¿Alguna vez tendremos una democracia deliberativa —auténtica— en nuestra democracia?

Quién sabe qué sea peor de los poderes legislativos en México: si el egoísmo y la incapacidad para la construcción de consensos que refleja el Congreso federal, o las evidentes muestras de disciplina y sumisión ante los gobernantes, que ocurre en la gran mayoría de los congresos de las entidades federativas. En ambos casos, existe una notable ausencia de la democracia deliberativa, que debiera ser la piedra angular de los poderes, pero que es la gran ausente como fórmula de fondo para el abordaje de los problemas del Estado.

En efecto, no es necesario ser experto ni analista para comprobar que al menos en México la democracia difícilmente pasa por la deliberación de los órganos de representación popular. En el ámbito federal, existe una enorme inclinación por la concreción de los intereses partidistas, incluso por encima de lo que necesita el país o de lo que se espera de la democracia. En las dos cámaras legislativas federales hay una marcada tendencia al dominio de las élites, y el sometimiento de la verdadera voluntad popular expresada en los legisladores que llegaron a sus curules —en el caso de la cámara baja— o escaños —en lo que toca al Senado— por la vía de la mayoría relativa.

¿De qué hablamos? De que si bien en sí misma no es nociva la existencia de los legisladores electos por la vía de la representación proporcional, en realidad las élites políticas y los partidos han convertido esos espacios en el reflejo de la dominación a favor de los intereses de grupo, por encima de la democracia. Los diputados y senadores que llegan por la vía de la representación proporcional, difícilmente demuestran estar comprometidos con las causas y las exigencias de la ciudadanía, primero porque no hacen campaña; y segundo, porque además le deben su posición a las élites que los postulan como espacios de privilegio, para delegar en ellos el mando y la protección de los intereses del grupo.

Por esa razón, en el escenario federal, difícilmente los espacios de decisión son ocupados por legisladores que emanan directamente de la voluntad popular, entendida ésta como el método de elección por mayoría relativa. Más bien, en la mayoría de los casos, los espacios de coordinación de bancada, y de integración de los órganos de gobierno de las cámaras federales —la Mesa Directiva y, sobre todo, la Junta de Coordinación Política— son ocupados por la representación legislativa de esas élites; cuando no ocurre así, los representantes enviados son testimoniales —como en el caso de la bancada perredista, con Francisco Martínez Neri a la cabeza— porque en realidad las decisiones se toman en las cúpulas y sólo se traducen y legitiman por la coordinación visible que no es sino un instrumento de esas élites.

Empero, en la mayoría de los casos lo que ocurre es un abierto esquema de control por parte de las élites, y el desdeño a quienes son electos por la vía de la mayoría relativa. ¿Qué ocurre entonces? Que quienes pudieran tener un pulso más sensible de lo que la ciudadanía espera de su congreso, son desconsiderados por las élites. Y eso provoca la inhibición de cualquier forma de debate que, si llegara a darse, es únicamente en los espacios internos pero no donde debería ocurrir, que es en el foro legislativo, de cara a la ciudadanía, y en el espacio destinado para ello.

No ocurre porque la democracia deliberativa no logra cumplirse a cabalidad, y porque no se estimula la existencia plena de elementos de debate, discusión y argumentación libre de ideas, que permitan al Congreso —entendido éste como una asamblea que delibera— llegar a conclusiones favorables para la colectividad y legitimadas por ésta, a través del diálogo y la confrontación de posiciones políticas o ideológicas.

DIÁLOGO INHIBIDO

Una de las bases para la existencia de la democracia deliberativa en un Congreso, se encuentra en el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. Otra de sus bases es que éstas tengan la posibilidad de generar un debate o una confrontación de ideas para que a través de eso se construyan las soluciones que demanda la ciudadanía a sus representantes populares.

El problema es que si en el ámbito federal no ocurre eso, porque las élites terminan dominando a las bases populares y entonces centralizan las decisiones en los intereses del grupo político, que no necesariamente son los mismos de la gente que milita, simpatiza o vota por los candidatos de ese partido.

Y en el caso de las entidades federativas, queda claro que el fenómeno más común se centra en el hecho de que los congresos se convierten en meros legitimadores y procesadores de las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo. Esa es una de las mayores asignaturas que aún no se resuelven en México a pesar de las dos alternancias de partidos en el poder federal, porque en todo eso ha habido una marcada tendencia a dejar libre el poder de los Gobernadores —lo cual, necesariamente termina impactando en el manejo discrecional de recursos— y su consiguiente búsqueda de control de todos los poderes.

Por eso no resulta nada raro que en las entidades federativas también se inhiban los más importantes principios de la democracia deliberativa, pero en esos espacios porque más bien se dedican a simular sobre los temas que no son relevantes, y a disimular su actuación en temas que verdaderamente debieran ameritar un ejercicio pleno de democracia deliberativa para llegar a las decisiones más consensadas y —sobre todo— benéficas para la ciudadanía.

Lamentablemente esta no ha sido una constante y más bien lo que vemos es la repetición de las conductas y las maniobras para evadir el cumplimiento de la democracia deliberativa, y únicamente aparentar que se toman decisiones democráticas cuando lo cierto es que todo está supeditado a lo que quiere y le interesa al Titular del Poder Ejecutivo, que es quien termina ejerciendo meta constitucionalmente los poderes y las facultades más importantes gracias a su excesivo poder y a la proclividad del Legislativo a someterse a cambio de prebendas para sus integrantes.

EJEMPLOS

¿Que cómo se refleja lo que aquí apuntamos, en el ámbito federal? Lo vemos en temas tan mezquinamente regateados como la postergación indefinida de la creación de la Fiscalía General, o la convalidación silenciosa de la destitución del Fiscal Electoral; y en el ámbito local, por citar un caso de muchos, en la designación de los nuevos encargados del órgano de fiscalización. Botones claros de muestra del doble ayuno de democracia deliberativa que priva en nuestro país.