobernante.

No obstante, el propio desarrollo de las acciones de procuración de justicia y de seguridad pública, fueron dando pauta de que el espacio de impunidad que suponían los del Frente Popular 14 de Junio que tenían, no era tal. De hecho, el ofrecimiento hecho por la Fiscalía General del Estado de una recompensa a quien diera detalles para la localización del llamado Don Panchito y su hijo, dirigentes visibles del Frente Popular 14 de Junio, y la expulsión definitiva de los grupos contra los que se habían enfrentado los habitantes de la Agencia Vicente Guerrero, y de la Colonia Guillermo González Guardado, dieron la pauta definitiva de que, si había existido una alianza de cualquier tipo, ésta había quedado saldada ante la intolerancia del gobierno a sostener espacios de impunidad para las organizaciones sociales.

Todo eso, lamentablemente, se había convertido en una constante. En los últimos años ha sido común que los agremiados en organizaciones de transportistas, materialistas y prestadores del servicio de pasajeros, diriman sus diferencias de forma violenta. Ocurrió, por ejemplo, cuando hace cinco años transportistas de materiales pétreos se liaron a balazos cuando se realizaba la construcción de una tienda departamental en los rumbos de Plaza del Valle; esas conductas se han repetido, incluso con las correspondientes cifras de muertos y heridos, en diversas ocasiones. Así, junto a ese común denominador, había sido también cotidiana la ausencia total de autoridad.

Por eso, en estos tiempos de una segunda transición de partidos en el gobierno estatal, era indispensable que se estableciera claramente su relación con organizaciones sociales y populares como las que a lo largo del año han reaccionado violentamente, pero han sido parados hasta entonces. Pues a lo largo de los últimos lustros, ha sido común que en los tiempos de campaña, los liderazgos partidistas intentan colonizar a organizaciones caracterizadas por su violencia e irracionalidad, como el Sindicato Libertad, los sectores de la CROC que emergieron desde la prácticamente extinta Confederación Nacional de la Productividad, el Frente Popular Revolucionario y la organización 14 de Junio, que en los últimos años aglutinó a sectores emergentes como el mototaxismo y los tianguistas, entre otros, que tienen hoy amplia presencia en la capital y sus municipios conurbados.

Muchos de ellos siguen suponiendo que pueden tener márgenes de impunidad. Pero es ahora tarea del gobierno estatal, y de las instituciones de procuración e impartición de justicia, demostrar que tienen voluntad para enfrentar de fondo este flagelo que tanto daño le ha hecho a los oaxaqueños.

APOLOGISTAS

No debiera ser admisible que haya quien diga que los de la CTM le dieron una lección a la Sección 22 de cómo organizar bloqueos. Esas expresiones, implican rasgos de admiración ominosa, que no debieran ser lanzadas con facilidad por los mismos que en el fondo somos blanco de los actos de chantaje de unos y otros.