+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

México, en serios problemas de credibilidad, por la recurrencia de la práctica de la tortura

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Ante la comunidad internacional, México tiene serios problemas en algunos rubros relacionados con el respeto a los derechos humanos, pero de entre todos esos problemas destaca el relacionado con la falta de certeza en las investigaciones y el desahogo de los procesos judiciales, y el relacionado con la persistencia de la práctica de la tortura como forma de obtención de declaraciones e información de las personas que son detenidas o que están sujetas a un proceso penal. Existen varios choques previos entre organismos internacionales y el gobierno mexicano. Y hoy somos testigos de un nuevo desencuentro, que por un lado revela la resistencia nacional al reconocimiento de ese mal; pero que por el otro, deja ver la intención de que México reconozca una jurisdicción internacional para la investigación de delitos.

En efecto, desde hace por lo menos tres años existen desencuentros muy claros entre organismos internacionales de derechos humanos, y el gobierno mexicano a causa de diversos temas. Uno de ellos, fue el relacionado con la investigación que inició el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para llevar a cabo diversos peritajes relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en los traumáticos hechos de Iguala, Guerrero, en el mes de septiembre de 2014.

De hecho, en marzo de 2016 el GIEI entregó su informe final sobre los hechos indagados, en el que más que resultados y sugerencias a la investigación, lo que hubo fue un claro intento por cuestionar los resultados de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Insistieron, por ejemplo, en que se continuara la línea de investigación del llamado “quinto autobús”, o que se esclareciera por qué el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, estuvo en el sitio donde se encontraron restos óseos de los normalistas, un día antes de la fecha en que se consigna la primera diligencia en ese sitio, dentro del expediente ministerial.

Ese fue, de hecho, el último intento que parece haber hecho el GIEI para abonar al descrédito de la investigación. En ese marco, pareciera que sus conclusiones y sus recomendaciones a la investigación, no eran tan relevantes como el hecho de demostrar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estaba llevando a cabo una investigación deficiente, y que por tanto había que evidenciarla, descalificarla y, en general, exhibir al gobierno mexicano como encubridor de los verdaderos asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego, sobre ese mismo asunto, vino otra investigación, ahora por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Anteayer, el gobierno de México acusó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, que el informe sobre violaciones a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, presentado en marzo por el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, carece de “mérito, rigor metodológico y sustento jurídico”. Además de que sus conclusiones “fueron prematuras” y advirtió que “podrían afectar el resultado” de los casos relativos a la tortura a detenidos.

En el documento titulado Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, publicado el 15 de marzo pasado, Jan Jarab aseguró que 34 de las 129 personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas, fueron torturadas por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, Marina y de la Policía Federal.

A ello, la Procuraduría General de la República, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores respondieron mediante un comunicado conjunto que de acuerdo con los dictámenes en 26 casos no hay evidencia de tortura; dos resultaron con tortura física, pero no sicológica; cuatro personas no aceptaron la aplicación del protocolo de Estambul; y uno está pendiente de emisión.

SIN CREDIBILIDAD

El problema que enfrenta el gobierno de México, es que nadie cree ya en sus argumentos de defensa. Luego del señalamiento relacionado con la investigación llevada a cabo en México por Jan Jarab, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó ayer la validez de “la metodología y los hallazgos” del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.

El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que habían fuertes indicios que hacen pensar que “al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y detenidas arbitrariamente. Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”, señalaba la ONU.

En ese sentido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que su actuación se ciñe al mandato establecido en el acuerdo firmado en 2002 con el Estado mexicano, por el que creó una oficina para este país. Pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe “con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, brindar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de estos trágicos eventos”, e instó a México a concluir las investigaciones “dentro de un plazo razonable” y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura.

En este sentido, la ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que “hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable” de esas graves violaciones de los derechos humanos. Según la agencia EFE, la versión oficial del Gobierno mexicano sostiene que en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

PRESIONES

Al final, lo que parece es que nuevamente las presiones internacionales se ciñen sobre nuestro país buscando no sólo respuestas, sino estableciendo un marco de presiones para que al final se logre el reconocimiento de una jurisdicción internacional para la investigación de delitos. Un guiño sobre eso ya ocurrió luego de la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal del Altiplano; y el tema se ha remarcado cada que se habla de la rampante corrupción que permea en todos los niveles del gobierno mexicano, y la resistencia oficial para que se investiguen este tipo de hechos. en el fondo, la tortura es un tema tan recurrente, que por eso mismo pudiera ser la puerta de entrada para el reconocimiento de un órgano internacional que funja como Ministerio Público.

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