Ante la comunidad internacional, México tiene serios problemas en algunos rubros relacionados con el respeto a los derechos humanos, pero de entre todos esos problemas destaca el relacionado con la falta de certeza en las investigaciones y el desahogo de los procesos judiciales, y el relacionado con la persistencia de la práctica de la tortura como forma de obtención de declaraciones e información de las personas que son detenidas o que están sujetas a un proceso penal. Existen varios choques previos entre organismos internacionales y el gobierno mexicano. Y hoy somos testigos de un nuevo desencuentro, que por un lado revela la resistencia nacional al reconocimiento de ese mal; pero que por el otro, deja ver la intención de que México reconozca una jurisdicción internacional para la investigación de delitos.
En efecto, desde hace por lo menos tres años existen desencuentros muy claros entre organismos internacionales de derechos humanos, y el gobierno mexicano a causa de diversos temas. Uno de ellos, fue el relacionado con la investigación que inició el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para llevar a cabo diversos peritajes relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en los traumáticos hechos de Iguala, Guerrero, en el mes de septiembre de 2014.
De hecho, en marzo de 2016 el GIEI entregó su informe final sobre los hechos indagados, en el que más que resultados y sugerencias a la investigación, lo que hubo fue un claro intento por cuestionar los resultados de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Insistieron, por ejemplo, en que se continuara la línea de investigación del llamado “quinto autobús”, o que se esclareciera por qué el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, estuvo en el sitio donde se encontraron restos óseos de los normalistas, un día antes de la fecha en que se consigna la primera diligencia en ese sitio, dentro del expediente ministerial.
Ese fue, de hecho, el último intento que parece haber hecho el GIEI para abonar al descrédito de la investigación. En ese marco, pareciera que sus conclusiones y sus recomendaciones a la investigación, no eran tan relevantes como el hecho de demostrar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estaba llevando a cabo una investigación deficiente, y que por tanto había que evidenciarla, descalificarla y, en general, exhibir al gobierno mexicano como encubridor de los verdaderos asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Luego, sobre ese mismo asunto, vino otra investigación, ahora por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Anteayer, el gobierno de México acusó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, que el informe sobre violaciones a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, presentado en marzo por el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, carece de “mérito, rigor metodológico y sustento jurídico”. Además de que sus conclusiones “fueron prematuras” y advirtió que “podrían afectar el resultado” de los casos relativos a la tortura a detenidos.
En el documento titulado Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, publicado el 15 de marzo pasado, Jan Jarab aseguró que 34 de las 129 personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas, fueron torturadas por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, Marina y de la Policía Federal.
A ello, la Procuraduría General de la República, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores respondieron mediante un comunicado conjunto que de acuerdo con los dictámenes en 26 casos no hay evidencia de tortura; dos resultaron con tortura física, pero no sicológica; cuatro personas no aceptaron la aplicación del protocolo de Estambul; y uno está pendiente de emisión.
SIN CREDIBILIDAD
El problema que enfrenta el gobierno de México, es que nadie cree ya en sus argumentos de defensa. Luego del señalamiento relacionado con la investigación llevada a cabo en México por Jan Jarab, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó ayer la validez de “la metodología y los hallazgos” del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.
El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que habían fuertes indicios que hacen pensar que “al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y detenidas arbitrariamente. Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”, señalaba la ONU.
En ese sentido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que su actuación se ciñe al mandato establecido en el acuerdo firmado en 2002 con el Estado mexicano, por el que creó una oficina para este país. Pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe “con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, brindar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de estos trágicos eventos”, e instó a México a concluir las investigaciones “dentro de un plazo razonable” y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura.
En este sentido, la ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que “hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable” de esas graves violaciones de los derechos humanos. Según la agencia EFE, la versión oficial del Gobierno mexicano sostiene que en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
PRESIONES
Al final, lo que parece es que nuevamente las presiones internacionales se ciñen sobre nuestro país buscando no sólo respuestas, sino estableciendo un marco de presiones para que al final se logre el reconocimiento de una jurisdicción internacional para la investigación de delitos. Un guiño sobre eso ya ocurrió luego de la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal del Altiplano; y el tema se ha remarcado cada que se habla de la rampante corrupción que permea en todos los niveles del gobierno mexicano, y la resistencia oficial para que se investiguen este tipo de hechos. en el fondo, la tortura es un tema tan recurrente, que por eso mismo pudiera ser la puerta de entrada para el reconocimiento de un órgano internacional que funja como Ministerio Público.
